(Columna de Lorena Zapata, periodista parlamentaria)
¿Qué fuerza tienen los jefes distritales para torcer el brazo del Ejecutivo a través de los legisladores de sus provincias en el Congreso Nacional?
Primero la ciudad de Buenos Aires. Luego, la provincia. Y también Córdoba, Santa Fe y Misiones levantaron la voz en las últimas semanas, con distinta intensidad, para denunciar que los números de sus cajas jubilatorias están al rojo vivo, que no reciben los giros correspondientes de la Casa Rosada para pagar los sueldos y aguinaldos, que sufren trabas a sus importaciones y necesitan ayuda para evitar despidos y suspensiones en empresas emblemáticas. ¿Pero qué fuerza real tienen, más allá de las declamaciones, para torcer el brazo del Ejecutivo a través de sus representantes en el Congreso Nacional? Y, por sobre el simple número, ¿qué tan leal se prueban los ocupantes de esas bancas legislativas a los gobernadores de sus provincias?
TROPA PROPIA
De todos los ejecutivos distritales, es el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sin duda, quien tiene en representación la mayor cantidad de diputados propios: 8 en total, y 3 por Buenos Aires, conformando así un bloque que le responde políticamente de manera directa. Tanto es así que los macristas, para palear los problemas de caja, presentaron un proyecto de ley para eliminar el techo de $ 650 millones que le corresponde al distrito bonaerense por el Fondo del Conurbano e incluir a la metrópolis en el reparto del impuesto a las Ganancias, del que hasta ahora fue excluida. A pesar de ser la fuerza política predominante de la Capital, no cuenta con ninguno de los tres senadores del distrito.
“Es importante que los legisladores tengan una relación fluida con los gobernantes de sus distritos para trabajar por los mismo intereses y porque el único que puede imponer orden en el Congreso es el Gobierno Nacional dado que maneja el 75% de los recursos”, aseguró Federico Pinedo, jefe del bloque del PRO en Diputados y sugirió que “a los gobernadores sólo les queda acordar acciones conjuntas”. Sin embargo, la preponderancia del PRO es ínfima ante el poderío del bloque K que recientemente no sólo coló en agenda y aprobó la ley que ratificó la transferencia a la ciudad de las líneas de subterráneos y el Premetro, sino que ya avanza en la quita de los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales al Banco Ciudad para transferirlos al Banco Nación.
La misma suerte corren los otros dos gobernadores opositores: Claudio Poggi, de San Luis y Antonio Bonfatti, de Santa Fe. El alfil de los Rodríguez Saá suma a sus filas la totalidad de los diputados puntanos ?los 5 que integran el Frente Peronista?, mientras que, de las 3 bancas del Senado, cuenta con las adhesiones de Liliana Negre de Alonso y del propio Adolfo Rodríguez Saá. El socialista, por su parte, mantiene en sus filas sólo a 4 de los 19 diputados de su provincia ?Juan Carlos Zabalza, jefe del bloque del PS; la ex ministra de Educación santafesina Elida Rasino; el federado Omar Barchetta y la vicepresidenta tercera de Diputados, Alicia Ciciliani? y un senador, Rubén Giustiniani, quien advirtió en la última sesión del Senado que “el manejo discrecional de fondos coparticipables por parte del Ejecutivo es como meterle la mano en el bolsillo a los diferentes distritos”. Eco del reclamo por $ 1.300 millones que, horas antes, había formulado su gobernador en concepto de deudas previsionales.
NI PROPIOS NI AJENOS
El reclamo de Bonfatti no es el único de este tipo. Ya el gobernador cordobés José Manuel De la Sota lo enarbolaba desde hace tiempo y llegó a presentarlo ante la Corte Suprema de Justicia por un pasivo de $ 1.040 millones. Desde el Congreso, el delasotista Francisco Fortuna se lo exigió a Juan Manuel Abal Medina durante su rendición de cuentas en la Cámara Baja. “Gracias al Programa de Desendeudamiento, Córdoba dejó de abonar $ 1.770 millones”, le respondió el jefe de Gabinete.
“Los problemas de caja ya no dependen siquiera de los legisladores. Son decisiones políticas que tiene que dar el oficialismo nacional. Los ejecutivos provinciales hacen lo que pueden; nuestro país ha dejado de ser federal hace muchos años”, opinó ante el estadista la agrodiputada Estela Garnero. Ella y Fortuna son los únicos dos representantes del PJ cordobés en el recinto y el tino ahora está puesto en sumar al reclamo a los legisladores cordobeses opositores a los K. Para ello, el titular de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Osvaldo Giordano, presentó en la Legislatura provincial los números que justifican la demanda a la Nación. De la oposición, participaron el senador Luis Juez, del Frente Cívico y el diputado Oscar Aguad, de la UCR, quienes aseguraron que el reclamo es legítimo.
Estrategia semejante es la que aplica por estos días el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien, ante la falta de legisladores propios en el Congreso, tiende lazos con los diputados y senadores del peronismo disidente. Es que en medio del conflicto con la Rosada por el giro de los fondos para pagar sueldos y aguinaldos, el bonaerense sólo cosechó críticas de sus pares del FPV, mientras que un sector del opositor Frente Peronista amagó con crear un bloque exclusivo de diputados alineados con Scioli que sumaría al ex candidato a gobernador Francisco De Narváez, al mendocino Enrique Thomas y los bonaerenses Graciela Camaño y Carlos Brown. Habrá que ver si el mandatario provincial, en caso de fractura con la Casa Rosada, se decide a poner en práctica este plan.
OFICIALISMO CONCENTRADO
Los bloques oficialistas gozan aún de buena salud y no traslucen hasta ahora fisuras importantes, aunque sí una creciente preocupación de legisladores kirchneristas ante el reclamo de sus gobernadores por trabas a las importaciones y despidos y suspensiones en empresas emblemáticas. Tal es el caso de Misiones: 7 de sus 8 bancas en Diputados y las 3 del Senado están en manos del FPV provincial y sus principales referentes legislativos canalizan directamente las demandas. Gracias al planteamiento conjunto de los diputados Alex Ziegler y Oscar Redczuk, y la senadora Sandra Giménez, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, autorizó el ingreso de productos que necesitaba la fábrica de zapatillas Dass para continuar operando. Ante la próspera gestión, el gobernador Maurice Closs pidió a sus legisladores insistir sobre la desproporción en la coparticipación para con la provincia.
Santiago del Estero es una de las pocas provincias que “mantienen una clara estabilidad económica y financiera”, según palabras de su propio gobernador, el radical K Gerardo Zamora, y tiene también en línea a sus legisladores nacionales. El oficialista Frente Cívico tiene en el Congreso 10 bancas ?las 3 del Senado y 7 en Diputados?, conformando un sólido bloque provincial, que es un fiel aliado del FPV y de Zamora. Relación y fidelidad por parte de los legisladores que muchos gobernadores envidian.
(De la edición impresa)
