Del banquillo a la banca

(Columna de Facundo Matos Peychaux)

El fallo de la Corte que habilitó el 2×1 para un caso de delitos de lesa humanidad muestra la superposición entre las agendas del Poder Judicial y el Legislativo

 

La decisión de la Corte Suprema de habilitar el mecanismo conocido vulgarmente como 2×1 para el caso del condenado por cometer delitos de lesa humanidad, Luis Muiña, provocó una reacción política exorbitante.

El primer dato fue el consenso rápidamente logrado en la oposición al fallo, que mostró que más allá de no aparecer en las encuestas, los Derechos Humanos son un tema que cala hondo en buena parte de la sociedad –específicamente en un sector más politizado y movilizado– y que puede volver a estar en agenda ante hechos puntuales aún cuando haya sido corrido de la centralidad de otros momentos.

Un consenso social que mostró, como pocas veces, un veloz correlato en la dimensión política. Más allá de los dirigentes tradicionalmente vinculados a los Derechos Humanos, el repudio al fallo por parte de los organismos y referentes de Derechos Humanos, el rechazo popular expresado en las redes sociales y en la movilización a Plaza de Mayo –replicado por los medios de comunicación–, y la crítica de una parte de los especialistas jurídicos –con Ricardo Gil Lavedra a la cabeza– llevó a todo el espectro político a encolumnarse en contra de la decisión del Máximo Tribunal. Así se vio reflejado en la (casi) unánime votación de ambas cámaras del Congreso a una ley en la dirección diametralmente opuesta del órgano judicial.

En ese sentido, se vio forzado a abordar el tema el mismo Gobierno, que en los primeros días tuvo una postura que osciló entre el no referirse a la cuestión o hacerlo enmarcando el hecho en una cuestión meramente judicial. “Estoy de acuerdo con el 2×1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de La Corte al respecto. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”, planteó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en declaraciones radiales a las horas de conocida la decisión del tribunal.

Una respuesta que, por otra parte, volvió a mostrar que el PRO no tiene una política de Derechos Humanos –como sí tiene una económica, exterior, de empleo, social, etc.– y en cambio, actúa desarticuladamente y trastabillando cuando el tema irrumpe en la agenda. Es que, en torno a este aspecto, el Gobierno hace culto de la inacción: para Macri, la cuestión se circunscribe a un tema pasado que hoy solo atañe a los jueces, que gozan de independencia. “La Justicia va a tener toda la libertad que corresponde para ir a fondo y que no haya ningún tipo de impunidad”, prometía el presidente a días de asumir, en noviembre de 2015, el Gobierno que ocupa el mismo Estado que cometió los delitos que están en discusión.

 

LA POLITICA EN EL FALLO

Más allá del análisis técnico –con el cual los más destacados especialistas jurídicos llenaron decenas de entradas de blogs en los últimos días, con conclusiones a veces divergentes–, el sorpresivo fallo de la Corte habilita una serie de definiciones políticas.

“Una sentencia judicial es también una decisión política en un contexto determinado. Qué se decidió es tan importante como cuándo se decide y cómo se presenta lo decidido a la sociedad”, señala Lucas Arrimada, profesor de Derecho de la UBA, la UP y CLACSO. “En este caso, y mucho más allá de las razones técnicas del fallo, resulta fácil leer la decisión de la Corte en línea con muchos discursos negacionistas, señales y prácticas institucionales de diferentes espacios de gobierno. El Gobierno tiene una composición compleja de alianzas pero sin embargo altos funcionarios y prácticas políticas dan un contexto sumamente preocupante para esa decisión”, sostiene.

 

LA COCINA DE LA CORTE

No obstante, el fallo reflejó centralmente el nacimiento de una “nueva Corte” tras el fallecimiento de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, la renuncia de Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt y la incorporación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Gustavo Arballo, profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa, señala que “las hipótesis sobre ‘clima de epoca’ parecen decisivas a nivel del observador externo, pero necesariamente sean una explicación segura para algo que puede haber tenido factores preponderantes ‘internos’, incluso de convicciones personales estrictas y de buena fe, en la dinámica propia del tribunal”. “Ni los movimientos de Derechos Humanos ni el Gobierno fueron los grandes ganadores del fallo. La Corte parece haber usado el caso para resolver su propia interna política”, sintetiza Arrimada. Sin embargo, ambos especialistas consultados apuntan también hacia la cantidad de ministros –antes que hacia sus nombres–, ponen el foco en los votos de la minoría y también en una tendencia que la Corte registraba desde antes de su transformación reciente.

Con respecto a lo primero, para Arrimada, “el error gravísimo transversal fue reducir la Corte a cinco miembros”. “Una corte con menos voces, menos mujeres, menos diversidad, más fácil de controlar. Quizás la decisión más empobrecedora, aplaudida por la doctrina constitucional que suele trabajar para legitimar y defender a la Corte”, opina el profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho y destaca que, en cambio, “lo que es permanente en el tribunal es su presidencia, que tiene casi doce años”. Por su parte, Arballo agrega que “las cortes de menor número de integrantes generan mayorías más inestables”. “En este punto, lo cierto es que mas allá de alineamientos frecuentes, esta Corte nunca tuvo ‘bloques’ claros. Incluso fallos con mayorías claras en la superficie se explicaban desde argumentos distintos, cosa que aquí también sucedió”, plantea. A propósito de la discusión de los nombramientos de Rosatti y Rosenkrantz el año pasado, varios legisladores reflotaron proyectos para la ampliación de la Corte a siete, nueve, once y hasta trece miembros.

En segundo lugar, sobre la minoría disidente que compusieron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, Arrimada remarca el componente “estratégico” que tuvieron y los caminos que la presidencia tenía para evitar el fallo, así como también la tendencia reciente de los fallos de la Corte. “Hace varios años que está abandonando su propia jurisprudencia y pasando a una más regresiva y conservadora en materia de derechos. Mucho tiempo antes de la incorporación de sus nuevos miembros”, advierte y apunta que “en temas de prisión preventiva, Derechos Humanos, libertad de expresión y calidad institucional, la Corte Suprema siempre tuvo un discurso más progresista que su propia práctica”. En ese sentido, señala que “las grandes regresiones en su jurisprudencia que se hicieron desde hace años, se van a producir acompañando en silencio o expresamente decisiones macro”.

 

DEL JUEZ AL LEGISLADOR

En otro plano, el fallo de la Corte Suprema, como en varias oportunidades recientes, le marcó agenda al Congreso, que tuvo que salir a las apuradas a dar respuesta a una demanda que no había aparecido hasta entonces en su radar. Asimismo, la Corte, según trascendió, prepara una nueva declaración a raíz de la  prohibición de la aplicación del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad declarada por el Congreso.

Este caso muestra en parte un avance del Poder Judicial sobre una cantidad importante de temas a los que la política ha fallado en darle respuesta, como fue el caso también de la suba de tarifas de 2016. “El proyecto de ley que estamos sancionando hoy viene a solucionar un error de este cuerpo legislativo y no de la Corte”, lanzó Elisa Carrió, en ese sentido, en la sesión en Diputados en que se aprobó la ley. Que una y otra vez temas judiciales irrumpan con creciente frecuencia en la agenda política (desde Justicia Legítima hasta el 2×1, pasando por la corrupción, la violencia institucional y otros temas), parece mostrar que hay un fenómeno (de politización de la justicia o judicialización de la política, han denominado) y un problema, poco tratado e irresuelto hasta ahora.

No obstante, Arballo matiza esa lectura. “Ha habido otros casos antes, si bien menos visibilizados: jueces subrogantes, coparticipación. Se entiende desde la perspectiva de un diálogo de poderes. Revela a la vez la potencia y las limitaciones del Poder Judicial. Aparece así no en su rol estándar de umpire (parado en una silla sobre los jugadores), sino en un rol de pivot que hace circular los conflictos”, explica Arballo. “Rosatti utilizaba una metáfora que a mi me gusta, en una entrevista reciente. Dice que el legislador pinta con brocha gorda, y luego el juez puede ir con el pincel más fino, a corregir el caso concreto, a traves de interpretacion de la ley, de inconstitucionalidad. Sus roles son complementarios. El juez no puede pretender pintar una pared con un pincel. Y el legislador que usa la brocha gorda no puede prescindir de esa corrección”, añade. “La política no puede trasladarle sistemáticamente la resolución de sus temas divisivos y controversiales, o de solución muy compleja, a la Justicia”, advierte, no obstante.

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Una Respuesta a Del banquillo a la banca

  1. Luis Esteban Vivacqua dijo:

    va

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