"Perón era militar": el PJ (re)lanza su discurso y uno de sus anclajes es la Defensa

El dato más relevante del Congreso de Defensa Nacional del Partido Justicialista no fue únicamente el contenido de sus exposiciones. Fue, antes que nada, el hecho político. Un partido nacional decidió organizar un congreso específico sobre defensa, colocar el tema en el centro de su discusión interna y empezar a formular una propuesta reconocible ante la sociedad. 

En una Argentina habituada a hablar de defensa de manera episódica —ante una compra de armamento, una controversia presupuestaria, una declaración sobre Malvinas o una tensión entre defensa y seguridad interior— esa decisión merece ser observada con atención.

Asistí al primer panel, integrado por exministros del área. Y justamente allí aparece una primera clave de lectura: no se trató de voces marginales ni de intervenciones laterales dentro del universo partidario. Quienes hablaron habían ocupado la máxima responsabilidad política sobre las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, más allá de matices personales, sus exposiciones permiten reconstruir una concepción: la forma en que el justicialismo, bajo su conducción actual, parece estar ordenando su mirada sobre la defensa nacional.

La novedad no consiste en que el peronismo descubra ahora la defensa. Su propia tradición política tiene una relación histórica intensa con el Estado, la soberanía, la independencia económica y la conducción política de los asuntos estratégicos. Incluso apareció reiteradamente una apelación de identidad: "Perón era militar" y/o "un coronel fundó el movimiento". 

Pero esa referencia histórica, por sí sola, no explica el presente. Lo novedoso es que el PJ parezca advertir que la defensa puede volver a ser una vía para hablarle a la sociedad sobre Estado, territorio, autonomía, industria, recursos naturales y futuro.

¿Qué se dijo?

La primera definición que se desprende del panel es simple, pero no menor: "la Argentina necesita Fuerzas Armadas". En principio, la frase parece obvia. Sin embargo, en el debate público argentino no siempre lo fue. Durante décadas, las Fuerzas Armadas quedaron atrapadas entre memorias traumáticas, desconfianzas civiles, oscilaciones presupuestarias, deterioro material y una persistente dificultad para explicar su función en democracia. 

El planteo escuchado en el Congreso fue distinto: las Fuerzas Armadas no son un lujo innecesario, ni una herencia incómoda que apenas deba ser administrada, ni una reserva disponible para tareas de seguridad interior. Son un instrumento de soberanía; sin defensa no hay independencia política; y sin independencia política, todo lo demás queda condicionado.

Allí se abre una diferencia doctrinaria importante. Desde esta mirada, las Fuerzas Armadas no deben convertirse en guardias políticas ni en auxiliares superiores de las fuerzas de seguridad. Tampoco deben ser arrastradas a una agenda expansiva donde problemas como narcotráfico, terrorismo, migraciones, pobreza, conflictos ambientales, tensiones con pueblos indígenas o desórdenes internos sean absorbidos bajo la categoría de defensa. La frontera conceptual entre defensa, seguridad interior e inteligencia aparece, así, como un pilar institucional a preservar. Esta distinción tendrá consecuencias políticas.

En los próximos años, una parte de la discusión pública probablemente girará en torno a si la Argentina debe mantener el esquema normativo que separa defensa, seguridad e inteligencia, o si debe avanzar hacia una mayor integración de funciones bajo el argumento de nuevas amenazas. 

El PJ parece querer ubicarse en el primer lugar: defensa externa, conducción política civil, profesionalización militar y rechazo a la conversión de las Fuerzas Armadas en instrumento de orden interno.

La segunda definición es internacional. El diagnóstico escuchado fue el de un sistema multilateral debilitado, atravesado por el abandono de reglas comunes y por el corrimiento de los actores más fuertes hacia estrategias menos cooperativas. En ese escenario, la respuesta propuesta no fue el aislamiento, sino el anclaje regional. La integración regional apareció como condición de autonomía relativa en un mundo multipolar.

La tercera definición se vincula con el territorio. El mapa estratégico que apareció en el Congreso no fue el de una Argentina concentrada únicamente en sus centros administrativos; la mirada se desplazó hacia el sur: Patagonia (muy especialmente Tierra del Fuego), Atlántico Sur, Malvinas, Antártida y estrecho de Magallanes. Tierra del Fuego, en particular, condensa una paradoja decisiva: es uno de los territorios más importantes para la proyección soberana argentina y, al mismo tiempo, uno de los más frágiles desde el punto de vista logístico.

