Todos los presidentes que perforaron el umbral del 10% de imagen positiva tuvieron que dejar el Gobierno
Dilma Rousseff fue la candidata del PT elegida por Lula para sucederlo. Se desempeñaba como jefa de Gabinete del Presidente y había ocupado antes numerosos cargos. El 20 de febrero de 2010, el partido proclamaba su candidatura. En la vicepresidencia la acompañó Michel Temer del PMDB sellando la coalición con el PT. El 3 de octubre ser realizaron las elecciones y Dilma obtuvo el 47% de los votos, seguida de José Serra con el 33% y Marina Silva con el 19%. Al no alcanzarse el 50% de los sufragios el 31 de octubre, se realizó una segunda vuelta donde triunfó Dilma con el 56% de los sufragios válidos. Compitió por su reelección y el 5 de octubre de 2014 obtuvo el 42% de los votos contra Aecio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que logró el 33,50%. En la seunda vuelta, Rousseff obtuvo el 51,64% contra el 48,38% de Neves. La diferencia a favor fue muy ajustada, por más de 3 puntos, la menor de las elecciones presidenciales desde la restauración democrática en Brasil. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos, la Presidenta obtenía en su reelección menos votos que en su primera elección.
A poco de iniciar su segundo mandato la situación política se complicó gravemente. El malestar de gran parte de la población contra la corrupción se plasmó en marchas y pedidos de renuncia La popularidad de Dilma bajó al 7% y la aceptación para un pedido de impeachment, subió a 66%. Por otra parte, las denuncias de corrupción no cesan y ni Lula se encuentra inmune a las acciones del movimiento anticorrupción. La Presidenta manifestó en más de una oportunidad que se trataba de una conspiración con el fin de que su Gobierno cayera.
El argumento y defensa suele ser el más común de los utilizados por los mandatarios que se encuentran en una situación comprometida. Cabe recordar a Collor de Mello, en 1992 o Carlos Andrés Pérez, en 1993 o, más recientemente, a Lugo, en 2009. Todos los mandatarios sin excepción han hablado de golpes de Estado cuando tuvieron que desalojar el poder.
El 16 de agosto se vivió otra jornada de protesta de 800.000 personas en contra de la Presidenta y en favor de su destitución. En la semana siguiente la situación fue un poco más calma y hasta hubo una manifestación en apoyo a Dilma que reunió alrededor de 50.000 ciudadanos. El 20 de agosto, 26 movimientos sociales salieron a las calles en 17 Estados y el Distrito Federal para la defensa de los derechos sociales y en contra de la destitución de la Mandataria, aunque también se manifestó el descontento por las medidas de ajuste fiscal del Gobierno.
La situación económica sufrió un fuerte deterioro. Pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, recesión y una inflación que podría alcanzar los dos dígitos amenazan con profundizar la empeorada situación económica. Las cuentas públicas del Gobierno de Rousseff se encuentran bajo análisis del Tribunal de Cuentas y, en caso de encontrarse irregularidades, podría ser material para un proceso de impeachment. Aunque cabe señalar que, de existir intención de enjuiciar a un mandatario, no faltan nunca lugares donde rastrear posibles faltas graves en las administraciones.
¿Caerá Dilma? Es muy difícil reconstruir una legitimidad que se va escurriendo. Todos los presidentes que perforaron el umbral del 10% de imagen positiva, más tarde o más temprano, tuvieron de dejar el gobierno.
Hay distintas modalidades de caídas presidenciales frente a crisis severas que afectan la legitimidad presidencial. En algunos países ha sido más frecuente la renuncia presidencial forzada por la presión popular, las protestas en las calles y el consiguiente desamparo del resto de la clase política. Bolivia y la Argentina responden a este tipo de interrupción del mandato. Basta recordar la renuncia de Sánchez de Losada, en 2003 y de Carlos Mesa, en 2005, ambos en Bolivia. La “resignación” de Alfonsín, en 1989 y la renuncia de Fernando de la Rúa, en 2001, ambos en Argentina.
