22 agosto de 2025
Seguir en
La actriz Andrea del Boca enfrenta un pedido de tres años y medio de prisión por presunto fraude en el financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción quedó inconclusa. La fiscal federal Fabiana León la señaló como "partícipe necesaria" de una maniobra de defraudación contra la administración pública. En el mismo juicio, también pidió condenas para el exministro Julio De Vido, acusado como autor del fraude, y para el exrector de la UNSAM, Carlos Ruta.
La acusación sostiene que se montó un esquema de financiamiento irregular a través de la UNSAM que permitió a la productora de Del Boca recibir fondos millonarios sin concurso ni compulsa de precios y quedarse con la exclusividad de la comercialización internacional. La fiscal subrayó que el contrato fue adjudicado de manera directa, con cláusulas "arbitrarias y leoninas", pese a que la serie estaba íntegramente financiada con dinero público.
El caso salió a la luz en 2016, cuando se reveló que la productora había recibido más de $24 millones mediante convenios entre el Ministerio de Planificación y la UNSAM. En 2018, el juez Sebastián Ramos procesó a De Vido como autor y a Del Boca y Ruta como partícipes, dictando embargos millonarios. Según el magistrado, la maniobra estuvo "planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca" y respondió a "una voluntad predominantemente política".
La novela nunca fue emitida, pero la productora habría cobrado el 76% del contrato, mientras que otros proyectos apenas recibieron un 7%. El monto previsto ascendía a $36,58 millones, con un 10% adicional de ganancia para la empresa y la exclusividad de la distribución internacional. Tras el cambio de gobierno en 2015, la administración de Mauricio Macri suspendió el financiamiento. La Cámara Federal confirmó luego los procesamientos y embargos, advirtiendo sobre la "desnaturalización del objeto" de los convenios y el desvío de fondos públicos.
Desde el inicio, la defensa de Del Boca negó cualquier delito y sostuvo que no hubo perjuicio económico ni sobrefacturación. Tras el alegato de la fiscal, el Tribunal Oral Federal N° 7 será el encargado de dictar sentencia en un caso que expone la connivencia entre política, universidad y productoras privadas en el manejo de fondos estatales.
