Sospechas

Bomba en Comodoro Py: policías confirmaron deuda millonaria de Adorni y un plazo límite

Las dos policías que prestaron dinero declararon ante la Justicia que Manuel Adorni aún debe US$70.000 más intereses, tras un pago parcial. La investigación avanza sobre el origen de los fondos, las operaciones inmobiliarias y los movimientos financieros del funcionario.

Victoria María José Cancio y Graciela Molina llegan a los tribunales de Comodoro Py
Victoria María José Cancio y Graciela Molina llegan a los tribunales de Comodoro Py La Nación
13 abril de 2026

Las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, les adeuda US$ 70.000 más intereses, monto que deberá cancelar antes de noviembre de 2026.

Madre e hija, ambas integrantes de la fuerza, ratificaron que fueron prestamistas de un total de US$ 100.000, operación realizada en efectivo y con garantía hipotecaria sobre un departamento en Parque Chacabuco. 

  • Molina aportó US$ 85.000 y Cancio los US$ 15.000 restantes, con un acuerdo de devolución en dos años y una tasa anual del 11%.

Según su testimonio, Adorni comenzó pagando cuotas mensuales de US$ 900 en concepto de intereses desde noviembre de 2024, monto que luego se redujo a US$600 tras un pago parcial de capital de US$30.000. Con ese desembolso, la deuda pendiente quedó en los actuales US$ 70.000.



La causa también investiga el destino de esos fondos. De acuerdo con el expediente, el dinero habría sido utilizado para comprar una propiedad en Indio Cuá, operación en la que intervino su esposa, Bettina Angeletti, quien habría depositado el efectivo antes de transferirlo al vendedor. La operatoria fue gestionada a través de la escribana Adriana Nechevenko, quien además mantuvo contacto con las acreedoras.

En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni, su entorno y las prestamistas para verificar el origen de los fondos. Las testigos aseguraron que el dinero provino de ahorros, un juicio sucesorio y una demanda laboral, mientras la investigación avanza sobre otras operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario.