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Buenos Aires, asunto bonaerense y nacional

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11 diciembre de 2015

(Columna de Facundo Matos Peychaux)

Para reordenar las cuentas públicas de la provincia, Vidal necesitará mejorar la participación de la provincia en la coparticipación federal.

"Recibimos una provincia quebrada, deficitaria y llena de deudas”, lanzó María Eugenia Vidal en su discurso de asunción como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Aseguró que se podrán pagar salarios y aguinaldos en tiempo y forma y prometió también que buscarán reducir el déficit de infraestructura de la provincia. “Vamos a hacer las obras que hacen falta como lo hicimos en la Ciudad; es mucho lo que hay que hacer", sumó.

Pero según el nuevo ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, la administración saliente deja un déficit de por lo menos $15.000 millones y una estructura de financiamiento insostenible. “La provincia recauda sólo para pagar salarios, y ni así alcanza”, graficó en una entrevista reciente con el diario La Nación.

Después del caótico 2012 en que necesitó de la ayuda nacional para afrontar el pago de los aguinaldos de mitad de año, Daniel Scioli inició un proceso de equilibrio de las cuentas provinciales que desembocó en un equilibrio fiscal en 2014 a costa de un fuerte incremento de la presión tributaria y una severa reducción del gasto público por la cuenta de inversión en infraestructura. Si Silvina Batakis, demostró que se pueden ordenar las cuentas bonaerenses a costas de más impuestos y menos inversión, Lacunza deberá buscar una forma alternativa si quiere mostrar una buena gestión.

En primer lugar, el flamante ministro adelantó que no habrá nuevos impuestos, aunque tampoco reducciones. “De entrada no va a haber grandes reformas impositivas. No podemos agravar la situación bajando impuestos. No hay margen para subir los impuestos pero tampoco para bajarlos”, aseguró.

En cambio, adelantó, “para hacer frente a las promesas de campaña, sobre todo a las obras en infraestructura, se apelará a una negociación por la coparticipación con la Nación, al acuerdo con organismos multilaterales y al endeudamiento en el mercado voluntario”.

En ese sentido, el nuevo gobierno ya prepara la colocación de un bono por cerca de US$ 1.000 millones en enero a una tasa que esperan esté por debajo del 9% y mantiene reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, además de encuentros con los ministros nacionales Alfonso Prat Gay y Rogelio Frigerio para ver de qué manera compensar a la provincia por la coparticipación.

¿Cambiamos?

“La distribución entre Nación y las provincias ha ido variando a lo largo del tiempo. El espíritu original de la ley era que el 43% fuera para Nación y el 57% para las provincias y hoy las provincias reciben solamente el 25%”, señala Verónica Sosa, de Economía & Regiones, en diálogo con El Economista.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, como describía Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, en una edición reciente de El Economista, “su participación en el reparto total de transferencias automáticas a las provincias no deja de caer cada año”. “Así las cosas, -señalaba- en 2015 dicha participación bajó al 18,9%, cuando había llegado a ser del 25% en el año 1995. Con la actual Ley de Coparticipación, vigente desde 1989, Buenos Aires debería participar con el 21% de las transferencias, mientras en la ley anterior de coparticipación, la de 1973, Buenos Aires participaba con 27% del total de la distribución secundaria”. Según Lacunza, la diferencia entre el 18,9% que recibe actualmente y el 21 que fija la ley vigente, es precisamente de $ 13.000, un monto similar al déficit provincial de 2015.

El trasfondo del reclamo es histórico. Vidal recibirá una provincia que siendo el 10% del territorio argentino, alberga al 40% de los habitantes y recibe un 19% de la masa de recursos coparticipados por el Gobierno Nacional cuando aporta un tercio del PIB nacional.

Desde 1992, la salud, la educación y la seguridad quedaron a cargo de las provincias, que hoy ?según Sosa- son responsables del 55% del gasto público consolidado entre Nación, provincias y municipios. “Para que haya una concordancia fiscal entre la coparticipación y la responsabilidad de las provincias en el gasto público, Nación tiene que ceder recursos”, señala la economista de Economía & Regiones.

A su favor, a diferencia de sus antecesores, Vidal tiene que estará en máxima sintonía política con el Presidente como no sucedía desde que el radical Alejandro Armendáriz era gobernador bajo el mandato presidencial de Raúl Alfonsín. Macri, a diferencia de Presidentes pasados, tendrá grandes incentivos en que la gestión de Vidal sea buena.

De todos modos, en un contexto de déficit fiscal de entre 6 y 8 puntos y necesidades crecientes, no será tarea fácil administrar los recursos de manera que todos queden satisfechos. El fallo reciente de la Corte Suprema sobre coparticipación significará un impacto fiscal de $40.000 M (sin intereses) para el stock adeudado con Santa Fe y San Luis por el período 2006-2015 y de $16.000 M en 2016 en concepto de flujo futuro por ambas provincias más Córdoba, según Economía & Regiones, aunque ?como señala Sosa-, “el desequilibrio mayor se hubiera producido si se cumplía el DNU de la Presidenta, que hubiera implicado una afección de $130.000 M”.

Por otra parte, durante su campaña, el PRO prometió eliminar las retenciones y reducir el impuesto a las ganancias, lo que afectará la recaudación, y dos ambiciosos planes que implican grandes erogaciones: el Plan Belgrano para el norte argentino y Pobreza Cero.

Asimismo, serán determinantes los recursos que coparticipe a sus gobernadores aliados (para mantenerlos dentro de la coalición oficialista) y a quienes hoy se le oponen pero tienen una sólida base de senadores y diputados afines, como es el caso de Córdoba, Misiones o Santiago del Estero, que Macri necesitará para ampliar su base legislativa.

Más aún, para sancionar una nueva Ley de Coparticipación ?como insta a hacerlo el artículo 75 de la Constitución Nacional-, se requiere del acuerdo de los 24 gobernadores y sus Legislaturas, además del Presidente, algo difícil de llevar adelante, a no ser que Nación ceda recursos. ¿Será Macri quien finalmente lo haga?

La vinculación que tenga el flamante Presidente con los gobernadores (con los que ya se empezó a reunir junto a Frigerio) será un eje clave de su mandato a seguir de cerca.

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