Junto al relato de los hechos, existe el relato de los derechos y eso también requiere atención. Argentina se ha convertido en un territorio donde, a fuerza de haber festejado la transgresión, se ha convertido en el país del “vale todo”.
La avanzada contra la Corte tuvo un nuevo capítulo con el hostigamiento y la persecución moral contra el juez Carlos Fayt. Horacio Verbitsky desató la polémica respecto del “acta falsa” que significaba el acuerdo por el cual se reelegía a Ricardo Lorenzetti como presidente. En realidad, Verbitsky y Lorenzetti venían de varios cruces. Uno atacando al juez desde su columna en Página 12 y el otro, respondiendo indirectamente en determinados actos. Volviendo a la denuncia de Verbitsky, ¿en qué consistía el acta falsa? En que Fayt no había concurrido a la Sala de Acuerdos y aparecía firmando el acta. Decía: “El débil trazo parecido a la que fuera la firma de Carlos Fayt no fue hecho en la Sala de Acuerdos sino en su domicilio de Recoleta, hasta donde le llevó la resolución el titular de la Secretaría 5ta. de la Corte, Cristian Sergio Abritta”. Y agregaba directamente en relación con el estado del juez: “Dado su deterioro cognitivo, Fayt no está en condiciones de estudiar ningún expediente, tarea que delega en sus colaboradores”. Líneas antes había señalado que había un juez que “sólo de a ratos sabe en qué día y en qué mundo vive”. Respecto del acta, una acordada posterior de la Corte dijo lo que todo abogado que haya pisado Tribunales sabe: que la firma de las sentencias no necesariamente debe realizarse en el Tribunal.
Argentina se ha convertido en un territorio donde a fuerza de haber festejado la transgresión, se ha convertido en el país del “vale todo” y, podría agregarse, que “todo cada vez vale menos”. En el caso Fayt hubo una flagrante discriminación por edad. Se lo acusó de viejo. Aunque, como dijo Aníbal Fernández: “No es una acusación. Fayt es viejo”. Parece que los derechos humanos empiezan y terminan sólo en una década. El juez tiene noventa y siete años y, por tal razón, debe probar que no es incapaz. Una suertede “derecho al revés”. En distintas épocas y geografías regímenes políticos desechaban a los individuos por no tener “aptitud” de acuerdo a definiciones políticas de quienes ostentaban el poder. Experiencia e idoneidad no son atributos para valorar, en su lugar, inexperiencia y compromiso parecen ser una mejor fórmula. ¿Es así? Parece que a nadie le importa. No creo que el Gobierno piense que la vejez sea un estadio propicio para la exterminación simbólica, pero puesto a lograr sus objetivos y, en el caso concreto, la persona vieja deberá probar que no merece perder sus derechos, pues de eso se trata también: del derecho de Fayt a seguir en sus funciones. No hace falta profundizar que su designación fue anterior a la reforma de 1994 y, en tal sentido, puede permanecer en el cargo hasta que dure su buena conducta. El juez Fayt puede tener problemas físicos de desplazamiento, pero mantiene una lucidez que se refleja en sus sentencias. Pero?lamentablemente, es viejo. Los organismos de derechos humanos están prácticamente mudos. A nadie le importa. La oposición muestra demasiada frivolidad y debilidad y, en ese marco, no es causal que el Gobierno siga manteniendo energía y derrochando decisión.
¿Está en juego aquí la idoneidad para elejercicio del cargo, requisito exigido por la Constitución? Los menos atentos ?pero informados? podrán darse cuenta que la cuestión es que el Gobierno busca ocupar el sitio vacío dejado por Raúl E. Zaffaroni. El tema se complicó con la decisión de la oposición de no tratar nuevas designación en esta administración. De no estar Fayt se complicaría el funcionamiento de la Corte pues puede quedar paralizada en votaciones que no tengan la mayoría de tres miembros. Sin Fayt, habría también espacio para negociar dos cargos, uno para el Gobierno y otro para la oposición. Al fin de cuentas, si bien el Gobierno no puede hacer ingresar un candidato, lo mismo le ocurrirá a la oposición. La cifra de los dos tercios es implacable. Más adelante deberá haber negociación para la integración del cuerpo. ¿Pero por qué más adelante? ¿Por qué no precipitar esa situación ahora? Bastaría con quitar del medio a un anciano de noventa y siete años.
