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Le llegó la hora a Michelo: fue denunciado penalmente por "defender un régimen dictatorial y violento"

La presentación judicial, impulsada por el diputado liberal Yamil Santoro, apunta contra Diego Omar Suárez por promover un régimen autoritario, exaltar la violencia institucional y difundir mensajes de odio, actos que podrían implicar penas de prisión
Le llegó la hora a Michelo: fue denunciado penalmente por "defender un régimen dictatorial y violento"
14-01-2025
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El legislador porteño y abogado, Yamil Santoro, denunció penalmente a Diego Omar Suárez, conocido de manera pública como "Michelo", por promover el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela

  • La presentación judicial, formulada ante la Justicia Nacional, alega la comisión de los delitos de apología del crimen e intimidación pública, previstos en los artículos 213 y 212 del Código Penal, respectivamente. 
  • De ser hallado culpable, Suárez podría enfrentar penas de prisión.

Según el documento firmado por el diputado liberal, Suárez habría utilizado sus plataformas digitales, como TikTok e Instagram, para defender el régimen autoritario y represivo de Venezuela, promoviendo abiertamente actos de violencia institucional, desapariciones forzadas y persecución política. Además, la denuncia incluye la exaltación de líderes vinculados a graves violaciones a los derechos humanos y la justificación de un sistema político fraudulento.

«Es inadmisible que en una democracia alguien reivindique dictaduras violentas y represivas. Los discursos de odio y las apologías hacia regímenes autoritarios no tienen lugar en nuestra sociedad. Vamos a garantizar que estas conductas sean sancionadas y que los valores democráticos prevalezcan», expresó Santoro.

La denuncia también señala expresiones antisemitas vertidas por Suárez en sus redes sociales, calificándolas como un delito grave que fomenta el odio y la división en la sociedad argentina. Estas manifestaciones, si bien son tratadas como un delito adicional, refuerzan la gravedad de su accionar al alinearse con prácticas represivas y discriminatorias.

El escrito cuenta con fundamentos legales basados en pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en decisiones judiciales locales que condenaron acciones similares en el pasado. Además, subraya cómo estas conductas buscan erosionar los principios democráticos y los derechos humanos en el país.