Derechos humanos y política exterior

Por Tomás Múgica

 

A comienzos de los ´80 Nicaragua era un foco de esperanza para las izquierdas latinoamericanas. Hoy es una fuente de problemas. En las últimas semanas de junio el gobierno de Daniel Ortega (FSLN-Frente Sandinista de Liberación Nacional) detuvo a los principales líderes opositores, incluyendo cuatro aspirantes a la presidencia. Las elecciones de noviembre próximo, en las cuales Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo, tendrán lugar en un contexto de represión política.

Desde su elección en 2006, Ortega y su mujer Rosario Murillo han concentrado poder político y económico. A la creciente restricción de las libertades civiles y políticas y el sometimiento del Congreso y el Poder Judicial al control del Ejecutivo se suma la notoria acumulación de riqueza en manos de los Ortega-Murillo y su entorno inmediato. El autoritarismo político fue acompañado por la implementación de una política económica ortodoxa, en alianza con el empresariado local y con una fuerte presencia de la inversión extranjera. El apoyo a una agenda de valores conservadora abonó la cercanía con las Iglesias católica y evangélica.

A partir de 2018 la situación dio un vuelco. Una movilización de rechazo a la reforma en el sistema de pensiones derivó en una ola de protestas generalizadas contra el gobierno y la respuesta represiva por parte de éste. El saldo fue de más de 300 muertos, numerosos detenidos y exiliados, la ruptura del esquema de alianzas doméstico y un repliegue de Ortega sobre sus leales. Desde entonces la represión se ha intensificado; e incluye a antiguos compañeros de ruta del presidente en la Revolución Sandinista, como Sergio Ramírez y Dora Téllez.

En el plano externo, hasta 2018 el gobierno de Ortega transitó una senda más ecléctica y pragmática de lo que pretende el estereotipo bolivariano. Por un lado sostuvo la alianza con Cuba y Venezuela en el marco del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, del cual también es parte Bolivia y varios micro-Estados caribeños), más un vínculo intenso con Rusia y una calculada ambivalencia frente a China (Nicaragua aun reconoce a Taiwán).

Por el otro mantuvo la integración de Nicaragua en el DR-CAFTA (Dominican RepublicCentral America Free Trade Agreement), el acuerdo de libre comercio que liga a los países del istmo centroamericano –con la excepción de Panamá- y la República Dominicana con Estados Unidos. El mercado norteamericano representa más del 60 % de las exportaciones nicaragüenses; también provienen de Estados Unidos el 60% de las remesas enviadas por migrantes. Un anti-imperialismo obligado al pragmatismo.

Derechos humanos y no intervención

Ante la detención de opositores, un grupo de países -entre ellos Estados Unidos, Brasil y Chile- impulsó una resolución de condena en el marco de la OEA, que resultó aprobada con 26 votos a favor, tres en contra (Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas) y cinco abstenciones, entre ellas las de México y Argentina. Estos dos últimos países emitieron un comunicado explicando su posición, con fundamento en el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Balanceando parcialmente esa decisión, el 21 de junio nuestro país –al igual que México- llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, en una manifestación de preocupación por la escalada de represión política.

En una línea parecida, el 22, Argentina expresó su preocupación por la situación nicaragüense en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque sin adherir a un comunicado firmado por 59 países, que insta al gobierno de Ortega a cesar la persecución a opositores.

¿Cómo analizar el voto argentino en la OEA y más en general su posicionamiento frente a la crisis nicaragüense? La postura argentina fue criticada por actores externos, como Estados Unidos y Human Rights Watch– pero por sobre todo generó un fuerte debate a nivel doméstico: las principales fuerzas de oposición condenaron de manera unánime el voto de nuestro país, entendido como un respaldo tácito al gobierno de Ortega, mientras un sector del Frente de Todos (FdT) –referenciado en Sergio Massa- intentó diferenciarse de la posición oficial, remarcando durante una gira por Estados Unidos que es inadmisible que haya presos políticos en Nicaragua. Unanimidad de la oposición y heterogeneidad de la coalición gobernante.

