Patricia Bullrich celebró "un logro histórico para la seguridad argentina"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió en sus redes sociales que la dependencia que encabeza fue reconocida "a nivel internacional por cumplir con los más altos estándares en materia de estadísticas del delito".

La distinción, según relató, fue a partir de una mención en "el Manual de Implementación de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS) de Naciones Unidas", donde Argentina aparece "junto a un pequeño grupo de países que garantizan accesibilidad, precisión y alineación con los principios fundamentales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)".

Aprobación de la Ley de Juicio en Ausencia: "Logramos un paso fundamental para la justicia"

El Senado aprobó hoy el proyecto Juicio en Ausencia y lo convirtió en ley con 45 votos 
afirmativos, 22 negativos y cero abstenciones. De esta manera, los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que provocó 85 muertos y 300 heridos, podrán ser juzgados sin estar presentes en la Argentina. 

Fue apoyado por el pleno de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y una porción del kirchnerismo, que profundizó su crisis interna y otro desaire a la ex presidenta Cristina Kirchner, involucrada en la causa por el Memorándum con Irán. 

Entre los kirchneristas que acompañaron el proyecto resaltan los apellidos de: los santiagueños José Emilio Neder y Gerardo Montenegro, Lucia Corpacci (Catamarca), Daniel Bensusán (La Pampa), Carolina Moisés (Jujuy) y los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza. 

Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio es válido para crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa modifica la legislación procesal penal para garantizar que los procesos judiciales continúen incluso si el imputado no se presenta.  

Bullrich, quien el año pasado presentó el proyecto junto al titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se expresó a través de las redes sociales. En un tuit escribió: "Después de años de lucha, logramos un paso fundamental para la justicia en Argentina: la aprobación de la ley de Juicio en Ausencia". Esto significa la incorporación de un nuevo capítulo en el Código Procesal Penal, donde se agrega el ámbito de aplicación del juicio en ausencia que involucrará "únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo".

"Se terminó la impunidad para quienes huyen para evitar ser juzgados. A partir de hoy, la Justicia tratará a todos por igual", concluyó en su escueta publicación en X.

Es una herramienta que se aplicará en casos donde el acusado haya sido declarado en rebeldía por el juez tras no comparecer ante el tribunal, ausentarse de su domicilio sin justificación o fugarse de su lugar de detención.  

A su vez, determina que el imputado tendrá derecho a hacerse defender por un abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial, siempre que eso no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso.

El Senado aprobó la Ley Anti Mafia: se trata de un proyecto clave para en la lucha contra narcotráfico

El Senado convirtió hoy en ley proyecto Anti Mafia que propone el abordaje integral del crimen organizado. La iniciativa se aprobó con 38 votos afirmativos, cero negativos ni abstenciones. El kirchnerismo se levantó casi en su totalidad antes de la votación. 

Fue acompañada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y espacios federales. A este lote se sumaron los votos de los kirchneristas Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy). 

Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.  

Una de las modificaciones es que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.

En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.  

Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.  

También crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.  

Se dispuso que cuando se autoriza judicialmente una zona sujeta a investigación especial, "las actuaciones pasarán a la Justicia Federal".  

La reforma incluye que, cuando se trata de una investigación conjunta de varios distritos, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".  

En ese contexto, cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a una persona por 48 horas para averiguación por la comisión de determinados delitos, pero siempre que "exista una razón fundada".  

En caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional, la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente.  

Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.  

A lo largo del dictamen de mayoría se determina que podrá inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas, previa orden judicial, cuando existieren sospechas de un vínculo con una organización criminal.  

También los investigadores con previa orden judicial podrán realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada.  

Ante la urgencia, los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original.  

Otra potestad que tendrán será interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley.