La sociedad argentina valora la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos

Por Silvina Ramos, Lucila Szwarc y Luis Costa (*)

En las últimas décadas, la Argentina consolidó un marco normativo de avanzada en materia de género y derechos sexuales y reproductivos. También implementó políticas públicas que procuraron garantizar los derechos reconocidos en las leyes y asignaron recursos públicos para ello. En este proceso, la movilización social y cultural acompañó con fuerte presencia y fue un factor clave para generar y sostener los cambios en el debate social, las leyes y las políticas públicas.

En diciembre de 2023, las elecciones nacionales dieron lugar a un cambio de gestión de gobierno que trajo una visión refractaria sobre las agendas de género y derechos sexuales y reproductivos. Sus posiciones fueron ampliamente expuestas en declaraciones públicas y concretadas en el desmantelamiento y desfinanciamiento de programas y servicios públicos. 

Aunque no siempre el voto implica adhesión a todas las medidas de un gobierno, las amenazas y descalificaciones a los derechos de las mujeres y diversidades, sumadas a un cambio de época en el plano político-cultural, podrían haber dado lugar a transformaciones en lo que hasta hace poco era percibido como un contexto afín a los valores y las reivindicaciones de esas agendas. 

Estos puntos de partida e inquietudes animaron el estudio "Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos" que CEDES, ELA y Luis Costa & Asociados, realizamos a fines del año 2024. La pregunta central que orientó el estudio consistió en interrogar en qué medida y de qué manera la sociedad muestra sus adhesiones a estas agendas. El análisis busca identificar posibles diferencias en las valoraciones y opiniones de mujeres y varones. Los temas indagados remiten a distintos aspectos de la agenda de género, como la violencia de género, los problemas que afectan a las mujeres, las desigualdades entre varones y mujeres, y los derechos de las personas LGBT, entre otros. 

Los derechos sexuales y reproductivos incluyen diversos aspectos como la prevención de embarazos no intencionales, el acceso al aborto seguro, el acceso a información sobre infecciones de transmisión sexual y la educación sexual integral. 

Los resultados de la encuesta aplicada en una muestra de alcance nacional de 2000 casos son claros. Para las personas encuestadas, el Estado es un actor clave que, lejos de retirarse, debería involucrarse y garantizar inversión para una sociedad  en la que es necesario hacer mucho para asegurar la igualdad de derechos (8 de cada 10 personas así lo considera). 

Cerca del 70% de las personas señala que el Estado debería involucrarse y/o invertir mucho o bastante en brindar asistencia integral a víctimas de violencia de género, facilitar información y métodos de prevención de embarazos e ITS (infecciones de transmisión sexual), y brindar educación sexual integral. 

• En otras cuestiones sociales, como aumentar salarios en salud y educación, esta valoración alcanza el 80%, y se acerca o supera el 90% en cuestiones como garantizar la calidad y continuidad educativas, y reducir la pobreza. 

En relación al panorama actual en temas de género, 6 de cada 10 personas reconocen que existen desigualdades grandes o muy grandes entre mujeres y varones y, al mismo tiempo, que éstas han disminuido en los últimos 10 años. Tanto mujeres como varones consideran que la violencia de género en la pareja es el principal problema que enfrentan las mujeres en nuestro país, seguido de exposición a abusos y violencia sexual.

La sociedad no rechaza las reivindicaciones de las organizaciones que luchan por la igualdad de derechos entre varones y mujeres, y personas de la diversidad. Por el contrario, las apoya. No hay una sola reivindicación mencionada que se ubique por debajo del 60% de acuerdo. 

El acceso de mujeres a carreras científicas y empresariales, la elaboración de un registro de violadores y el acceso a información sobre métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual, generan las mayores adhesiones (8 de cada 10 personas). 

Otras reivindicaciones, como el acceso al aborto y los cupos femeninos en espacios de trabajo, tienen menores niveles de acuerdo relativos, aunque nunca por debajo del 50%. Al consultar por la simpatía hacia causas sociales más amplias, las que generan menores niveles de adhesión son los derechos de las personas migrantes y los de las personas LGBT, pero, también aquí, las simpatías superan el 50%.

Las diferencias de opiniones y valoraciones entre mujeres y varones existen pero muestran matices. Los temas que generan menores o nulas diferencias son los relativos a los derechos sexuales y reproductivos, como la prevención del embarazo en la adolescencia y la información y acceso a métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no intencionales. 

A su vez, tanto mujeres como varones identifican a la violencia de género en la pareja como el principal problema que enfrentan las mujeres y expresan un porcentaje similar de   alta simpatía por los derechos de las mujeres en situación de violencia (59% y 54% respectivamente). Es decir, que el consenso en estos temas es claro y relativamente homogéneo tanto en mujeres como en varones. 

Las diferencias entre los géneros se observan principalmente en causas vinculadas a problemáticas sociales como la pobreza, causas relativas a la igualdad de género y causas de la población LGBT, donde las mujeres siempre muestran mayores niveles de adhesión que los varones.  

Si bien existen acuerdos similares en relación con una distribución equitativa de las tareas del hogar, se observan diferencias en el acuerdo con la jubilación para las amas de casa (70% mujeres vs. 51% varones), el pago de la cuota alimentaria (82% mujeres vs. 66% varones) y una mayor participación de los varones en el cuidado y la crianza de sus hijos/as (79% mujeres vs. 64% varones). 

En la misma línea, 6 de cada 10 mujeres consideran que una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado afecta positivamente la vida de las personas, mientras que los varones son solo 4 de cada 10.  

Una lectura transversal de los resultados permite sostener que los varones de la sociedad argentina están involucrados, sensibilizados y de acuerdo, en su mayoría, con una variedad de temas de la agenda de género y de derechos sexuales y reproductivos, aunque lo están en menor medida que las mujeres. Ellas, en tanto, tienden a una mayor consideración del rol estatal para resolver los problemas y necesidades (propios y de otros grupos poblaciones, como las personas LGBT, niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad).

Los resultados de nuestro estudio muestran que la sociedad argentina sigue considerando relevantes los problemas de las agendas de género y de derechos sexuales y reproductivos para el bienestar de las personas. Es el Estado, además, el que debe abordar y resolver estos asuntos. 

El asedio político y cultural hacia estos temas y colectivos es un dato de la realidad cultural y política en la actualidad, un escenario inédito luego de varias décadas de avances sistemáticos y de acuerdos alcanzados por la sociedad y la política, registrados en los marcos normativos, en las políticas públicas y en los valores sociales. 

Aún en este contexto adverso, las personas muestran una apreciación positiva de los temas de género, con matices que se deben tener en cuenta para sostener y profundizar los cambios que una sociedad democrática demanda. El cambio cultural experimentado por la sociedad en las últimas décadas ha sido profundo y ha dejado sus huellas. 

Es imperativo que la política reconozca y se haga cargo de estos valores sociales ya conquistados y enraizados en la vida de la gente. Y que no se pierda en el ruido comunicacional que pregona la refundación de un mundo nuevo, que no parece ser tal.  

(*) Los autores del estudio son Silvina Ramos, socióloga, investigadora titular del CEDES y directora del trabajo; Lucila Szwarc, socióloga, investigadora del CEDES e integrante del equipo de investigación y Luis Costa, titular de Luis Costa & Asociados, quien aportó a la metodología de la investigación.