Es una isla cuya conexión depende del cruce por Chile; es una plataforma hacia la Antártida; es una puerta al Atlántico Sur; es una pieza clave frente a Malvinas; y, sin embargo, suele ser pensada desde el centro político como un extremo lejano. La insistencia en fortalecer Tierra del Fuego y la Patagonia no debe entenderse como una consigna federal genérica, sino como una definición estratégica. Si la Argentina quiere sostener una política seria sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, no puede hacerlo con un Estado ausente o débil en su propio sur. 

• La soberanía no se declama desde la capital: se despliega, se abastece, se comunica, se patrulla, se mantiene y se financia.

En este punto aparece también el reclamo por Malvinas. La ocupación británica desde 1833 no fue presentada solo como una memoria histórica, sino como un dato persistente de la estructura estratégica argentina. La cuestión Malvinas organiza parte de la mirada sobre el Atlántico Sur, los recursos marítimos, la Antártida y la necesidad de una capacidad de disuasión frente al Reino Unido. Pero conviene precisar el término: disuasión no significa aventura militar ni retórica belicista. Significa que el país debe disponer de capacidades suficientes para que sus intereses sean tomados en serio. Sin capacidades, la soberanía corre el riesgo de convertirse en ceremonia.

Sin presencia, la reivindicación se vuelve abstracta. Sin infraestructura, la geografía estratégica se transforma en mera cartografía escolar. La discusión sobre Malvinas, entonces, no debería limitarse a la diplomacia ni a la memoria. Debe incluir logística, despliegue, vigilancia, industria, puertos, bases, radares, presencia antártica, comunicación pública internacional y una narrativa persistente que incomode al ocupante.

La cuarta definición es regional e industrial. El panel recuperó experiencias de cooperación, como patrullas combinadas con países vecinos, y puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer capacidades regionales de disuasión. También apareció la referencia a alternativas de equipamiento vinculadas con Brasil y a la posibilidad de integrar cadenas productivas con componentes nacionales. La idea de fondo es clara: la defensa puede ser también una política de integración productiva y tecnológica. La Argentina conserva capacidades industriales dispersas, empresas individuales, saberes técnicos y núcleos productivos que podrían sostener una industria de defensa. Pero esas capacidades no se ordenan solas: requieren un Estado demandante, planificación, continuidad presupuestaria, estándares, compras inteligentes y una relación madura entre sector público, empresas, universidades, Fuerzas Armadas y sistema científico-tecnológico. El desafío es no confundir industria de defensa con nostalgia industrial. La pregunta contemporánea no es solamente qué capacidades se perdieron, sino cuáles deben construirse ahora.

Porque allí aparece el quinto problema: el presupuesto. La defensa no tolera improvisación permanente. Si no hay previsibilidad financiera, no hay planificación seria. Por eso el contraste entre mecanismos de financiamiento directo y esquemas basados en venta de activos, inmuebles o stocks no es una discusión administrativa, sino doctrinaria. Una política que financia capacidades consumiendo patrimonio estatal es distinta de una política que construye capacidades a través de recursos previsibles.

La defensa necesita continuidad. Necesita salarios adecuados, obra social sostenible, equipamiento, mantenimiento, radarización, infraestructura y despliegue territorial. También necesita preservar la profesionalización militar. Si las Fuerzas Armadas son mal pagas, politizadas o sometidas a vaivenes presupuestarios, el resultado no es una defensa más austera: es una defensa más débil.

¿Qué no se dijo?

Ahora bien, el punto central no es evaluar si la concepción del PJ es correcta o incorrecta. La pregunta más interesante es qué función puede cumplir en la próxima discusión política argentina. Allí está la novedad. El peronismo parece estar intentando reconstruir una propuesta de ciudadanía a través de una idea de Estado. No habla solamente de Fuerzas Armadas; habla de soberanía, industria, territorio, recursos, integración regional, autonomía internacional y conducción política.

