(Columna de Martín Diaz y Fernando Casullo)
El vodevil del escape de los hermanos Lanatta y de Víctor Schilacci puso en el centro de la escena, y de forma intempestiva, varios elementos vinculadas a la seguridad ciudadana. En efecto, si bien no estuvo tan presente en el tramo final de la campaña presidencial (salvo con temas puntuales como el objetivo de narcotráfico 0 del PRO o el one hit wonder de Daniel Scioli en el debate de “no podés cuidar los trapitos?”), el tópico de la seguridad siempre se las ingenia para ponerse en el centro del ring. En un apurado punteo podríamos marcar algunos ejes para poner a debate.
En primer lugar, si algo destaca del manejo de la crisis de los prófugos es el mal uso de la comunicación por parte del oficialismo. En su debut segurológico como cabeza del Ejecutivo Nacional y de la PBA, la coalición Cambiemos quedó anoticiada de lo audaz, por no decir suicida, que es intentar conseguir rédito político veloz con el despliegue en terreno de las fuerzas destinadas a la protección ciudadana.
En efecto, la potente política de comunicación del PRO, tan efectiva en el marketing electoral -y lo bien que hicieron, en un país que vive cada uno de sus turnos al voto con la pasión de una Toma de la Bastilla-, está necesariamente destinada a entorpecerse y empastarse en los intrincados circuitos de las agencias del orden. El terreno de la gestión de la seguridad (y de los agentes destinados a tal fin) no se caracteriza por la dinámica y la permeabilidad a los focus group. Más bien es un reino donde reinan las lealtades cruzadas y los comportamientos inerciales (y, de hecho, tal vez sea uno de las esferas del Estado donde esto sea más evidente).
En declaraciones periodísticas posteriores, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman, dejó en claro que desde el Gobierno están haciendo esa cuenta: señaló que al comunicar mal lo que habían hecho el sábado (que era atrapar a uno de los evadidos, el más importante) lo transformaron en un costo político de proporciones. La hiperactividad tiene sus riesgos, como nos recuerda la anterior gestión y los espectaculares y estériles descensos en helicóptero de su secretario de Seguridad, Sergio Berni.
En segundo lugar, surge, de nuevo, la incansable connivencia de bolsones corrompidos y corruptibles de la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario de esa provincia con estratos delictivos diversos que constituyeron un factor esencial en el fenómeno “fuga” de los hermanos Lanatta y Schilacci. Y, conjugado, la ineficiencia a la hora de la captura de las distintas agencias provinciales y federales, y su relación con un periodismo acuciado por la primicia. No todo es submundo y quedó fácticamente demostrado en el terreno en el que se produjo la búsqueda de los fugitivos la ausencia por completo de mandos centralizados en operaciones de rutina o emergencia, capaces de dirigir las operaciones de manera coordinada, planificada y ordenada.
Por fuera del diseño planteado, expectantes detrás de bambalinas de la escena política, la “narco” policía santafesina fue quien, con esquemas básicamente preventivos, obtuvo resultados positivos en la captura de los más buscados del país. Todo ello sin mencionar la ausencia sideral de protocolos específicos de operaciones y el gasto que implicó la desorganización sumado a la movilización de toda la infraestructura de seguridad a la zona de operaciones.
Resulta necesario detenernos aquí para reflexionar dos cuestiones: a) por un lado, ésta fue una situación un tanto inédita que merece ser revisada en los marcos procedimentales de las fuerzas de seguridad a nivel federal, y b) los pocos protocolos de actuación existentes son los desarrollados por el Consejo Federal de Seguridad Interior, hoy descartados, lamentablemente.
En momentos de complejización de los niveles de criminalidad, sobre todo el crimen organizado, resulta necesaria la intervención del Estado mediante el desarrollo de instrumentos específicos de actuación e intervención de las fuerzas federales capaces de resignificar el rol de ese Estado en materia de seguridad con políticas públicas eficientes para que no acontezcan jamás hechos bochornosos como los ocurridos la semana pasada.
