10 octubre de 2025
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Por Carolina Tchintian y Gerardo Scherlis
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desató un debate inesperado —y poco preciso— sobre la boleta única papel.
Algunos sostienen que esta nueva modalidad "complica" la resolución del episodio, partiendo del supuesto de que hace necesaria la reimpresión de las boletas y cargando las tintas sobre su costo. Esa interpretación no sólo confunde los planos del debate, sino que introduce una idea institucionalmente riesgosa.
Reimprimir no es una salida viable ni justa. Reimprimir boletas no parece una opción razonable porque los plazos electorales lo vuelven prácticamente imposible desde el punto de vista técnico y logístico. Más allá de la cuestión operativa, la reimpresión abriría un precedente peligroso: habilitaría que cualquier fuerza política reclame modificaciones en plena campaña, alterando reglas ya establecidas y trasladando al Estado los costos de decisiones internas.
Los plazos para la oficialización de candidaturas pasarían así a ser una pantomima, pudiendo luego los partidos alterar el orden de las listas según el devenir de las campañas, hasta algún punto indefinido, signado por los tiempos requeridos para la reimpresión de boletas.
El proceso electoral debe regirse por certezas y previsibilidad. Cambiar las reglas sobre la marcha no solo genera desconfianza, sino que erosiona el principio de igualdad de condiciones que debe sostener toda competencia democrática.
La boleta única papel no es el problema. Su implementación buscó precisamente corregir vicios del sistema anterior, mejorar las condiciones en las que las preferencias de una persona se transforman en un voto y las expectativas de que el voto será correctamente emitido y será válido.
El argumento del costo nunca fue central en el debate sobre el instrumento de votación. El debate sobre la forma de votar es acerca de la experiencia del votante, de que quien cargue con la responsabilidad de asegurar esa experiencia sea el Estado y no los partidos, y el acceso uniforme a la oferta, sin importar dónde y a quién se vota. La boleta única no es mejor por ser más barata, aun cuando el argumento económico pudo ser utilizado por el actual gobierno: lo es porque garantiza equidad y uniformidad entre todas las fuerzas políticas y entre los votantes. Su valor es institucional, no financiero.
La BUP no vuelve diferente el caso de Espert. En elecciones pasadas hubo renuncias, fallecimientos o impugnaciones posteriores a la impresión de boletas, y los comicios se desarrollaron con normalidad. Casos como los de Fernando Niembro (2015), Carlos Menem (2017) o Joanna Picetti (2017) ilustran esta práctica: las boletas ya estaban impresas, con recursos del Estado, y la elección se realizó igual, respetando la lista oficializada por cada partido según el cronograma electoral.
El verdadero debate no gira en torno al instrumento, sino en torno a la responsabilidad de los partidos políticos para gestionar sus decisiones internas sin comprometer la integridad del proceso electoral. La fortaleza institucional supone reglas estables, y los partidos deben actuar dentro de esas reglas.
El principio que debe prevalecer ante este tipo de eventualidades es siempre el mismo: preservar la estabilidad del proceso por encima de las contingencias políticas. Esa continuidad garantiza que las reglas sean iguales para todos y que el voto ciudadano no dependa de imprevistos de coyuntura.
Si los partidos aspiran a recuperar su rol central en la representación política y contrarrestar la personalización de la política, este es un buen momento para hacerlo. La responsabilidad de sostener las decisiones internas sin alterar el proceso electoral es parte de esa tarea.
Para quienes ven con preocupación el avance de los outsiders o la pérdida de peso de las estructuras partidarias, esta situación ofrece una oportunidad para reafirmar que lo que importa es la lista, no la figura individual. La renuncia de uno de sus integrantes no altera el proyecto colectivo que cada fuerza presenta ante la ciudadanía.
La boleta única papel no es la causa del problema, no lo vuelve más complejo ni debe ser el foco del debate actual. Sostener que las boletas partidarias son mejores que la boleta única porque pueden reimprimirse ante cambios en las listas solo tiene sentido en un escenario aún más insólito: el de un partido que pide reimprimir todas las boletas por una decisión propia.
La estabilidad democrática depende, en gran medida, de mantener reglas claras y de que los actores políticos asuman la responsabilidad que esas reglas implican.
