La destitución de Lugo muestra que parlamentarismo y presidencialismo pueden converger en sus prácticas.
Carlos Menem decía estar proscripto porque la Constitución no le permitía la rerreelección. Cristina Kirchner afirma que en Paraguay hubo golpe de Estado porque el presidente fue removido mediante juicio político. La principal diferencia entre ambos presidentes está en las patillas, porque la lógica de su argumentación legal es la misma: ninguna.
Como consecuencia de una masacre entre policías y campesinos, Fernando Lugo realizó un cambio inconsulto de gabinete y le otorgó un ministerio a la oposición. La decisión hostilizó a los aliados pero no conquistó a los contrarios. Entonces el Congreso, por acuerdo entre ambos grupos, resolvió actuar. La Carta Magna exige el apoyo de dos tercios de cada cámara para remover al presidente por mal desempeño de sus funciones. La acusación contra Lugo recogió 76 votos contra 1 (uno) en la Cámara de Diputados, y la condena se definió por 39 contra 4 en la de Senadores. Lugo aceptó el resultado y la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad del proceso.
Este caso ilumina un patrón: el de la inestabilidad de los presidentes sin apoyo partidario, cuyo antecedente más visible es Collor de Melo. Los sucesores, tanto de Lugo como de Collor, gozaron de legitimidad constitucional y electoral, ya que llegaron al cargo con los mismos votos que los presidentes a los que acompañaron en la boleta. Pero lo que en la Constitución paraguaya constituye un juicio político, en Unasur se denomina ruptura del orden democrático y en Europa se llamaría parlamentarismo: una moción de censura que conduce a un cambio de gobierno. La alianza que llevó a Lugo al poder se construyó sobre dos pilares: el aparato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el liderazgo carismático del ex sacerdote. El PLRA aportó el piso de votos, los fiscales, el dinero para la campaña y la mayoría de los candidatos, mientras Lugo contribuyó con el plus de votos que, alcanzando el 40%, le otorgaron la presidencia.
Pero el jefe de Estado jugó a dividir al partido aliado, subrepresentándolo en el gabinete y negociando medidas puntuales con líderes del Partido Colorado, el principal de la oposición. La ruptura de la coalición y la falta de construcción alternativa terminaron en la remoción presidencial. El cuestionamiento al juicio político por parte del cartel de presidentes sudamericanos se basa en la duración del proceso, con poco tiempo para la defensa. Pero las diferencias con Honduras, la comparación más citada, son abismales: en Paraguay no hubo intervención de las Fuerzas Armadas ni deportación del presidente.
Lugo corrió la misma suerte que Aníbal Ibarra: si por un lado los tiempos fueron más rápidos que en Buenos Aires, por el otro no hubo amenazas a los legisladores ni compra de votos. “Y a Jorge Telerman no lo llamaron dictador”, comenta con una sonrisa un colega paraguayo pese a no simpatizar con Federico Franco. Estos sucesos encarnan un fenómeno que el politólogo Aníbal Pérez-Liñán denominó “nueva inestabilidad presidencial”: a diferencia del pasado, el presidente cae pero la democracia no. La interrupción del mandato es procesada constitucionalmente y la sucesión se realiza mediante reglas preestablecidas.
Mariana Llanos y Leiv Marsteintredet mostraron que las caídas presidenciales están relacionadas con conflictos con el Congreso, constituyendo una parlamentarización de hecho del presidencialismo: el jefe del Ejecutivo es elegido por un período fijo, pero una pugna con el otro órgano democráticamente electo puede flexibilizar su duración. Como en Europa, el gobernante que pierde la mayoría legislativa pierde también el poder. A partir de ahora, los presidentes de América Latina se debatirán entre dos moralejas. Unos inferirán que no se puede realizar una transformación social sin llevarse puestas a las instituciones, como hicieron Chávez y Correa.
Otros concluirán que lo imposible es gobernar sin partidos, como entendieron Lula y Mujica, armando coaliciones cuando son necesarias, como en los sistemas parlamentarios. Fernando Lugo optó por quedarse en el medio, justo por donde pasan los camiones. Quizás sea esa metáfora, y no el parlamentarismo, la que horroriza al gobierno argentino.
(De la edición impresa)
