Todo lo que se pueda privatizar, se privatizará. Esa frase pronunciada por Javier Milei dos semanas antes de asumir la presidencia anticipaba la llegada de una segunda ola de venta de empresas estatales tras el proceso privatizador de la década del 90. Esas presunciones tomaron más fuerza aún con el envío al Congreso del proyecto de la llamada Ley Bases, que incluyó un extenso listado de 41 compañías sujetas a ser privatizadas, desde YPF al Banco Nación, pasando por Aerolíneas Argentinas, los medios públicos de comunicación y Correo Argentino, entre otras.
Sin embargo, casi dos años después, aquella ola parece haber perdido casi toda su fuerza. De hecho, hasta ahora solo se concretó la venta de una sola compañía estatal, que no había sido incluida en la Ley Bases: Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) pasó a manos de la estadounidense Arc Energy por apenas U$S 27 millones. ¿Qué pasó para que el impulso inicial se fuera apagando?
"Entre varias razones, uno de los problemas es la falta de gestión: el gobierno nacional designó funcionarios a cargo de las privatizaciones que han tenido que aprender sobre la marcha los procesos que tiene que llevar adelante un estado para garantizarse que esté cumplido legal y formalmente una venta", dijo a El Economista Martín Kalos, director ejecutivo de EPyCA Consultores. "A los funcionarios del gobierno de Milei les está costando mucho llevar adelante esos procesos", agregó.
Esa deficiencia en la gestión es una de las diferencias con el proceso ocurrido en los 90, más allá de la evaluación que se haga sobre los resultados finales de aquella experiencia. "En esa época estaba en el gobierno la Fundación Mediterránea, por ejemplo, que había estado trabajando durante años en la reforma del mercado del gas y la electricidad", dijo a El Economista Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL. "Hoy no hay equipos en el gobierno trabajando de igual forma", agregó.
Además de esos déficits, tampoco existe hoy un claro interés de empresas privadas dispuestas a tomar riesgos en Argentina. La principal razón es que los crónicos interrogantes sobre el rumbo económico aún no han sido despejados, ni mucho menos. "Sin contar la venta de ENTel, las privatizaciones más importantes de la década del 90 se hicieron con el régimen de convertibilidad ya vigente", dijo Urbiztondo. "En cambio, hoy todavía no salimos de la fase de estabilización".
Esas dudas se amplifican con otras incertidumbres propias de un manejo oscilante del rumbo económico. "En la privatización de una empresa de servicios públicos, como AySA, no hay claridad sobre cómo se ajustarán las tarifas y los subsidios, y en ese sentido el actual gobierno también ha sido errático: permitió fuertes aumentos de tarifas en el primero año, pero ya en el segundo, durante el período electoral, frenó nuevos incrementos para que no subiera la inflación", dijo Kalos. "A eso se agregó el problema de la apreciación cambiaria excesiva que hubo hasta hace un par de meses, lo que generó que las empresas argentinas estuvieran caras en dólares".
Avance lento
Ese cúmulo de razones viene frenando el avance del acotado listado de empresas a privatizar que quedaron en pie luego de las negociaciones con un sector de la oposición para destrabar la aprobación de la Ley Bases. Tras esa transacción, de la lista original de 41 compañías a ser privatizadas o concesionadas solo quedaron ocho: Energía Argentina (Enarsa), Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales.
Aún con ese recorte, no hubo una aceleración del proceso de venta de las compañías que sí tuvieron la anuencia del Congreso. La privatización de las rutas es un ejemplo. El plazo para la recepción de ofertas para la concesión de 741 kilómetros de la llamada Ruta del Mercosur, la primera licitación dentro de un plan que incluyen 9.155 kilómetros de rutas nacionales, ya fue prorrogado dos veces. La nueva fecha pasó al 8 de octubre, aunque no se descarta una nueva postergación para después de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre. En todo caso, las sucesivas prórrogas impactan sobre el resto del cronograma.
También viene con demoras el proceso de privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A. Luego de que en octubre de 2024 el gobierno informó que se había iniciado el proceso de privatización, en julio pasado lo volvió a poner en marcha con un nuevo anuncio. Las distintas etapas, que abarcarán el plazo de un año, se iniciarán con el remate público del material rodante, continuarán con la concesión de las vías y talleres, y la posterior disolución y liquidación de la sociedad estatal. Belgrano Cargas tiene una red total de 7.600 kilómetros de vías de las líneas de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.
