La reciente renuncia de Evo Morales al Movimiento al Socialismo (MAS) llegó a fines de febrero como la crónica de una muerte anunciada. La decisión del expresidente (2006-2019) no hizo más que confirmar el quiebre del oficialismo boliviano.
Desde 2021, el partido gobernante se encuentra tensionado por una disputa política entre Morales y el actual presidente Luis Arce, quien supo ser su delfín político. Lo que comenzó siendo un desacuerdo sobre la gestión del Gabinete de ministros prontamente derivó en una pelea por el control del partido y la candidatura para las elecciones presidenciales, que se celebrarán en agosto de este año.
La ruptura de Morales con el MAS pone en duda el futuro de la organización política y reconfigura el panorama electoral, que ya de por sí era intrincado. Y es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió en diciembre de 2023 que ningún candidato puede buscar un tercer mandato presidencial, ya sea continuo o discontinuo. Esta decisión supone la inhabilitación de una candidatura de Morales, quien gobernó el país durante tres periodos.
Lejos de darse por vencido, el exmandatario desestimó este obstáculo legal y anunció su candidatura presidencial bajo el Frente para la Victoria (FPV), con el que selló una alianza.
La situación se ve agravada por la orden de captura que la justicia boliviana emitió en su contra por un caso de trata agravada de personas. Mientras los tribunales emiten resoluciones y los "arcistas" hacen pública su indignación, Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical. Allí cuenta con la protección de sus militantes y aliados frente a la policía.
Entre tanto, Arce comienza a perfilarse como el candidato natural del MAS. Y si bien todavía no oficializó su postulación, dejó en manos de las organizaciones sociales afines a su Gobierno la decisión final.
La lucha entre los dirigentes se trasladó también al plano económico. Bloqueos impulsados por sectores "evistas" para imponer la candidatura de su líder y dejar sin efecto las denuncias judiciales en su contra han generado pérdidas cercanas a los US$ 4.000 millones, equivalentes al 9% del PIB nominal.
A esto se suma la crisis económica estructural que atraviesa el país: caída de reservas internacionales, escasez de dólares y combustibles, y la inflación más alta en 16 años.
Por su parte, el presidente Arce adjudica la crisis económica que atraviesa el país a factores externos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la disminución de reservas de gas y la negativa de la Asamblea Legislativa a aprobar créditos internacionales. Sin embargo, es una realidad que el Gobierno boliviano lleva adelante una política de controles y restricciones que no hace más que empeorar la situación.
Un claro ejemplo de esto es la decisión del Gobierno de suspender la exportación de carne de res para garantizar el abastecimiento del mercado interno a "precios justos".
Tres posibles escenarios
El 2025 encuentra una Bolivia polarizada y con múltiples frentes abiertos. No quedan dudas que el año electoral supondrá una encrucijada para el país. Aunque todavía persiste la incertidumbre sobre quienes se presentarán a las elecciones, sus propuestas para resolver la crisis y el estatus legal de la candidatura de Morales, podemos anticipar tres posibles escenarios:
1. Fragmentación del MAS y consolidación de la oposición
Aunque la división del oficialismo ya es una realidad, existe la posibilidad de que esta fractura no solo debilite al Gobierno, sino que abra un escenario favorable para la oposición.
Sectores opositores podrían aprovechar la crisis interna del MAS para presentar una alternativa unificada de cara a las elecciones de agosto. Su capacidad para atraer votantes desencantados jugará un papel clave en este escenario.
A nivel económico, la incertidumbre podría frenar la inversión privada y afectar la confianza en los mercados, generando volatilidad en el tipo de cambio y aumentando las presiones inflacionarias. Además, la falta de consensos legislativos dificultaría la aprobación de medidas económicas clave para paliar los efectos de la crisis.
Bolivia se encuentra en un punto de inflexión y los próximos meses serán clave para definir su futuro político y económico.
Por último, el aumento de la polarización en sectores populares, especialmente en áreas rurales y cocaleras, intensificaría la conflictividad social en los próximos meses.
2. Escalada de tensiones y crisis institucional
La polarización entre "evistas" y "arcistas" podría profundizarse aún más, poniendo a prueba la frágil estabilidad del país. Si la candidatura de Morales es dada de baja por la justicia boliviana, es probable que se desaten olas de protestas en sus bastiones sindicales.
El clima de tensión podría derivar en una crisis institucional que erosionaría la confianza en las instituciones democráticas, poniendo en duda la transparencia de las elecciones. Además, peligraría la gobernabilidad del país y el desarrollo pacífico de los comicios.
En el plano económico, un escenario de inestabilidad gubernamental podría provocar fuga de capitales, caída de la inversión y presiones sobre el tipo de cambio. Los bloqueos sindicales afectarían el abastecimiento de regiones enteras.
De más queda agregar que la escalada de tensiones se traduciría en protestas prolongadas, enfrentamientos entre sectores sociales y un creciente descontento ciudadano.
3. Reconfiguración del oficialismo bajo el liderazgo de Arce
El presidente Arce podría consolidar su liderazgo dentro del MAS, atrayendo sectores moderados y relegando la influencia de Morales.
Existe un dato que favorece este escenario. A pesar de los insistentes llamados de Morales a una "desafiliación masiva", en las últimas semanas sólo el 0,13% de militantes renunciaron al MAS. En este sentido, el comportamiento de la base partidaria podría indicar una crisis en el liderazgo del expresidente, que se mantiene aislado del contexto nacional.
Aún consolidándose como una opción sólida, Arce enfrentaría el desafío de recomponer su base y recuperar la confianza de sectores desencantados. Con ayuda del aparato estatal, el actual presidente podría asegurarse el apoyo de sectores populares mediante el despliegue de programas sociales y subsidios.
Sin embargo, la fatal situación económica persistiría. La caída de las reservas internacionales y la baja en los ingresos de gas representan desafíos estructurales. Para corregir este tipo de desequilibrios se requieren ajustes que implican un alto costo social.
El desenlace de esta historia dependerá de múltiples factores: la estructuración de una propuesta viable por parte de la oposición; la capacidad de Morales para sortear los obstáculos legales a los que se enfrenta; la evolución de la crisis económica; y la solidez del liderazgo de Arce.
Bolivia se encuentra en un punto de inflexión y los próximos meses serán clave para definir su futuro político y económico.