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Modernizar el Estado

24 abril de 2015

(Columna de Maximiliano Campos Ríos, investigador asociado de CIPPEC)

La utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito público es clave para asegurar la transparencia.

Pensar la Argentina de los próximos cincuenta años invita a reflexionar sobre un conjunto temas importantes: la matriz energética que lleve al autoabastecimiento, el desarrollo de nuevas energías, sobre todo energías renovables y sustentables; la competitividad del país en un escenario de crecimiento con desarrollo, y por último, profundizar la modernización del Estado.

El objetivo, entonces, será avanzar en una agenda futura que incluya completamente a las nuevas tecnologías, que asegure la transparencia, y desarrolle un verdadero servicio civil meritocrático. Aquí el foco debe ponerse en la implementación y en los procesos más que en la planificación. Argentina ha trabajado durante más de dos décadas estas ideas, avanzando a veces, expuesta a lamentables retrocesos otras.

El debate se mantiene actual y vigente, siempre que las expectativas de un nuevo gobierno aparecen en el plano político y sobre más allá de las experiencias nacionales o subnacionales que incluyen desde la implementación del expediente electrónico, la firma digital, la incorporación de TICs, la ventanilla digital, la interconectividad. A esto se suman experiencias aisladas de procesos de modernización como “Carta Compromiso” a nivel nacional, y la gestión por resultados, debe vertebrarse en fórmulas modernas de pensar el Estado en función de las nuevas tecnologías y formas de comunicación en constante desarrollo.

En esta discusión es importante sumar algunos elementos clave para pensar en una agenda de modernización del Estado, que permita avanzar de forma segura y gradual tanto a nivel nacional, como subnacional. Cuatro puntos centrales deben tenerse presente: Gestión por Resultados; Gobierno Abierto y participación ciudadana; Gobierno Electrónico y TIC´s y Gestión de los Recursos Humanos.

El primer punto, la gestión por resultados, obliga a centrarse en una estrategia de gestión pública que propone como cambio fundamental poner en primer lugar los resultados que se desea alcanzar y, en función de éstos, definir la mejor combinación de insumos, actividades y productos para lograrlo. Un cambio de este tipo, obliga a readecuar todo el proceso administrativo, mejorando los circuitos administrativos, dotándolos de formalidad y ajustándolo a nuevas reglas de diagnóstico y seguimiento, pero también planificando cada nueva acción de cara a objetivos determinados, que permitirán mejorar los procesos de control y monitoreo y sobregenerando una nueva escala de incentivos de desempeño.

Por otro lado, el gobierno abierto y la participación ciudadana serán fundamentales en una nueva forma de entender la gestión pública, poniendo a disposición la información pública al mayor nivel posible, y además promoviendo las instancias de participación ciudadana. A partir de esto, se generan nuevos procesos que posibilitan un espacio de interacción y de escrutinio de la ciudadanía. En este sentido, “Carta Compromiso” con el ciudadano fue una de las iniciativas que permitió comenzar a avanzar en esta línea. Aquí debería pensarse en procesos de digitalización de la información como paso previo a una guía de trámites y consultas; como también un sistema de certificación de calidad en la gestión, con el objetivo puesto en el perfeccionamiento y mejora constante de los procesos administrativos, adecuando los mismos a certificaciones de calidad provinciales, nacionales o internacionales.

La idea de “Gobierno Electrónico”, haciendo foco en el ingreso de los gobiernos en la sociedad de la información, se desprende del punto anterior. Pensar en esto, obliga a reflexionar sobre los resultados disímiles que ha tenido en nuestro continente, y en nuestro país en especial, la aplicación de las reformas managerialistas de los '90 en las administraciones gubernamentales. Las TICs, ocupan un lugar primordial, debido a que facilitan el desarrollo, almacenamiento y procesamiento de la información; al tiempo que garantizan su rápida y segura transmisión. Aunque las TICs por sí solas no permiten pensar en la idea de “Gobierno Electrónico”, obligan a repensar el concepto y a ver la forma en que estas son utilizadas en función de asegurar la transparencia, la efectividad y la eficiencia en la participación social de los procesos gubernamentales. En este punto se torna prioritaria la inclusión de tecnologías móviles que den respuesta a los ciudadanos. El desafío argentino, entonces, no es menor, ya que primero debe generarse una infraestructura que permita la aplicación de las mismas primero, para luego poder asegurar la interconectividad. Al igual que en la idea de Gobierno Electrónico, pensar en Gobierno Abierto obliga a una informatización del Estado en función de asegurar la participación y generar procesos de transparencia y colaboración que acerquen la sociedad al Estado.

Por último, la gestión de los recursos humanos en función de los puntos anteriores, debe pensarse en función de reclutar y coordinar al personal de una organización, de acuerdo a las metas establecidas. Para ello es muy importante cuidar las relaciones humanas, aprovechar sus aportes, motivar y compensarlos adecuadamente. Aquí el establecimiento de una carrera meritocrática, la promoción de la capacitación constante (y a cargo del empleador), el desarrollo de un sistema de incentivos y la instrumentación del legajo electrónico, como forma de control pero también de administración del personal, son ejes fundamentales para el desarrollo de nuevos procesos.

Sin dudas, estos nuevos conceptos y formas de entender y pensar la gestión pública, conllevan a una necesaria reformulación del empleo público, que permitan retomar las principales ideas de modernización del Estado.

Argentina debe pensar su estructura estatal y los procesos de administración, centrándose en la necesidad de salir del estancamiento de los procesos de modernización e inclusión de TIC's en el Estado, asegurando la conectividad y permitan ampliar la participación ciudadana en la gestión pública y terminando con el clientelismo como patrón para el reclutamiento de empleados públicos. Contamos con universidades especializadas en cuestiones técnicas e institutos especializados en alta tecnología; con cuadros técnicos preparados y experiencias aisladas en la materia, es cuestión por tanto de reformular la agenda del proceso de modernización.

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