Boudou es también una metáfora de la Argentina del kirchnerismo y de otras administraciones anteriores. La primacía del deseo sobre la ley, del poder sobre el derecho y del sentimiento de impunidad como territorio natural de una política que se consume en frívola banalidad.
Finalmente, en la causa Boudou, el vicepresidente fue procesado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función. El auto de llamado a declaración indagatoria había sido preciso y sólido en relación con los hechos y las sospechas. El fallo que decretó el procesamiento de Boudou ?y de otros indagados- contiene, a lo largo de sus 333 páginas, abundancia probatoria difícilmente rebatible en la instancia del juicio oral. Abrumadora evidencia que recurre a documentación, prueba testimonial y cruce de llamadas telefónicas en momentos clave de la operatoria de la compra de Ciccone Calcográfica. La sentencia llegó poco antes de lo esperado por el Gobierno, pero casi nadie dudaba que el vice iba a ser procesado por el juez Ariel Lijo. Quizá para evitar alguna que otra maniobra, el magistrado apuró la publicidad de la sentencia. Llega ahora el tiempo de las apelaciones de los procesados y la ulterior resolución de los recursos en la Cámara.
El vicepresidente había tenido éxito en provocar el desplazamiento del ex Procurador General, Esteban Righi, del fiscal Carlos Rívolo y del Juez Daniel Rafecas. También sus abogados no perdieron oportunidad de minar el expediente con recursos y nulidades que sirvieran, en algún momento, para evitar que la causa siguiera su curso o bien fuera nulificada. Pero algo distinto ocurrió esta vez en la Justicia: un juez con decisión y valentía avanzó en la investigación presagiando, quizá, el inicio de una nueva época. La política no fue suficiente para neutralizar a la Justicia. Si bien Boudou, desde el principio, no tuvo un fervoroso respaldo de figuras del Gobierno, fue clara la decisión de la Presidenta de no dejarlo caer. Desde el periodismo militante se decía ?y se dice- que se trata de una causa mediática. Tras el procesamiento, impera aún el silencio oficial. Sólo algunas reacciones se han alzado y de poca sustancia. El jefe de Gabinete señaló que no era abogado para hablar sobre el tema, que hay inequidad de trato pues otros miembros de la oposición están también procesados y que, en definitiva, no se trata de un tema de trascendencia institucional. Una defensa fue decir que Mauricio Macri está también procesado, pero no pesa sobre aquél la condena mediática de los “medios concentrados”. Jorge Capitanich no ha escatimado esfuerzos para hacer de la jefatura de Gabinete una institución de menor relieve.
¿Qué quiere decir que nunca un vicepresidente fue procesado? Desde la historia, no existe registro de un procesamiento a un vice. Pero no se trata sólo de una curiosidad histórica, sino de una muestra más de que en las últimas décadas las instituciones han errado en su “función selectiva”, esto es, en designar a los mejores para los cargos institucionales de mayor compromiso y responsabilidad. Cabe recordar que la designación de Boudou fue otro ejercicio de personalismo y unilateralismo de la presidencia de la Nación, sin ninguna mediación institucional. Si el procesamiento del vice es una curiosidad histórica, no menos lo es la enorme distancia que separa a Boudou de figuras tales como Carlos Pellegrini, José Evaristo Uriburu, José Figueroa Alcorta y Victorino de la Plaza, todos vicepresidentes que ejercieron la magistratura presidencial superando momentos comprometidos del pasado institucional.
