O Império Da Lei

(Columna de Luciana Berman y Felipe Vega Terra)

La sensible situación brasileña invita a pensar posibles escenarios políticos en función de los intereses y las posiciones de los principales actores.

Desde hace un año y medio Brasil se encuentra inmerso en una crisis institucional de la cual no logra recuperarse. El año pasado la ex presidenta Dilma Rousseff fue destituida tras ser sometida a un juicio político que le costó sus apoyos partidarios y, por lo tanto, su cargo. La presidencia fue asumida por el entonces vicepresidente Michel Temer del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en un contexto de cuestionamiento de su legitimidad y criticado por haber abandonado la coalición de gobierno que mantenía a Rousseff en el poder.

Un año después, aquellos que equiparaban al impeachment con un golpe de Estado están llamando hoy a la destitución de Temer tras el descubrimiento de su implicancia en graves delitos de corrupción. Las opciones para que el líder del PMDB termine el mandato son tres: mediante una renuncia, alternativa que él mismo ya descartó; a partir de un juicio político, lo cual sería posible si la coalición de gobierno que lo mantiene en el poder –aquella que destituyó a Rousseff- se rompe; o si el Tribunal Superior Electoral (TSE) anula las elecciones de 2014, en la que resultó ganadora la fórmula Rousseff-Temer, por financiamiento ilegal de la campaña. Todo indica que esta última opción sería descartada por el TSE aunque, si efectivamente tomara dicha decisión, el presidente ya anunció que apelaría.

A partir de este escenario, surgen una serie de interrogantes. En primer lugar, qué implicaría un nuevo juicio político en un país que atravesó el mismo proceso hace un año. Está claro que el procedimiento está contemplado en la Constitución de Brasil para resolver las crisis políticas cuando se presentan en un régimen presidencial. Sin embargo, utilizarlo regularmente como el voto de censura parlamentario debilita aún más el sistema político, en lugar de flexibilizarlo. El voto de censura parlamentario contempla la conformación de coaliciones parlamentarias, procedimiento natural en un régimen de esas características. Sin embargo, en un presidencialismo con las particularidades de Brasil –un sistema electoral con listas desbloqueadas que lleva a un sistema partidario altamente fragmentado-, un nuevo impeachment implicaría un proceso de selección presidencial distinto al voto popular. Sería el Poder Legislativo el que tuviera que elegir un nuevo presidente en un plazo de 30 días luego de la destitución. Si la llegada de Temer a la presidencia atrajo críticas acerca de su legitimidad, lo mínimo que el pueblo brasileño reclamaría en este caso sería la falta de participación popular en la nominación del nuevo presidente interino.

En segundo lugar, el otro interrogante clave refiere al rol del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Las reacciones del partido una vez desatado el escándalo que golpeó a Temer fueron oscilantes y ambiguas desde el principio, incluyendo declaraciones contradictorias de ministros del actual gabinete de Temer y ex presidente, Fernando Henrique Cardoso. Hace algunas semanas esas posiciones contradictorias se consolidaron en una sola en la Cámara de Diputados: un grupo del partido encabezado por un considerable sector de la bancada tucana (se especula que ascienden a 20 miembros de un total de 46) viene planteando la necesidad de abandonar el gobierno de Temer y quitarle su apoyo legislativo impulsando un nuevo impeachment. Este grupo se caracteriza por reunir a los dirigentes más jóvenes de la formación y viene sumando acercamientos, incluyendo a la dirección del partido en el estado de Río de Janeiro y al ministro de Ciudades Bruno Araujo.

Por otra parte, se nuclean los caciques territoriales y líderes de mayor trayectoria del partido, quienes defienden seguir sosteniendo su apoyo a Temer y su permanencia en el gobierno: entre ellos se encuentran Fernando Henrique Cardoso, el ministro de Relaciones Exteriores Aloyso Nunes y el gobernador paulista Geraldo Alckim. Lo cierto es que el PSDB se encuentra frente a un duro dilema: el sector rupturista es encabezado por diputados que, en muchos casos, el año entrante deberán afrontar el desafío de reelegir sus bancas, lo que los lleva a priorizar la necesidad de alejarse del impopular gobierno de Temer y del escándalo en el que se encuentra inmerso.

En el otro extremo los caciques y líderes del PSDB tienden a priorizar la necesidad de recomponer la competitividad nacional del, hasta ahora, otro gran partido presidencial de Brasil que se encuentra en muy malas condiciones para afrontar una contienda electoral anticipada o la construcción de una mayoría legislativa para un sucesor elegido indirectamente: los escándalos de corrupción que tuvieron su clímax con el golpe a Temer incluyeron también un duro coletazo para los tucanos ya que Aécio Neves, senador suspendido y presidente del partido, también fue alcanzado por las ultimas revelaciones. El PSDB es el actor clave para definir si una salida de Temer es posible o si podrá seguir agonizando en el refugio del Planalto y ese curso de acción dependerá en buena medida de la forma en la que se salde este dilema en el que se encuentran hoy los tucanos.

Por último, es interesante analizar quiénes son los actores que más beneficiados se verían ante la destitución de Temer y el llamado a elecciones anticipadas. Por un lado, el ex presidente petista Lula da Silva podría competir en dichas elecciones haciendo uso de su popularidad y realizar una campaña en contra de Temer. De esta manera, el PT que fue tan golpeado el último año tras la salida de Rousseff, comenzaría un proceso de reconstrucción partidaria. Por su parte, Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Lula, se halla segunda en los sondeos y se consolida como candidata crítica de la corrupción y del escándalo que afecta a todo el sistema político.

En términos generales, a ningún actor político le conviene la salida de Temer del gobierno en la medida en la que ello implique un mecanismo de sucesión por elección parlamentaria.

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