En otros países el sello de la crisis terminal fue puesto por el Congreso a través de distintas acciones. Proceso de destitución contra Carlos Andrés Pérez en Venezuela, en 1993; proceso de inhabilidad contra Abdalá Bucaram en Ecuador, en 1996; no aceptación de la renuncia presidencial y destitución por incapacidad moral permanente contra Alberto Fujimori, en Perú en 2000; declaración de abandono del cargo contra Lucio Gutiérrez en Ecuador, en 2005; proceso de impeachment contra Cubas Grau en 1999 y contra Fernando Lugo, en 2012, ambos en Paraguay.
En las renuncias forzadas el proceso de renuncia precipita por una acción de movilización que prácticamente es incontenible. En los procesos donde opera el Congreso puede motivarse también por la efervescencia popular o por la propia acción de la clase política. Cabe recordar que, justamente, las caídas presidenciales resueltas por el Congreso comenzaron en Brasil, con el desplazamiento de Fernando Collor de Mello, en 1992.
¿Qué ocurrirá con Dilma? Las condiciones objetivas que rodearon otras caídas están presentes. Corrupción, escándalos, caída vertiginosa de la popularidad presidencial, deterioro económico y disminución de los soportes y apoyos que tenía el Gobierno. Si la reacción popular continúa y se incrementa, habrá poco margen de acción para la clase política. Si la situación ingresa en un territorio más calmo, la dirigencia en su conjunto deberá sopesar si le conviene al sistema político avanzar en la destitución de la Mandataria ?teniendo en cuenta y considerando quien ocupará el lugar del liderazgoo bien prestar su apoyo para que pueda concluir su mandato.
Dentro de esta segunda opción, la única manera de durar y sobrevivir es mantener un apoyo parlamentario que haga imposible lograr el número necesario para que un juicio político tenga éxito en el futuro. Pero el número puede perderse si la situación se vuelve más complicada. Cabe recordar que en Brasil gobierna una coalición de varios partidos y cuando la situación se complica las defecciones son frecuentes. Al gobierno de Dilma ya lo han dejado varios partidos. El mayor partido de los asociados, el PMDB, es probable que se apreste a abandonar el barco del Gobierno próximamente. Cabe recordar el liderazgo anti- Dilma que asumió el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, perteneciente al PMDB.
La salida posible ?y probable si empeora la situación- sería el inicio de un impeachment, la suspensión de la Mandataria y la asunción provisoria del vicepresidente Michel Temer. Brasil ya tuvo este tipo de salida de experiencias traumáticas. Con la muerte de Tancredo Neves, el vicepresidente José Sarney se hizo cargo del Ejecutivo y concluyó el mandato. Con la destitución de Collor de Mello, el vicepresidente Itamar Franco recondujo el proceso político y el mando le fue transmitido a quien resultó ganador de las elecciones de entonces: Fernando Henrique Cardoso.
Mientras tanto, Dilma ha dicho que no renunciará e intenta reconstruir su poder. Como señal de austeridad y ajuste en el propio ámbito gubernamental ha eliminado 10 de los 39 ministerios existentes. El gran número de carteras creció en la época de Lula y fue una manera de incluir en cargos a los partidos que fueron integrando la coalición gubernamental.
Una noticia complicada para la Presidenta fue el reciente anuncio del vicepresidente Temer de que ya no cumplirá su función de articulador entre el Gobierno y el Congreso, función que venía desarrollando desde que la crisis asomó y para conseguir apoyos para el plan de ajuste llevado a cabo por el ministro de Economía, Joaquim Levy. El anuncio del vicepresidente podría ser leído como un nuevo paso de distanciamiento del PMDB, principal aliado de Dilma.
Recientemente, la Presidenta les dijo a los periodistas: “Ustedes siempre me preguntan en qué me equivoqué. Pienso que fue en haberme demorado en percibir que la crisis era más grave de lo que imaginábamos”. Es posible que la Presidenta todavía no se haya dado cuenta de la profundidad de esa crisis.
