(Columna de Álvaro Herrero)
La tensión entre el Poder Ejecutivo y un sector de la Justicia continuará pues hay varios frentes de batalla abiertos.
La marcha del #18F tuvo un impacto enorme en un sector ya repleto de controversias y tensiones: el Poder Judicial. Por una parte, el Gobierno, en un intento por hacer control de daños frente a la magnitud de la asistencia a la marcha, inmediatamente salió a criticar a los organizadores, especialmente a los fiscales. En tal sentido, la Presidenta de la Nación anunció la aparición pública de un Partido Judicial, que articula sus acciones con los poderes económicos, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo. Sostuvo además la Presidente que se trata de “un súper poder por encima de las instituciones surgidas del voto popular”.
¿Existe un Partido Judicial? La respuesta es no. Hay un grupo de funcionarios judiciales que están en desacuerdo con algunas medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo, pero eso no los convierte en un partido. Como integrantes de uno de los tres poderes del Estado (y un cuasi cuarto poder en el caso de los fiscales), los funcionarios judiciales defienden sus intereses por distintos medios. Nada hay de malo en ello, excepto que se adopte el erróneo credo ?muy difundido en la academia jurídica- de que jueces y fiscales son actores asépticos, aislados del mundo que los rodea, libres de influencias de los demás actores del sistema político y cuya única vía de expresión son sus sentencias. Ocurre que la etiqueta “Partido Judicial” es una excelente manera de dividir aguas y marcar los dos lados de la cancha, como siempre suele hacer este Gobierno. De un lado los buenos, del otro los malos.
Por analogía, utilizando la línea argumental de la Presidentade la Nación podríamos afirmar que no hay un partido sino dos ya que hay otro grupo de funcionarios más cercano a las políticas de Justicia del Gobierno: Justicia Legítima. Ellos también se expresan, reclaman, y manifiestan su apoyo al Poder Ejecutivo. Sin embargo, tampoco es un partido político. El surgimiento de Justicia Legítima ha sido para muchos un cuasi apocalipsis. Desde mi perspectiva, el surgimiento de grupos antagónicos dentro de la Justicia, nuevos gremios, nuevas voces, no está nada mal en el contexto de una estructura de representación del Poder Judicial muy anquilosada y resistente a los cambios. Miremos más allá de nuestro ombligo y de nuestro tiempo, a largo plazo la contradicción de posiciones acarreará cambios positivos.
Cabe aclarar que muchos de los convocantes a la marcha no son el prototipo ideal de funcionario judicial. Algunos de ellos han tenido vínculos con los organismos de inteligencia y posiciones reprochables en materia dederechos humanos, y/o mantuvieron una constante debilidad por atender el teléfono a los funcionarios de turno. Sin embargo, estos funcionarios se convirtieron en líderes de una marcha social masiva no tanto por sus propias virtudes sino más bien por los errores del Gobierno. La descomunalimpericia en el manejo comunicacional y político por parte del Poder Ejecutivo con respecto a la muerte de Nisman les dejó la oportunidad en bandeja. Y los fiscales no la desaprovecharon. Así, vaya paradoja, algunos de quienes hasta hoy eran desconocidos para el público y no gozaban de la mejor de las reputaciones en el mundo judicialhan pasado a ser referentes de una justicia independiente.
Al mismo tiempo, inmediatamente después de la marcha se percibió una reactivación en las investigaciones judiciales que involucran a funcionarios públicos. Así fue queel día después de la marcha la Cámara Federal confirmó el procesamiento de AmadoBoudouen el caso Ciccone. Además, ratificó que el juez Claudio Bonadio seguirá investigando a Hotesur, la sociedad que maneja el hotel de la Presidenta. A su vez, el fiscal general Germán Moldes denunció penalmente a la Procuradora del Tesoro de la Nación por supuesta malversación de caudales pú- blicos por haber ejercido la defensa penal de la Presidente de la Nación en la investigación originada por la denuncia de Nisman.
Para muchos, esta seguidilla de decisiones de la Justicia no es casual y lo consideran una batalla más entre la guerra que mantiene la Presidenta con un sector de la Justicia. Esta posición es errónea ya que la proactividad y celeridad judicial es parte de un patrón mucho más complejo. Resumidamente, los jueces federales son actores estratégicos que acomodan el timing de sus decisiones de acuerdo a un escenario de juego definido por los ciclos políticos. Cuando asume un nuevo mandatario, no se perciben grandes demostraciones de independencia en Comodoro Py. Por el contrario, las denuncias nunca avanzan y salvo contadas excepciones los funcionarios están a salvo del escrutinio judicial. Todo cambia una vez que el ciclo político comienza a terminar. Cuando el presidente ya no puede reelegir, esto motiva a que los jueces tengan menos pruritos en arremeter contra los funcionarios del gobierno. De esa forma, intentan demostrar su independencia y congraciarse con el próximo presidente. Si bien esto fue objeto de mi tesis doctoral, no es novedoso. Mucho se ha escrito sobre el comportamiento estratégico de los jueces, especialmente Gretchen Helmke, quien acuñó el término “defección estratégica” para caracterizar este cambio en la conducta de los jueces sobre el final de cada ciclo político. Esta actividad pendular de los jueces federales, por obvia que resulte, ha resultado efectiva ya que los ha preservado de los embates políticos durante mucho tiempo. Solo saquen cuentas y analicen cuántos años llevan en la Magistratura algunos jueces y camaristas federales.
¿Cómo seguirá esta novela entre el Gobierno y el Poder Judicial? Los condimentos abundan. Algunosfiscalesse han fortalecido y continuarán trabajando en pos de su principal preocupación: evitar el avance de la reforma Procesal Penal ya que les quita poder. Aceptan la oralidad y el sistema acusatorio pero no quieren que la Procuradora General de la Nación pueda asignarles y quitarles causas. Al mismo tiempo, se viene el proceso de confirmación en el Senado de Roberto Carles como reemplazante de Raúl Zaffaroni. El reglamento de dicho cuerpo prevé audiencia pública y participación ciudadana. Y resta por ver que ocurrirá con las recientes designaciones de secretarios como jueces subrogantes en cargos claves, tema en el cual los alineamientos políticos son casi idénticos: el Gobierno a favor, el gremio oficial de los magistrados en contra. Como solíamos al final de nuestra serie favorita: ¡No se pierda el próximo episodio!