El debate sobre la posición argentina se enmarca en controversias más amplias y más antiguas. Al igual que las disputas sobre la crisis venezolana, la votación en la OEA pone de manifiesto la tensión -que afecta el posicionamiento de los gobiernos progresistas y nacional-populares de la región frente a las dictaduras de izquierda- entre anti-imperialismo (en cuanto oposición a la intervención norteamericana en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos) y la defensa de los derechos humanos.

La larga historia de intervenciones norteamericanas en la región, especialmente en la Cuenca del Caribe, y el respaldo a dictaduras anti-comunistas durante la Guerra Fría alimenta la desconfianza. La historia de la propia Nicaragua es testimonio de esas políticas: basta recordar la invasión de marines entre 1927 y 1933, contra la cual combatió Augusto César Sandino, el respaldo a la dictadura de los Somoza y el apoyo de Reagan a los Contras que buscaban derrocar al gobierno sandinista instalado en 1979.

A esa desconfianza se suma, en la actual coyuntura, la reticencia frente al accionar de la OEA –entendida como un instrumento de Estados Unidos- y la desaprobación de la tarea del secretario general Luis Almagro, especialmente por su actuación frente al golpe en Bolivia y la crisis en Venezuela.

Existe también otra historia, que influye sobre el posicionamiento de los gobiernos. El legado de violaciones masivas a los derechos humanos, perpetradas por dictaduras latinoamericanas de variado signo ideológico, no puede ser soslayado; menos aún luego de la revalorización de las libertades individuales por parte de los movimientos populares de la región que acompañó el proceso de redemocratización. En resumen, para los gobiernos cuya identidad política los inclina a posiciones críticas de Estados Unidos, resulta difícil pasar por alto la represión, aun si es ejecutada por un gobierno que sostiene un discurso anti-imperialista. Más temprano que tarde, hay un costo reputacional a pagar ante actores externos y audiencias domésticas.

Una nota adicional: si la tensión entre no intervención y defensa de los derechos humanos se manifiesta en el voto argentino en la OEA y las acciones posteriores, en el posicionamiento de otros sectores del FdT –más allá de las convicciones democráticas- hay también un elemento de pragmatismo que privilegia el vínculo con Estados Unidos en un momento en el cual Argentina necesita el apoyo de ese país en el terreno financiero.

 

Derechos Humanos y soft power

Finalmente, la controversia en torno a la situación en Nicaragua ayuda a poner en perspectiva al área de derechos humanos como un elemento importante de la política exterior argentina. Se trata de un tema en el cual nuestro país tiene un recorrido importante y un prestigio que se debe mantener y acrecentar.

La acción internacional del gobierno argentino en materia de derechos humanos puede pensarse en base tres principios ordenadores.

En primer lugar, la fidelidad a una historia signada por la violencia política y el terrorismo de Estado, que vuelven moralmente inaceptable el respaldo o la indiferencia frente a políticas represivas en otros Estados.

Segundo, las consideraciones de prestigio (y por tanto de soft power): desde el retorno de la democracia, nuestro país ha ganado reputación internacional en el ámbito de los derechos humanos; basta recordar, por ejemplo, la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense para la identificación de personas desaparecidas en diversos países del mundo y la participación argentina en desarrollos normativos como el derecho a la Verdad.

Tercero, un balance realista entre la defensa de ciertos valores y la capacidad de promoverlos en la práctica. Resulta claro que para Argentina es muy difícil influir en la situación de derechos humanos en regiones alejadas de su entorno inmediato, como el Este de Asia o el África Subsahariana. Puede, sin embargo, ejercer una influencia considerable en el resto de los países de la región, dónde su peso político es mayor. Todo ello lleva a pensar que en casos como el de Nicaragua es preferible un voto claro a favor de las libertades, aunque exista alguna incomodidad acerca de un eventual intervencionismo norteamericano.

La política exterior está hecha de equilibrios sutiles, en los cuales se expresan convicciones y valores, necesidades prácticas y posibilidades concretas. Se trata de defender nuestros intereses sin renegar de nuestros valores, sobre los cuales existe un fuerte consenso doméstico tras casi cuarenta años de democracia. Por el bien de nuestro país, deberíamos ser capaces de traducir esos acuerdos internos en lineamientos de política internacional sólidos y duraderos.

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