Dada la superioridad electoral del Gobierno, su compromiso de respetar las restricciones institucionales es fundamental para asegurar el funcionamiento adecuado de los controles.
Los resultados electorales plantean una situación de concentración de poder sin precedentes desde 1983. La Presidenta ha sido reelecta con la mayoría absoluta de los votos. El argumento de que la suma de votos de las oposiciones es superior ya no funciona. El oficialismo tendrá mayoría y quórum propio en ambas cámaras del
Congreso, lo que reduce a la fragmentada oposición a un rol testimonial. Con excepción de Capital Federal, San Luis y Santa Fe, los gobiernos provinciales son kirchneristas o filokirchneristas; por el momento tampoco se esperan restricciones al poder presidencial procedentes de los gobernadores.
El dominio mayoritario del poder no es incompatible con el sistema republicano de gobierno siempre y cuando los gobernantes respeten las restricciones institucionales y acepten que, en democracia, no hay lugar para el poder absoluto. La pregunta en la Argentina para los próximos años es si el kirchnerismo estará dispuesto a aceptar los límites republicanos. ¿Será el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner
el momento de cumplir con la prometida mejora de la calidad institucional? La oposición, luego del triunfo de 2009, intentó introducir algunas reformas legislativas
para evitar abusos y fortalecer los controles pero esas iniciativas nunca se concretaron ya que chocaron con el obstáculo de un Senado en el que el oficialismo conservó el poder con el apoyo de circunstanciales aliados.
Un principio central en materia de control es la independencia entre controlado y controlante. El sistema argentino ya en su diseño institucional presenta graves falencias en este sentido, bien porque los organismos de control dependen directamente del Gobierno al que se supone que deben controlar (Sigen, Oficina Anticorrupción) o bien porque el Gobierno ejerce influencia indirecta sobre ellos (AGN, Fiscalía de Investigaciones Administrativas). Siete años de ejercicio del poder son muestra suficiente de cuál ha sido hasta ahora la actitud del kirchnerismo con relación a los límites y controles republicanos. No significa que no pueda cambiar, pero marca una tendencia.
La Auditoría General de la Nación seguirá presidida por el partido de oposición con más bancas en el Congreso ?la UCR?, pero las decisiones se toman por mayoría del colegio de auditores que seguirá siendo oficialista ya que depende del reparto de bancas en el Congreso. La ley que regula la AGN es anterior a la constitucionalización
del organismo en 1994 y requiere ajustes para dotar a este órgano de control de las atribuciones y competencias que le aseguren la independencia y la capacidad necesarias para ejercer un control eficiente. Entre las reformas a introducir figuran la limitación de la participación de la Comisión Mixta del Congreso en la determinación del plan de trabajo de la AGN; la legitimación procesal de la AGN para denunciar y ser querellante en los casos en que detecte la comisión de delitos en la administración de los fondos públicos; la competencia de la AGN para exigir la implementación de sus sugerencias y monitorear su aplicación, y la exigencia de publicidad de todos los informes e investigaciones realizadas. Las chances de que se apruebe una reforma en este sentido son mínimas a partir del 10 de diciembre.
Otro organismo externo que ejerce algunas funciones de control no sólo en cuanto a la administración de los recursos del Estado, sino en general sobre los actos de la administración es la Defensoría del Pueblo. Probablemente se avance ahora en la designación del defensor del Pueblo, cargo que continúa vacante desde 2009. En materia de lucha contra la corrupción nada hace presumir que el gobierno esté dispuesto a reactivar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, reducida a la inoperancia luego de la renuncia del Fiscal Manuel Garrido.
Tampoco se prevén cambios en la Oficina Anticorrupción, completamente dependiente del Gobierno. En este último caso, la experiencia demuestra que dicha oficina no puede ser una dependencia del gobierno de turno. Es indispensable dotarla de autonomía y jerarquizar su dirección para que sea un instrumento de lucha contra la corrupción y no una simple oficina de registro de declaraciones juradas en las que se documenta el llamativo incremento del patrimonio de los funcionarios simplemente como un dato anecdótico.
En el sistema de pesos y contrapesos para evitar el ejercicio abusivo del poder, la Justicia es un elemento central. Sin embargo, en la Argentina, el control judicial no ha sido muy eficiente para investigar y sancionar los casos de corrupción, a veces cerrando causas en tiempo récord, otras estirando los procesos más allá de los tiempos razonables para terminar en la prescripción de las acciones.
Por su parte, el control ciudadano sobre los gobernantes requiere dos condiciones centrales: la libertad de expresión y de prensa y el acceso a la información pública. La Argentina carece de una ley de acceso a la información, a pesar de los sucesivos intentos en el Congreso. El país tampoco forma parte de la iniciativa de Gobierno Abierto recientemente lanzada por las Naciones Unidas con el liderazgo de EE.UU. y de Brasil. Por el contrario, durante estos siete años de gestión el kirchnerismo ha cercenado la información sobre gestión, eliminado la información disponible en la página de la Sigen y tratando de hacer lo mismo con los informes de la AGN. En
cuanto a la libertad de expresión, a veces parece puesta en riesgo por medidas como la presión sobre los periodistas que escriben sobre inflación o los economistas que estudian el tema, por sólo mencionar dos ejemplos recientes.
Todo parece indicar que en el marco de la concentración de poder que surge de las elecciones, los controles internos como la Sigen o la Oficina Anticorrupción seguirán dominados por el Gobierno, como hasta ahora. El Congreso difícilmente reivindicará su función de control, esencial en los parlamentos modernos. La oposición quedará reducida a un control meramente testimonial. La AGN seguirá luchando con las restricciones que le imponen las normas vigentes. Sólo queda el control informal que ejercen los medios ?no militantes? y algunas organizaciones no gubernamentales.
En un contexto de poder hegemónico y con un sistema de control deficiente, el únicocontrol efectivo de la gestión será la autolimitación del Gobierno. Ese es el problema.
(De la edición impresa)
