El Gobierno no protegió al fiscal. Y el Estado, ¿dónde está? El “Estado Espectador” no actúa, mira.
La denuncia de Nisman volvió sobre el memorando con Irán, de hace dos años, desde una perspectiva distinta, la del supuesto encumbrimiento de actos terroristas. Involucró a la presidenta de la Nación, el canciller y figuras vinculadas con el Gobierno. La acusación contra la mandataria ya marcaba una diferencia. El fiscal dijo que tenía las pruebas. ¿Quién ejecutó el disparo que mató a Nisman? Probablemente nunca se sabrá. Pero si vamos conociendo el comportamiento de los actores institucionales frente al caso.
Si fue suicidio, suicidio inducido, asesinato, a esta altura poco importa. Difícil será creer en un suicidio. Además, un homicidio podría planearse y ejecutarse como un aparente suicidio. Lo cierto es que, como señalaron algunos fiscales, la muerte de Nisman está vinculada a su investigación como fiscal. La muerte, un día antes de su presentación ante una comisión del Congreso para ofrecer pruebas, fue un hecho escalofriante y hasta macabro. No hace falta abundar en la cantidad de situaciones extrañas que la rodearon como una custodia que no custodió y que dejó pasar una cantidad de horas inimaginables para comunicar los hechos a sus superiores, los servicios de seguridad del edificio prácticamente ineficientes, el papel confuso del secretario de Seguridad en el lugar del hecho, etcétera.
Es más lo que se desconoce que lo que se sabe, salvo el comportamiento público visible de los actores institucionales y políticos. Cabe recordar que una vez conocida la denuncia, el Gobierno atacó verbalmente al fiscal. Diana Conti dijo que iban a ir a la sesión del Congreso “con los botines de punta”. La versión que emanaban las usinas oficialistas fue que la denuncia era absolutamente endeble, que se la habían escrito a Nisman, que el fiscal había vuelto de su viaje a Europa y cortado abruptamente sus vacaciones porque le habían ordenado presentar la denuncia, que la muerte del fiscal era la culminación de un plan para minar a la Presidenta y un sector de la SIDE estaría interesado directamente en la operación. Apareció entonces la figura del misterioso ex agente Stiuso. Espía que, casi repentinamente, se convirtió en alguien denostado por el Gobierno luego de once años de estrecha colaboración. La cuestión abrió, paralelamente, el tema de quién maneja la inteligencia en el país y las referencias al general Milani se fueron multiplicando. Entre tanto fárrago de críticas y voces altisonantes, se dijo que la denuncia era ridícula, que ningún jurista podría tomarla como seria. No se dijo, en cambio, que la denuncia de un fiscal es el puntapié inicial de una investigación. Su punto de partida. Un fiscal no emite un fallo, pone hechos y pruebas a disposición del juez, que es el que dicta la sentencia.
La Presidenta comentó a través de Facebook sus impresiones de un modo poco apropiado para la situación y como si no tuviera nada que ver con lo que ocurre en el país. No hubo condolencias para la familia. Sólo una actitud gélida. La procuradora Gils Carbó tampoco estuvo a la altura de las circunstancias considerando que se trató de la muerte de uno de sus fiscales. El Ministerio Público Fiscal bajo su comando se ha convertido en un sitio atravesado por distintas fuerzas. El Poder Ejecutivo Nacional hace ya un tiempo y tras el fracaso de su “democratización de la Justicia” reorientó su accionar sobre este poder. El secretario general de la Presidencia ya no puede ser culpado por lo que nunca tuvo, entre otras cosas, educación y respeto. El jefe de Gabinete continúa desplegando un triste papel que ha consumido aceleradamente su capital político. Con cierto histrionismo rompió dos notas de un diario manifestando que se trataba de basura. “Clarín miente”. Al menos esta vez no fue así, en relación con el borrador en el que Nisman pedía la detención de la Presidenta y que fue encontrado en un cesto de basura. Nadie en el Gobierno comprendió la magnitud y gravedad de la muerte del fiscal. Si la Presidenta en lugar de tomar el hecho como una comentarista de las redes sociales se hubiera puesto al frente del reclamo de una investigación seria por parte de la Justicia, no sería hoy foco de tanta critica, sea por acción u omisión.
El caso Nisman es una bisagra política. Ha mostrado una Argentina que causa vergüenza. En un país que ha sufrido dos atentados terroristas de magnitud, como los de la voladura de la Embajada de Israel y la AMIA, la muerte del fiscal Nisman justo cuando iba a presentar pruebas de un caso conexo, es un acto inexplicable y horroroso. El Gobierno no protegió al fiscal. Y el Estado, ¿dónde está? Como se sostuvo en esta columna varias veces, el “Estado Espectador” no actúa, mira. Hace justo un año se señalaba en esta columna: “Se ha llegado al Estado espectador. No está ausente, está presente. Pero como cómodo observador de un espectáculo que le es ajeno. Estado que no se siente responsable de casi nada”.
El caso Nisman también mostró la impotencia de la oposición. Es cierto que en el Congreso los legisladores opositores trataron de amplificar su denuncia, pero también lo es que no contralan casi nada en la estructura federal de Gobierno. ¿Pero cómo pedirles que, por ejemplo, controlen la inteligencia del país en manos del Poder Ejecutivo, si no pueden hacer nada en su propia tarea de legisladores? El oficialismo tiene mayoría y, entonces, dicta leyes sin necesitar al resto del arco político. La degradación de la democracia ha bajado un peldaño más. Hay algo que esta Argentina ya no resiste. Es inconcebible que el que tiene una mayoría ?sea el que fuere? y que siempre es temporal en una democracia gobierne como se le antoja. Y que una persona ?sea presidente o presidenta? actué como el propietario de una estancia. Y que la ciudadanía se ubique en favor o en contra de acuerdo a relatos ideológicos y no recurra a otros parámetros como la legalidad de los actos. No puede ser que la oposición no cuente con recursos institucionales para lograr un mayor control y algo de incidencia en la política pública. Y no puede ser tampoco que sean tan pasivos y displicentes frente a esta carencia. La sociedad completa el panorama de una complacencia sobre la cual ha dado reiteradas muestras a lo largo del tiempo.
Los fiscales han convocado a una marcha para el 18 de febrero con el fin de homenajear al fiscal. La primera vez que se movilizan. Y quizás lo más importante es que esta convocatoria es la primera movilización por la muerte del fiscal. El Gobierno la considera una marcha opositora. “Justicia Legítima” está en contra de la convocatoria y advirtió acerca de un uso político de la misma. Un juez federal ha sido también amenazado. El fiscal Carlos Stornelli señaló que lo ocurrido a Nisman podría volver a repetirse. Demasiadas cuestiones se suman para que una marcha tenga sentido, bajo la consigna del silencio.
