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2013: mejor que decir?

22-12-2012
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(Columna de Nicolás Tererschuk)

Hacer “rendir” en votos la creciente intervención del Estado dependerá de cómo avance la gestión en los distintos ámbitos alcanzados.

La verdadera novedad “política” de 2012 ha sido el avance del Estado sobre territorios donde antes primaba el mercado. Esa estrategia del Gobierno ?buscada o alentada por la necesidad? define, a su vez, dónde se jugarán buena parte de sus posibilidades electorales el año próximo y más allá. Repasemos.

Puede decirse que el “año 2012” comenzó para la gestión de Cristina Kirchner tres días después de las elecciones del 23 de octubre de 2011, cuando obligó a empresas mineras y petroleras a liquidar divisas en el mercado local. Unos días más tarde, la Afip anunciaba que las compras de dólares debían ser previamente autorizadas por el ente recaudador. Daba inicio así a la intervención sobre el mercado de cambios que tuvo su medida más sonora con la prohibición de la compra de divisas para atesoramiento, oficializada en julio pasado.

La “sintonía fina” tuvo una cara de enfrentamiento con sectores sindicales. El 22 de noviembre de 2011, en el discurso ante la Unión Industrial Argentina (UIA), la Mandataria reelecta estrenó aquel concepto. Y se opuso a la idea de fijar la distribución de dividendos de las empresas a los trabajadores por ley. Un año más tarde impulsó la nueva ley de riesgos de trabajo, cuestionada por sectores gremiales. Se trató de dos “guiños” a los empresarios. Pero el grueso de las múltiples medidas económicas adoptadas este año por el Gobierno disgustó a los hombres de negocios por el avance que implicaron sobre el mercado. Además de la intervención en el mercado de cambios y los controles a las importaciones, grandes ejes de intervención, entre esas medidas de avance “territorial” del Estado sobre la economía pueden contarse:

-La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que provee a la autoridad monetaria de más poder de control sobre el sistema financiero.

-La nacionalización de la empresa privada más grande del país: YPF y, como consecuencia de ello, de la distribuidora Metrogas.

-La reforma del mercado de capitales, con mayores potestades de control para el Estado.

-El lanzamiento del Plan Pro.Cre.Ar, con fondos de la Anses en tándem con el Banco Hipotecario, que busca impulsar la construcción de viviendas familiares “nuevas”.

Como medidas laterales a estas puede mencionarse:

-El anuncio de que la empresa estatal ARSAT explotará frecuencias de telefonía celular.

-Las compañías mineras restringieron el giro de utilidades y dividendos en unos US$ 800 millones. Esas empresas se comprometieron, además, a “sustituir importaciones”.

-Por acción de representantes del Estado en los directorios de grandes compañías, se redujo la distribución de utilidades, que fueron destinadas a reinversión.

-Los bancos privados fueron obligados por el Banco Central a presar 5 de cada 100 pesos captados de sus depositantes privados a empresas para inversiones productivas.

-Se aplicó un nuevo régimen a las aseguradoras, por el cual el Gobierno espera aumentar de 88 a 7.000 millones los fondos que van del sector a inversiones productivas.

-Con la creación de un Ministerio de Transporte aumentó el control del Estado sobre los subsidios a las empresas de colectivos y se dejaron caer las concesiones de la empresa TBA ?de los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, procesados junto con funcionarios por la tragedia de Once? sobre las líneas Mitre y Sarmiento. También intervino el Belgrano Cargas.

A esta avanzada habría que agregar la disputa por la aplicación de la Ley de Medios, a la que el Estado pasará a regular, según esa normativa, qué proporcionalidad del mercado audiovisual le corresponde a cada grupo empresario.

Con este nivel de protagonismo en el ámbito económico adoptado en poco más de un año, que implica un salto al menos cuantitativo con respecto al Gobierno de Néstor Kirchner, se define también cuál será el territorio en el que se jueguen las chances “electorales” del sector político comandado por la actual jefa de Estado. Así, la posibilidad de hacer “rendir” en votos esta capacidad de intervención del Estado dependerá de cómo avance la gestión en cada uno de esos distintos ámbitos de acción y también, en general, como un todo. El fin de las filas de automóviles en las estaciones de servicio ante cada fin de semana largo luego de la nacionalización de YPF funciona como una metáfora de esa potencialidad, que no está exenta de riesgos.

La forma en que esos nuevos ámbitos de intervención se acoplen e integren de cara a la posibilidad de que se registre más crecimiento y más creación de empleo en 2013 que en 2012 será también un elemento clave en términos “políticos”. Para un Gobierno que ya lleva nueve años en el poder y que tiene como estrategia avanzar con reformas que determinan una mayor intervención del Estado, aunque estas puedan depararle conflictos en el corto plazo, es en ese terreno donde cada vez más se juega su suerte. Más en esa zona, donde “mejor que decir es hacer” y “mejor que prometer es realizar. Mucho más que en el espacio de las “imágenes”, de los “estilos” y las “percepciones” donde, a su vez, parece moverse buena parte de la dirigencia que compite por suceder, desde otros espacios políticos, a Cristina Fernández.

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