A través del Decreto 271/2026, el Gobierno oficializó la reforma de la Ley de Glaciares. La norma redefine qué áreas están protegidas y deja en manos de las provincias la evaluación de impacto ambiental para actividades como la minería y el petróleo.
Con respaldo de gobernadores y aliados, el oficialismo aprobó cambios clave en la Ley de Glaciares. La oposición denuncia riesgos ambientales y anticipa una disputa judicial.
Mientras Diputados debate cambios en la Ley de Glaciares, expertos advierten por un riesgo poco visible: afectar reservas de agua clave para zonas áridas.
Con apoyo del PRO, la UCR y aliados provinciales, el oficialismo logró dictamen para modificar la Ley de Glaciares y enfrenta rechazo opositor y protestas.
Con aliados en duda y presión de provincias mineras, el Gobierno negocia contrarreloj para aprobar la Ley de Glaciares en una sesión cargada de tensión.
El Ejecutivo impulsa una reforma a la Ley de Glaciares que promete reglas claras, más rol provincial y desarrollo sin trabas en zonas cordilleranas.