Como es sabido, el caso Fayt se llevó al Congreso. Y la comisión de Juicio Político obró contra derecho. Por 17 votos contra 9 ordenó poner en marcha la investigación contra Fayt. En la misma sesión se archivaron los pedidos de juicio político contra Amado Boudou, Héctor Timerman y Alejandra Gils Carbó. Sobre Boudou pesan procesamientos, sobre Fayt pesan años. Parece que es más loable ser joven y procesado que anciano y magistrado. Total, a nadie le importa. El perfil de Fayt es conocido y reconocido dentro de la Justicia y, fuera de ella, por sus estudios históricos y políticos. Hubo una época en que los trabajos que intentaron desentrañar al peronismo, tenían como paso previo la lectura y la cita de “La naturaleza del peronismo”, ese libro en el cual Fayt, además de dar su tesis sobre el movimiento, recopilaba las opiniones de intelectuales sobre el fenómeno peronista. Casi medio siglo después estaría sentado en el banquillo de los acusados y por un Gobierno que expresa un sector del peronismo. Sobre lo actuado por la Comisión de Juicio Político huelga decir que no tiene facultades para iniciar un procedimiento de persecución bajo el supuesto de investigar la capacidad del magistrado. Sabe bien la Comisión que no podría avanzar siquiera en la aprobación del procedimiento de impeachment en la Cámara Baja pues nunca obtendrían los dos tercios, requeridos por la Constitución. Y, como si fuera poco, días atrás se conoció que diputados oficialistas intentaban también investigar al resto de los miembros de la Corte, por razones expuestas en otra columna de Verbitsky. Desde el Gobierno se descartó el intento.
Para retratar al kirchnerismo se recurre, quizá demasiado superficialmente, al tan referido relato, que significa una reescritura de hechos. Y así se han descuidado otras aristas no menos importantes como la reescritura que ha hecho del derecho. Reescritura que ha recurrido a leyes poco felices como la reforma del Consejo de la Magistratura, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y la ley de “superpoderes”, todas promulgadas en 2006, luego de la victoria electoral de 2005. También ha habido leyes acertadas. Y hace un tiempo que la reescritura del derecho se intenta no sólo en medio de leyes, sino también de la “interpretación”, sobre todo, de la Constitución. Esta reescritura vía interpretación no la realizan tanto los juristas, sino periodistas y funcionarios. Y ha versado sobre distintos temas, por ejemplo, se ha dicho que los decretos de necesidad y urgencia emitidos por presidentes son legítimos sin más, pues están incorporados a la Constitución. Se ha señalado también que el vicepresidente es el “representante del Poder Ejecutivo en el Senado”, aunque en ningún lugar de la Constitución se exprese esto. Y se ha sostenido ?y se sostiene? que la Justicia no puede ir contra los funcionarios elegidos por el pueblo. En la columna referida, dice Verbitsky: “El polemista oficial, Aníbal Fernández, replicó que la misión de la Corte no es poner límites a quienes han sido elegidos por la voluntad popular, sino tutelar derechos vulnerados por el Estado o por particulares, sobre todo cuando se trata de los débiles ante acciones lesivas de las corporaciones, pero siempre que haya intereses contrapuestos en una causa judicial”. Notable la distinción que se hace ahora entre gobierno y Estado, diferencia que casi nunca realizan los que ostentan el poder (sea del signo que fueren). Pero que aquí resulta un tanto pícara pues es difícil que la vulneración del derecho de los particulares por parte del Estado ocurra sin intervención de los funcionarios, sean electos o no. Fernández ha sido un fiel comunicador de las distintas interpretaciones jurídicas que a veces han rayado lo inimaginable. Verbitsky luce una racionalidad jurídica más sofisticada. Pero sólo eso. Combina sus interpretaciones con argumentos razonables y ajustados a derecho, y otros que no lo son, lo que hace más dificultoso rastrear los trazos de las reescrituras del Derecho que viene haciendo el oficialismo. Por ejemplo, más allá de su ataque a Fayt, mostró reparos en relación con el procedimiento de la Comisión de Juicio Político. Por otra parte, compartió el fallo de la Corte respecto de la inconstitucionalidad de la designación de los conjueces, pero objetó el mismo vicio respecto de la integración del Alto Tribunal como miembros de las Cámaras Federales de Apelaciones. Junto al relato de los hechos, existe el relato de los derechos y eso también requiere atención.
