Alerta por el nuevo DNU: la SIDE podrá detener personas y operar encubierta

El Gobierno nacional prepara un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reformar en profundidad el sistema de inteligencia y concentrar mayores facultades en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). 

• El texto establece que todas las actividades de inteligencia serán consideradas "encubiertas" y habilita al personal a aprehender personas con orden judicial o en casos de flagrancia, una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos políticos.

La reforma, que sería publicada en las próximas horas, refuerza el poder de la SIDE, actualmente conducida por Cristian Auguadra, y redefine el alcance de sus funciones. Según el artículo 2 del proyecto, "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto", con el objetivo declarado de minimizar el llamado "Riesgo Estratégico Nacional".

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 19, que autoriza a los organismos de inteligencia a proporcionar su propia seguridad y repeler agresiones que pongan en riesgo instalaciones, bienes, personal u operaciones. Además, el texto precisa que el personal podrá proceder a la aprehensión de personas durante tareas de inteligencia, auxilio judicial o delitos en flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.

El DNU también introduce cambios estructurales en el sistema: la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia; la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia; y la División de Asuntos Internos se convertirá en la Inspectoría General de Inteligencia. El Gobierno sostiene que la reforma "moderniza, ordena y legitima" el sistema, lo adapta a amenazas tecnológicas, políticas y cognitivas y aclara que no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para el Poder Ejecutivo.

El decreto deberá ser tratado por el Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que cuenta con diez días hábiles para expedirse. Desde la oposición, referentes del kirchnerismo, el radicalismo, el socialismo y la Coalición Cívica rechazaron la iniciativa y denunciaron la creación de una "policía política". El diputado Esteban Paulón afirmó que el Congreso tiene la "obligación moral y legal de rechazar este DNU", al advertir que la inteligencia debe proteger al país de amenazas externas y no vigilar a los ciudadanos.

Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal rechazan el DNU que reforma la Ley de Inteligencia

En la Cámara de Diputados, el interbloque Unidos —integrado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal— rechazó de manera conjunta el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Gobierno busca reformar integralmente la Ley de Inteligencia. 

• En un comunicado difundido este 2 de enero, los bloques advirtieron que "no existe necesidad ni urgencia" que justifique tratar un tema de extrema sensibilidad institucional por fuera del Congreso, y cuestionaron que el Ejecutivo avance mientras continúan incompletas las comisiones bicamerales encargadas de controlar tanto al sistema de inteligencia como al uso de los propios DNU.

El pronunciamiento alerta que el decreto introduce modificaciones de enorme impacto, al establecer que todas las actividades de inteligencia pasen a tener carácter "encubierto", ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó bajo límites estrictos y control parlamentario. También cuestiona la extensión de la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional y la habilitación al personal de inteligencia para aprehender personas en casos de flagrancia, una atribución que —según remarcan— contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia y acerca peligrosamente a los servicios de inteligencia a funciones propias de una policía secreta.

Finalmente, el interbloque exigió que el Congreso trate y rechace de inmediato el DNU conforme a la Ley 26.122, y reclamó que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta en el ámbito que corresponde: el Parlamento, con debate público, participación de especialistas y de la sociedad civil. "La seguridad nacional es un objetivo legítimo —concluyen—, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el rol del Congreso ni las garantías que protegen a cada ciudadano", y advirtieron que no convalidarán, ni por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más concentrado, más opaco y con menos controles.

El Gobierno justificó el DNU que modifica la ley de inteligencia y le da más poder a la SIDE

El Gobierno defendió el DNU que modifica la Ley de Inteligencia al sostener que se trata de una "reforma de segunda generación" orientada a modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional frente a los desafíos globales actuales y al nuevo rol internacional de la Argentina. Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el objetivo central es contar con un sistema profesional y eficiente, alineado con estándares democráticos y republicanos, que produzca información estratégica para asistir la toma de decisiones de las autoridades electas. En ese marco, el Ejecutivo argumentó que la reforma busca corregir décadas de uso discrecional, opaco y desviado de los servicios de inteligencia, redefiniendo con precisión su estructura y competencias.

Desde el Ejecutivo también señalaron que el DNU apunta a ordenar y racionalizar el esquema institucional, eliminando superposiciones y funciones impropias. Entre los cambios destacados figuran la concentración de la Agencia de Seguridad Nacional exclusivamente en tareas de contrainteligencia, la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y la implementación de un nuevo sistema de intercambio de información basado en trazabilidad, automatización y registro obligatorio de requerimientos. Para el Gobierno, estas medidas fortalecen los controles legales, técnicos y presupuestarios, ponen fin a prácticas de espionaje interno y persecución política, y consolidan un Estado "limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, la República y la libertad".