En tercer lugar, y más estructuralmente, aparece con fuerza un diagnóstico: la seguridad se ha tornado algo demasiado inabarcable para cualquier elenco estatal no vinculado a las agencias específicas, sea cual sea su nivel de tecnocracia en sangre. La fuga de los Lanatta funcionará en el futuro como musa inspiradora para la creación de una novela con rasgos de humor ácido, pero se aleja totalmente de la formulación de políticas serias en materia de seguridad y mucho menos de profesionalizar procedimientos, tropas, logística y mecanismos de acción contra el delito.
Un desenlace complejo propiciado por este episodio-raid fue la generación de una nueva “purga” en las cabezas de las filas bonaerenses. Comisarios y oficiales del alto mando sospechados de complicidad con la delincuencia y el crimen fueron pasados a disponibilidad, y posteriormente a retiro, con el único fin de eliminar esos vínculos delictivos. Situación que amerita una revisión exhaustiva, dado que si esas acusaciones poseen fuertes fundamentos, al trabajo de la Policía ahora se le suma el de mantener vigilado a este sustrato despedido de la fuerza dado que no se diferencia del segmento delictivo, aunque poseen experiencia, experticia, técnicas, tácticas, conocimiento operativo y “subordinados, compañeros y amigos” dentro de la institución que los vio crecer. Lo que constituye una tarea titánica para la gobernadora de aquella provincia (y lo es, mínimo, desde la famosa reforma de la bonaerense de León Arslanian).
Esto, por supuesto, se encuentra íntimamente relacionado con los procesos de autogobierno y la inexistencia de mecanismos serios de auditorías propiciadas por agencias independientes. En efecto, si bien la fuga fue vista través del cristal de la contienda Aníbal Fernández versus María Eugenia Vidal (y la gobernabilidad en el conurbano), tal vez debería pensarse desde el clivaje autogobierno versus dirección civil. Es una clave menos amable a la hora de repartir premios y castigos políticos, claro está, pero más realista y con una historia consolidada detrás.
Por caso, en la provincia de Río Negro, con el nunca aclarado aumento de fugas en el marco de varias reformas intentadas para paliar una situación carcelaria en emergencia. En el ámbito de las fuerzas de seguridad la “pesada herencia” sirve poco a la hora de gambetear los costos políticos, como quedó claro en este evento. A esta altura, la situación policial y penitenciaria no es plausible de ser adjudicable a un solo responsable. Se trata, más bien, de una sucesión estratigráfica de “pesadas herencias” en el marco de un comportamiento pendular de la dirigencia política respecto del tema.
Así, hasta ahora, hemos visto cómo cada gobierno que asume en el área de la seguridad comienza un sonado proceso de reformas del paradigma ideológico (en este caso girando hacia uno más punitivista), pero que luego se contrasta con la cotidianeidad de las agencias. Entonces, éstas han funcionado más bien como “no lugares” poblados con oficiales y suboficiales que han visto sucesión de modificaciones de organigramas, de purgas de cúpulas, etcétera, y que consideran que el cambio es una moda que ya pasará. De igual modo pasa con la formación policial que, al encararse de forma aislada, también es considerada un parche, un cosmético para la normal consecución de formas autoritarias (y preideológicas) de funcionamiento de la fuerza.
Para evitar estas “pesadas inercias” hoy, más que nunca, debe volverse sobre la necesidad de construir un plan integral y federal. No como consigna hueca (las fuerzas de seguridad ya huelen los slogans banales como a la sangre) sino como un norte de mediano plazo. Cuando hablamos de seguridad ciudadana democrática en Argentina todavía no llegamos a resolver si Hobbes o Locke. Más bien, la mayoría de las veces, estamos girando en torno a antiguallas como el Código de Hammurabi.