¿Tiene trascendencia institucional el procesamiento del vicepresidente? Sin duda la tiene. La vicepresidencia es el segundo puesto en el organigrama del poder institucional. El vice es presidente nato del Senado y, fundamentalmente, la figura de reemplazo del primer magistrado, en caso de ocurrir una crisis política-institucional. En el Senado se aprueban los proyectos que luego serán leyes y resulta, al menos paradójico, que su presidente sea sospechado, justamente, por violar legislación penal. Y si por acontecimientos inesperados un vice llega a ocupar definitivamente la presidencia, la principal tarea para superar tiempos difíciles es que el vicepresidente pueda crear una “legitimidad de reemplazo” del mandatario que sucede. Pero, ¿qué legitimidad social puede construir quien está severamente sospechado por delitos de corrupción? Incluso en el propio Gobierno hace tiempo que el respeto no es la actitud prevaleciente respecto del vice. Cabe recordar que durante el tiempo que reemplazó a la presidenta por motivo de su enfermedad, Boudou no apareció como la cabeza del poder. El espacio de las decisiones fue ocupado por otros funcionarios y hasta el ministro Florencio Randazzo aclaró que no conversaba sus decisiones con el vicepresidente a cargo del Ejecutivo. Haga lo que haga Boudou, a esta altura, no será suficiente para restaurar una imagen tremendamente erosionada. No contribuyó tampoco la pública y sobreactuada defensa que hizo de su supuesta inocencia cuando pretendió que las cámaras de televisión transmitieran su declaración indagatoria.
¿Qué ocurrirá ahora? La oposición solicita la licencia del vicepresidente o bien directamente su renuncia. Desde el Gobierno no están dispuestos a sacrificar a su vicepresidente. Es correcto que se es inocente hasta que se pruebe culpabilidad, pero en el caso de Boudou parece que este paso es sólo una cuestión de tiempo. El Gobierno pagará su costo político de cualquier manera. Si el vice no pide licencia o renuncia, el caso seguirá ocupando las páginas de los diarios. La agonía lenta es aquí la situación esperable. Si el vicepresidente renuncia, el Gobierno también acusará el impacto. Como un shock difícil de digerir quedará en la historia que el vicepresidente se alejó del cargo por corrupción. Un sello que se expandirá a lo largo y a lo ancho de la era kirchnerista. El Gobierno no querrá esta salida. Menos aún Boudou, que sabe que alejado del poder caerá sobre él la Justicia, con mayor peso y rapidez. En pocos meses, sería llamado a una indagatoria por una causa por enriquecimiento ilícito y también pesa sobre él otra denuncia por tener un automóvil con papeles falsos.
La oposición ya se ha expedido acerca de la pertinencia del “impeachment”. En el juicio político no hace falta demostrar la comisión de delito, ni tampoco una sentencia condenatoria pues constituye una vía parlamentaria paralela a la justicia. El artículo 53 de la Constitución señala las causales de formación de causa “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes”. El mal desempeño es paraguas suficiente para la fundamentación del “impeachment”, pero no se conseguirán los dos tercios de los miembros presentes para aprobar la formación de causa en la Cámara de Diputados que obra como cámara acusadora y tampoco para la condena que implicaría su destitución, por el Senado. Los escaños del oficialismo pueden proteger, entonces, al vicepresidente. ¿Qué hará la Presidenta? No parece probable que abandone a Boudou a su suerte. Inmolarlo sería, para ella, muestra de debilidad o impotencia. Por el contrario, omnipotencia y prepotencia suelen ser atributos combinados que muy frecuentemente atrapan a ciertos estilos de liderazgo. Quizá existan otras razones -menos relacionadas con su temperamento- para sostenerlo que deberán, en todo caso, ser investigadas por la Justicia.
Boudou es también una metáfora de la Argentina del kirchnerismo y de otras administraciones anteriores. La primacía del deseo sobre la ley, del poder sobre el derecho y del sentimiento de impunidad como territorio natural de una política que se consume en frívola banalidad. ¿Podrá la Justicia revertir, esta vez, su propio ciclo? Un ciclo donde los jueces aparecen poniendo límites al poder cuando una administración se va desvaneciendo. Pero que parece desdibujarse cuando otra presidencia emerge como la salvadora de la patria y reclama para sí todo el poder. La compulsión a la repetición, en la Argentina, está siempre a la vuelta de la esquina y con ello las lecciones de la Historia se olvidan muy fácilmente.