Hay, además, una dimensión interna que no debería pasar inadvertida. Recuperar —o recapturar— un discurso nacional sobre la defensa le permite al PJ ordenar sensibilidades que no siempre se ubican cómodamente dentro del progresismo urbano ni dentro de las gramáticas más recientes de la centroizquierda. La defensa nacional, la soberanía territorial, Malvinas, la Patagonia, la Antártida, las Fuerzas Armadas y la industria estratégica constituyen un repertorio simbólico capaz de interpelar tanto a tradiciones nacional-populares como a sectores conservadores, federalistas, productivistas o simplemente estatistas del propio peronismo.

En ese sentido, el Congreso también puede leerse como un movimiento de contención política. Si el peronismo abandona el lenguaje nacional, otros actores pueden ocuparlo. No necesariamente desde una matriz soberanista, sino desde claves neoconservadoras, securitarias o de reivindicación militar deshistorizada. 

• Allí aparece un riesgo concreto para el PJ: que parte de su electorado o de sus cuadros más sensibles a los temas de orden, defensa, Fuerzas Armadas, Malvinas y autoridad estatal puedan encontrar una referencia alternativa en expresiones como el villarruelismo o en formas de conservadurismo peronista disponibles para articularse con propuestas de derecha más dura.

La defensa, entonces, no solo funciona como agenda programática hacia afuera; también opera como mecanismo de cohesión interna y como intento de disputar un vocabulario que el peronismo no quiere ceder.

Esto puede obligar a los demás actores a responder. La Libertad Avanza deberá precisar si su mirada sobre defensa será una extensión de su alineamiento internacional y de una agenda de seguridad ampliada, o si desarrollará una doctrina nacional más compleja. El PRO y la UCR deberán decidir si intervienen con una propuesta propia, institucional y profesional, o si dejan que el debate quede polarizado entre soberanismo peronista y occidentalismo libertario. Las Fuerzas Armadas, por su parte, deberán transitar una situación delicada: no pueden convertirse en actor partidario, pero inevitablemente serán objeto de una disputa política sobre su función, su despliegue, su presupuesto y su identidad profesional.

La presencia de funcionarios chinos de la embajada fue, sin duda, uno de los datos más visibles del encuentro. Sería ingenuo no reconocer su peso simbólico. En el actual clima internacional, cualquier gesto vinculado con China, Estados Unidos o las grandes potencias será leído como mensaje. Pero reducir todo el Congreso a ese episodio sería empobrecer el análisis. La verdadera discusión no es solamente China sí o China no, Estados Unidos sí o Estados Unidos no. La discusión es si la Argentina puede formular una política de defensa desde sus propios intereses en un mundo de competencia entre potencias. 

Esa pregunta es mucho más exigente que una alineación automática. También es más difícil: exige prudencia, inteligencia estratégica, cálculo de costos, conocimiento técnico y una diplomacia que no confunda autonomía con aislamiento. Pero justamente allí se define la seriedad de una política de defensa: en la capacidad de cooperar sin perder criterio propio.

El Congreso de Defensa Nacional del PJ debe ser leído, entonces, como un síntoma y como una apuesta. Como síntoma, muestra que la defensa empieza a salir del margen y vuelve a ingresar en la conversación política democrática. Como apuesta, muestra que el peronismo cree que allí existe un espacio para reconstruir identidad, formular programa y disputar la idea de futuro. Su principal riesgo será quedarse en la reacción.

Si todo se reduce a criticar compras de armamento, denunciar alineamientos, reivindicar Malvinas o invocar la tradición histórica, la propuesta puede perder densidad. Para convertirse en una alternativa real, deberá traducir sus intuiciones en programa. El PJ parece haber encontrado en la defensa nacional una forma de volver a hablar de soberanía, territorio, industria y autonomía. Falta saber si podrá convertir esa formulación en una propuesta moderna, consistente y verificable. Y falta saber, sobre todo, si los demás actores políticos aceptarán el desafío de responder con algo más que reflejos ideológicos.

La defensa nacional ha comenzado a regresar al centro de la política. No porque todos estén de acuerdo sobre ella, sino precisamente porque vuelve a convertirse en disputa. Y en un país que durante demasiado tiempo la trató como asunto lateral, ese regreso ya es, en sí mismo, un hecho político de primera magnitud.