En otros casos, las privatizaciones previstas por el gobierno están en duda ante la desfavorable relación de fuerzas del gobierno en el Congreso. Buena parte de la oposición está trabajando en la elaboración de un proyecto para declarar al sistema nuclear argentino como "bien público estratégico no enajenable", lo que frenaría los planes de privatización del 49% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la operadora de las centrales Atucha I, II y Embalse.
El rechazo de sectores opositores está basado en la necesidad de que el estado no se desprenda del Proyecto CAREM. Esa iniciativa, que incluye el diseño y construcción de un reactor nuclear de baja potencia -uno de los primeros de ese tipo en el mundo- por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, contiene información valiosa.
A falta de privatizaciones, cierres
La extensa serie de causas que han venido frenando el plan privatizador del gobierno de Milei parecen haber confluido en la fallida licitación de la Vía Navegable Troncal, la hidrovía por donde transita el 75% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores del país. Si bien no se trata estrictamente de una privatización dado que esa vía navegable clave está concesionada a privados desde mediados de la década del 90, el fracaso del proceso licitatorio para seleccionar un nuevo concesionario impidió al gobierno de Milei exhibir ese caso como un modelo para atraer a nuevos interesados en el proceso de venta de activos estatales.
Pese a haber once firmas inscriptas para participar, la única oferente fue DEME, la compañía que más había cuestionado el proceso licitatorio con reclamos administrativos y denuncias judiciales bajo el argumento de que estaba direccionado a favor de la empresa belga Jan de Nul, la actual contratista del dragado y ex concesionaria de la hidrovía. La licitación fue anulada y ahora se espera una nueva convocatoria mediados del año próximo. "Es un mal antecedente porque para quien hace el trabajo de postularse como oferente queda reflejado que no hay una claridad en el negocio propuesto por la contraparte, que sería el gobierno argentino", dijo Kalos.
En otros casos, los errores en la gestión derivaron en perjuicios para el propio estado. De hecho, la única privatización concretada hasta ahora no está exenta de cuestionamientos. "El gobierno de Alberto Fernández, que había estatizado parcialmente IMPSA, no ejecutó el plan de negocios diseñado para esa compañía y el actual gobierno hizo que la empresa no se presentara a ninguna licitación durante el año que la tuvo bajo su gestión", dijo Kalos. "Al no tener flujo de ingresos, el precio de venta fue lamentablemente mucho más bajo del que podría haber sido", añadió.
Ante las dificultades para concretar procesos de venta, el gobierno de Milei utilizó la motosierra para avanzar en algunos casos directamente con el cierre o disolución de empresas. Es el caso de la agencia de noticias Télam -fue rebautizada como Agencia de Publicidad del Estado bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima Unipersonal- y de la Administración General de Puertos (AGP), encargada de gestionar puertos clave como el de Buenos Aires.
El mismo destino parecía aguardar a Aerolíneas Argentinas. El propio Milei planteó que "si no la aceptan los empleados, se cerrará". Sin embargo, ninguna de esas opciones avanzó. Por un lado, la falta de consenso con los sindicatos obturó la salida de entrega de la empresa a los trabajadores. Por el otro, tampoco asoma viable ni política ni socialmente el cierre de la aerolínea de bandera, más aún cuando la empresa registró el año pasado una ganancia contable de $271.000 millones, el primer resultado anual positivo desde su reestatización en 2009.
A diferencia de lo que sucedía a inicios de los '90 cuando predominaba en la opinión pública una corriente a favor de la necesidad de que el Estado se desprenda de empresas deficitarias, hoy no parece haber una demanda mayoritaria en ese sentido. Eso, sumado a las deficiencias a la hora de gestionar los procesos de venta, promete mantener aplacado el impulso privatizador que exhibía la Casa Rosada al inicio de la gestión.
"El gobierno está enfocado exclusivamente en lo fiscal y en las desregulaciones, mientras que las reformas estructurales, que incluyen privatizaciones, parecen haber sido dejadas de lado", dijo Urbiztondo.
"Para avanzar, otra lección de los '90 es que hay que lograr consensos porque eso aporta a la sostenibilidad posterior a la privatización, pero eso requiere una actitud de búsqueda de ese consenso, algo que hoy está en duda".
