Política y dinero en versión chilena

(Columna de Tomás Múgica)

La coyuntura presenta una oportunidad para que la dirigencia chilena reconcilie a los ciudadanos con la política.

Desde el retorno de la democracia, Chile se ha caracterizado por una combinación de baja politización con instituciones sólidas, al menos para los estándares de la región: una sociedad con una participación política más bien débil –como quedó de manifiesto en los comicios de 2013, cuando la abstención llegó al 58% en la segunda vuelta electoral– pero que al mismo tiempo cuenta con partidos políticos fuertemente institucionalizados y un consistente patrón de diálogo y consenso entre los poderes del Estado.

Ese cuadro parece invertido por estos días. La política cautiva el interés de la sociedad chilena, pero lo hace al mostrar el costado débil de sus instituciones. El sistema político chileno está atravesando una importante crisis de legitimidad, a causa de dos escándalos vinculados al financiamiento de la política y el tráfico de influencias: el caso Penta, que afecta especialmente a uno de los dos principales partidos de la oposición, la Unión Democrática Independiente (UDI), y el caso Caval, que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

El caso Penta implica a importantes dirigentes de la UDI –uno de los dos principales partidos de oposición que, junto a Renovación Nacional (RN), forman la Alianza–, quienes recibieron aportes de campaña irregulares de parte del grupo empresarial Penta, en forma de honorarios por trabajos no realizados. A su vez, los aportes fueron utilizados por el grupo como herramienta para evadir impuestos.

La UDI, fundada por Jaime Guzmán –ideólogo de la Constitución de 1980 y unos de los principales soportes políticos e intelectuales del pinochetismo– es un partido conservador, que mantiene un vínculo estrecho con la élite empresaria chilena al tiempo que ha logrado una fuerte penetración en los sectores populares. El grupo Penta es uno de los principales conglomerados económicos del país, nacido durante la dictadura de Augusto Pinochet y con fuertes vínculos con la misma. Entre los implicados se encuentra Pablo Wagner, subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera y Jovino Novoa, uno de los fundadores de la UDI. También los dos controladores del grupo Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano. Los directivos de la UDI han realizado un pedido público de disculpas y han mostrado su disposición para colaborar en la investigación, pero el golpe ha sido grande: los niveles de aprobación del partido se sitúan en 19%.

Si el caso Penta impacta sobre la oposición, el caso Caval afecta de manera directa al Gobierno. Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet, obtuvo un crédito del Banco de Chile por US$ 10 millones para la empresa Caval, controlada en 50% por su esposa Natalia Compagnon. El crédito, aprobado un día después del triunfo de Bachelet en el balotaje, fue destinado a una operación inmobiliaria especulativa, que le permitió a Caval ganar US$ 5 millones en pocos meses. El Banco de Chile es controlado por la familia Luksic, dueña de otro de los grandes grupos económicos del país. Las sospechas de tráfico de influencias son justificadas.

Como consecuencia del escándalo desatado, Dávalos renunció a su cargo de la Dirección Socio-Cultural de la Presidencia y al Partido Socialista. La Presidenta, que durante 2014 logró importantes avances en su agenda, mediante la aprobación de las reformas tributaria y educativa, y que ha hecho de la lucha contra la desigualdad la principal bandera de su gestión, está sufriendo el impacto: su aprobación cayó y se sitúa en 39%, la más baja desde que comenzó su segundo mandato. Las críticas también arrecian al interior de la coalición oficialista Nueva Mayoría, especialmente desde los sectores democristianos. En un intento de recuperar la iniciativa, el Gobierno ha prometido enviar un nuevo paquete de medidas relativas al financiamiento político.

El caso Penta y el caso Caval ponen de relieve la verdadera naturaleza de los vínculos entre el poder político y económico en Chile. El financiamiento irregular de la política y el tráfico de influencias son indicadores de una esfera política que pierde autonomía frente al mercado. Pero la actual coyuntura también representa una oportunidad para que la dirigencia chilena –Gobierno y oposición– afronte un importante desafío: el de reconciliar a los ciudadanos chilenos con la política. Los datos del Latinobarómetro indican que Chile es la sociedad latinoamericana con menor interés en la política: sólo el 17% demuestra algún interés. Ciertamente, los hechos de corrupción, cuando se exponen a la vista de la opinión pública, acrecientan el desprestigio de la política y de los políticos. Pero el desencanto tiene raíces más profundas: muchos chilenos entienden que la política no ha brindado respuestas adecuadas a algunas de sus necesidades más acuciantes, como la educación, la salud o la protección en la vejez. Reconstruir el lazo de los ciudadanos con la política no sólo requiere garantizar una mayor transparencia. Se trata, también, de mostrar que los gobiernos responden a las demandas de los ciudadanos y que los partidos representan alternativas reales y diferenciadas. Se trata, en fin, de ampliar las fronteras de lo políticamente posible.

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Problemas económicos y políticos en la región
6 years ago

[…] de campaña de Bachelet, y como resultado han renunciado todos sus ministros. Como explicaba una columna recientemente publicada por Tomás Múgica en el estadista, “el sistema político chileno está atravesando una importante crisis de […]

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