(Columna del politólogo Gustavo González, especialista en sistemas electorales)
La ciudadanía debe presionar para incorporar este reclamo, insólitamente postergado, en la agenda pública pues los legisladores bonaerenses difícilmente lo hagan
Durante las dos primeras décadas de la recuperación de la democracia en la Argentina, el tema central en las jornadas de ciencia política y de derecho era la permanencia y la consolidación de la democracia. Casi toda la teoría y la propia praxis estaban destinadas a preservar la estabilidad democrática, habida cuenta de que el último presidente que había completado su mandato antes de 1983 fue Juan Domingo Perón en su primera presidencia.
Pasados treinta años de aquella recuperación institucional de 1983 y con la consolidación lograda, se torna imperioso fortalecer la calidad de las instituciones democráticas. Resulta sorprendente para cualquier veedor electoral externo que en la Argentina se continúe votando con el sistema de boletas “sábana” confeccionadas por los partidos políticos. No existe motivo racional ni material alguno que impida efectivizar el sufragio mediante boleta única, excepto que el partido de gobierno sea un beneficiario directo del actual sistema de presentación de boletas.
En la provincia de Buenos Aires hay un total de 11.400.000 electores y cada partido político (por lo menos, los tres partidos políticos con más chances electorales) suele duplicar la impresión en cantidad de boletas, es decir, que cada dos años los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires imprimen un total aproximado de 200 millones de boletas. Esto significa un gasto descomunal para los partidos, para el Estado y un negocio para pocos.
Por supuesto, para los partidos menores este gasto actúa como elemento a evaluar en la presentación de listas. La mayor cantidad de esas boletas terminan apiladas o quemadas en locales partidarios o, en el mejor de los casos, van a una planta recicladora. Sólo el 5% de las boletas impresas terminan depositadas en las urnas siendo votos efectivos. Si se implementara la boleta única, el 100% de las impresas terminarían en la urna porque se hace una por elector. Es decir que, en términos económicos y ecológicos, la boleta única representa una inversión mucho menor.
En términos políticos, el día de la elección en la provincia de Buenos Aires está muy lejos de tener una óptima calidad democrática. Al abrir las mesas de votación, un tercio de los partidos políticos no tienen presencia en los cuartos oscuros porque sus boletas no llegan al presidente de mesa, es decir, que la autoridad de la mesa de votación inicia el proceso electoral con una menor cantidad de boletas. Y a pocas horas de empezar a votar (en particular en el conurbano bonaerense) la mitad de las boletas de los partidos políticos menores “desaparecen” de los centros de votación. Téngase presente que cada partido político debe disponer de 40.000 fiscales de mesa y una logística especial para poder garantizar la limpieza electoral en toda la provincia. Con la boleta única no se necesitaría tanta presión en la fiscalización, ya que la otorga el presidente de mesa y está garantizada la posibilidad de ser votado para todos los partidos políticos. Es decir, todos los partidos políticos se garantizarían tener la posibilidad de ser votados en todas las jornadas electorales.
Un tercer factor a tener en cuenta es que el recuento de votos se realiza de manera más práctica y sencilla en un sistema de boleta única. En resumen, si la implementación de la boleta única tiene beneficios en la calidad democrática, reduce los costos, quita presión a los fiscales y simplifica la logística electoral para los partidos políticos.
Sólo resta acotar que el retraso en su implementación es entendible en el marco de los beneficiarios políticos y económicos de este vetusto sistema de votación que se utiliza en la Argentina. Esta cuenta pendiente parece lejana pues depende de los legisladores de la provincia, que en muchos casos se ven beneficiados por este sistema.
Por ello, si parte de la ciudadanía logra incorporar este tema en la agenda pública y ejerce presión a las autoridades, es difícil poder perder en un debate racional, cuando lo que se obtendría de su aplicación sería beneficioso y no se divisa ningún efecto colateral.
