(Publicado en la edición nº35)
Al definir las listas para el Congreso, la Presidenta procuró evitar anteriores experiencias.
El diseño de las listas de candidatos del oficialismo para las elecciones de octubre exhibe un rasgo inequívoco: la sustitución de líderes y facciones cuya lealtad hacia la Presidenta dependía de la distribución de recompensas materiales por otras cuya lealtad depende, funda mentalmente, de la afinidad para con su figura.
Esta sustitución presupone que la supervivencia política del liderazgo tiene mayores chances cuando quienes tienen capacidad institucional para decidir sobre esa
supervivencia son personas afines a los líderes. Esta presuposición es lógicamente correcta, pero también parcial y, por ello, estratégicamente inadecuada.
Poner entre paréntesis los otros factores que hacen a la supervivencia política no elimina su eficacia; al contrario: incrementa el riesgo de su realización. La minuciosa intervención presidencial en la composición de las listas de candidatos ?en especial de la provincia de Buenos Aires? estuvo orientada a enmendar lo que, en evaluación
retrospectiva, ha de haber sido considerado un error: la integración, en 2007, de las facciones dominantes de las dirigencias provinciales y municipales peronistas y de los grupos de izquierda extraperonistas en puestos elegibles para la Cámara de Diputados y las legislaturas locales.
Estos grupos que accedieron a cargos legislativos en la elección presidencial de ese año mostraron rápidamente la fragilidad de su lealtad al liderazgo kirchnerista: algunos votaron en contra de la Resolución 125; otros se opusieron a la ley de Glaciares; otros, inclusive, a la ley de Medios ?y unos cuantos abandonaron el bloque oficialista en beneficio de distintas fuerzas opositoras?. Estos desplazamientos fueron cruciales para el fortalecimiento de la percepción sobre la vulnerabilidad y la escasa sustentabilidad del liderazgo kirchnerista.
Esta percepción fue crítica porque generó en el peronismo oficialista la expectativa de
que el vértice kirchnerista no podría garantizar, hacia el futuro, el mantenimiento de los beneficios materiales con que su lealtad había sido hasta entonces recompensada. Esta expectativa indujo a importantes dirigentes y facciones peronistas a diversificar su riesgo político apostando no sólo al oficialismo, sino también a otros grupos peronistas en las elecciones de 2009.
Los resultados fueron la pérdida de la mayoría legislativa oficialista, el incremento de
la impopularidad presidencial y la aceleración de las fugas hacia la oposición. Sustituir lealtades basadas en la distribución de recompensas materiales por lealtades basadas en la afinidad personal es, sin dudas, una herramienta apta para disminuir la posibilidad de repetición de tan políticamente riesgosa secuencia. Las lealtades basadas en recompensas materiales sólo duran lo que dure la capacidad de los líderes para proveer esas recompensas.
Si las fuentes de ingresos que permiten financiar las recompensas se agotan, los recompensados desarrollan, razonablemente, la expectativa de que el flujo de beneficios se interrumpirá, y parten en busca de otros líderes que puedan, creíblemente, prometer su continuidad. Las lealtades basadas en la afinidad no están sometidas a esa contingencia material ?sino, eventualmente, a otra de más improbable realización: la destrucción del vínculo personal o ideológico en que típicamente consiste la afinidad.
Protegidos por apoyos más afines que oportunistas, los líderes tendrían mayores chances de sobrevivir: disminuido el riesgo de ser traicionados como resultado de contingencias que interrumpan el flujo de beneficios particularistas, el margen de maniobra de los líderes para realizar sus preferencias ?personales e/o ideológicas?
de política pública sería más amplio y, con ello, reforzaría los lazos de afinidad sobre los cuales habrían pasado a sostener su posición.
El problema de esta estrategia reside en su visión parcial de la lógica de la supervivencia política. El carácter parcial de esa visión consiste en omitir la consideración de los incentivos y recursos de los otros actores cuya supervivencia política también está en juego: los leales oportunistas ?cuyo apoyo a los líderes
estuvo basado en las recompensas materiales antes que en la afinidad. Para sobrevivir políticamente en sus puestos electivos o administrativos, estos actores necesitan acceder a beneficios que sólo puede distribuir quien lidere el Estado Nacional.
Enfrentan, pues, un dilema: convertirse en afines a los líderes, para así recrear las bases de su vínculo con ellos y garantizar el flujo de beneficios, o coaligarse con otros potenciales líderes que prometan restaurar las recompensas en vía de extinción. El cálculo presidencial es, desde ya, que la certeza acerca de su triunfo en las elecciones de octubre es tal que la opción por la traición resulta inviable para los leales oportunistas.
Pero ese cálculo desconoce activamente dos factores: el horizonte político observado por estos dirigentes y los recursos de movilización electoral con que todavía cuentan.
El horizonte político de los dirigentes hoy amenazados por la estrategia presidencial no se agota en estas elecciones. Si tanto ellos como la Presidenta fueran reelectos, deberían enfrentar en sus legislaturas y concejos deliberantes la acción de los afines a la Presidenta ?quienes, por la naturaleza de su vínculo, no serían susceptibles al uso de recompensas materiales para fortalecer la posición de los dirigentes subnacionales contra el poder presidencial.
El vértice presidencial podría, entonces, utilizar a sus leales afines para debilitar y, en el límite, poner en riesgo la continuidad en el cargo de aquellos dirigentes que busquen convertirse en líderes alternativos o deseen apoyar a un eventual competidor de la Presidenta para recuperar beneficios materiales perdidos.
Por consiguiente, la reelección de gobernadores e intendentes que deberían tratar con
legislaturas y concejos poblados de actores afines a la Presidenta no garantizaría su supervivencia política. Incorporando, pues, ese horizonte más extenso en el cálculo, la
aquiescencia hacia la estrategia presidencial no aparecería como una elección racional
para aquellos líderes subnacionales.
Estos líderes todavía cuentan, además, con recursos políticos para complicar la estrategia presidencial. Alimentados por años de recompensas materiales, tienen fondos de reserva que pueden invertir en movilizar votos para listas peronistas no oficialistas.
Ello reduciría el caudal electoral de los candidatos afines a la Presidenta ?sino el suyo mismo. Bajo las reglas del balotaje argentino, esa diferencia de caudal podría ser decisiva para inducir una segunda vuelta. En tal caso, la eventual reelección presidencial ocurriría en condiciones electoralmente más débiles y con un plantel de legisladores afín menor al deseado por la Presidenta. Si se añade el hecho de que la mitad de la Cámara de Diputados reflejará todavía la derrota oficialista de 2009,
el diseño coalicional de la Presidente corre el riesgo de generar, para el kirchnerismo, una combinación de los peores rasgos de 2007 y 2009: debilidad electoral y baja presencia de legisladores afines.
Este riesgo podría no realizarse si la dirigencia peronista amenazada se convenciera
de que convirtiéndose en afín podría proteger la continuidad de las recompensas
materiales. Pero ello depende de que no ocurra la contingencia que la Presidenta no
puede controlar: el agotamiento de las fuentes de financiamiento que debería seguir
utilizando para asegurarse la lealtad de los oportunistas.
