Cuando la política local se vuelve irrelevante

Por Marcos Falcone UTDT

Sabemos que en Argentina el nivel de centralización fiscal es alto, es decir que la mayor cantidad de impuestos es recaudada por el Estado nacional. Éste, por cierto, puede en la práctica cederlos de manera relativamente arbitraria, mientras son provincias y municipios los que enfrentan la mayor cantidad de gastos. La combinación de ambas situaciones es explosiva: las unidades subnacionales están permanentemente con la soga al cuello. ¿Qué sucede, entonces, con la gestión local de los recursos? Naturalmente, se vuelve ineficaz o pierde relevancia.

También sabemos que hay reglas electorales en Argentina que están centralizadas en los partidos. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la selección de candidatos no depende de ellos mismos o del electorado, sino de la afinidad de los aspirantes con quienes “tienen la lapicera” y les permiten serlo. Y en un contexto en que los partidos principales no son de carácter municipal, ¿qué sucede con la política local? Naturalmente, pierde relevancia.

La idea de este artículo es desarrollar un argumento, y ejemplificarlo de manera local, para afirmar que los fenómenos que surgen de la “nacionalización” de la gestión y de las elecciones son indeseables porque debilitan los mecanismos de rendición de cuentas esenciales de cualquier régimen democrático.

La nacionalización de la gestión, en efecto, surge a partir de la centralización fiscal: la “gestión” no ocurre en el territorio gobernado porque sus arcas están vacías. Así, una vez que los vientos electorales pasan, es bastante normal ver gobernadores e intendentes que viajan a Buenos Aires a pedir auxilio financiero para el gasto corriente (pues en circunstancias de ahogo presupuestario es una rareza que gobiernos subnacionales gestionen inversiones de largo aliento). Aunque esta lógica también puede producirse entre gobernadores e intendentes, esto generalmente solo puede suceder si existe un entendimiento entre el Estado nacional y el provincial que permita cierta soltura del segundo, por lo que la llave última siempre la tiene el primero.

Al mismo tiempo, se verifica en ciertas unidades subnacionales la existencia de una “nacionalización de las elecciones” poco variable en el tiempo. En las elecciones de 2017, por caso, los resultados de las fuerzas más importantes no parecen sufrir divergencias decisivas que hagan que, para un municipio cualquiera, una fuerza se imponga en categorías nacionales pero otra lo haga en las provinciales o municipales. El hecho de que todos los candidatos deban ser aprobados por la misma “lapicera” contribuye, posiblemente, a alinear las listas de cada categoría entre sí y así a generar triunfos simultáneos en distintas categorías, aunque naturalmente también puedan existir otras causas.

La frecuencia con que ambos fenómenos están asociados puede variar, pero su existencia simultánea ciertamente es plausible y hay, por lo menos, un caso emblemático contemporáneo que hoy la confirma: la ciudad de Mar del Plata. En el municipio de General Pueyrredón, que la contiene, la gestión está hoy “nacionalizada” y en el mejor de los casos “provincializada”: con un déficit fiscal crónico cercano al 10%, el intendente, que desdeñaba a sus predecesores por viajar constantemente a La Plata y Buenos Aires y prometía no salir de la ciudad, debe recorrer el mismo camino que ellos solamente para poder pagar sueldos y garantizar servicios esenciales (como la recolección de basura). Las obras públicas, cuando hay, están a cargo de la provincia o la nación y así ocurren situaciones grotescas, como el hecho de que la nación invertirá prácticamente el equivalente a un mes del presupuesto municipal en construir un Metrobus de impacto y apoyo locales tendientes a cero mientras el estado de las calles no afectadas, como el del resto de la infraestructura, adolece de graves fallas.

General Pueyrredón es también un caso de nacionalización de elecciones. El intendente, de Cambiemos, tiene debido a los problemas señalados y a su estilo polémico una imagen negativa de entre el 60 y el 70%; sin embargo, Cambiemos ganó las PASO locales con el 40% de la mano de candidatos seleccionados fuera de la ciudad sobre los que no hubo confirmaciones hasta el plazo límite de presentación de listas. A la cabeza de los candidatos, por cierto, estuvo una primera candidata a concejal que había sido destituida de la presidencia del concejo deliberante y perdido claramente la interna de Cambiemos en 2015 para intendente después de que se filtrara un video suyo en el que pedía una coima a sindicalistas para dar tratamiento preferencial a un proyecto de su interés. Todo esto da lugar a otro fenómeno grotesco: tanto el intendente como la primera candidata a concejal pueden vanagloriarse por el resultado de la elección pese al evidente y generalizado rechazo (o al menos apatía) de la ciudad por ambos.

Este confuso escenario se presenta quizás de manera más exacerbada en Mar del Plata, pero también es posible observarlo por lo menos en otras ciudades bonaerenses como Bahía Blanca y La Plata o entre los gobiernos de la propia provincia de Buenos Aires y la nación: gestiones locales que son, como mínimo, discretas, y que están en parte estructuralmente limitadas por un déficit heredado y difícil de resolver, ganan elecciones claramente pero más por lo que hacen las unidades por encima de ellas que lo que hacen por sí mismas. La gestión y la política locales, así, pierden toda relevancia: no pueden resolver sus problemas ni validar sus gestiones de manera coherente en las urnas.

Que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires es un aforismo que aparece como verdadero hasta para quien no es religioso, pero que sea verdad no significa que sea bueno. Si a la hora de votar es imposible asignar responsabilidades porque los responsables por el estado de cosas no aparecen en las boletas, entonces la democracia se vacía de sentido. Hoy, las centralizaciones fiscal y electoral están contribuyendo a que exista confusión acerca del destino de fondos y votos en el nivel local. Si la situación no cambia, ciudades y provincias seguirán a la deriva.

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