4 agosto de 2025
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Esta semana estará dominada por múltiples negociaciones para definir las alianzas electorales que deben oficializarse el jueves 7. Diez después, será el turno de la presentación de los candidatos para octubre. Pero más allá de las estrategias electorales, el Gobierno estará muy atento en estos días a un eventual traslado a precios de la suba del dólar que se registró en julio.
- Una inflación en torno al 2% y un dólar estable serían los principales activos electorales del oficialismo y por eso cualquier complicación en ese frente afectarían su desempeño en las urnas.
Un foco de atención estará en la CABA en la que todavía no está totalmente descartado un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO. Las condiciones que imponen los libertarios para acceder a compartir la oferta electoral son poco generosas para el partido amarillo. LLA pretende llevar a los dos candidatos a senadores que entrarían por la mayoría y al grueso de los diputados con posibilidades de acceder a bancas.
Además, la primera candidata al Senado sería Patricia Bullrich, que está muy enfrentada al partido que llegó a presidir y al que aspira arrebatarle la jefatura de Gobierno en 2027.
Aceptar un acuerdo en esas condiciones no es fácil para el PRO y la alternativa sería conformar una alianza con los ex socios de Juntos por el Cambio. Pero el riesgo en ese caso sería el de sufrir una fuerte derrota frente a una candidata como Bullrich que tiene mucho apoyo entre los segmentos sociales en los que obtienen sus votos tanto libertarios como amarillos en el territorio porteño.
En el resto del país no caben esperar sorpresas y solo faltan oficializar acuerdos de LLA con algunos oficialismos provinciales. De esa manera, LLA será la única fuerza que estará presente en todo el país con una identidad política definida, aunque la estrategia en materia de alianzas que siguió en cada distrito no fue la misma porque tomó en cuenta las realidades locales.
El otro tema será que el Poder Ejecutivo pondrá en conocimiento del Congreso que desecha (la Constitución no utiliza la palabra veto) los proyectos aprobados sobre aumento de las jubilaciones, reapertura de la moratoria y emergencia en discapacidad. Las objeciones deben enviarse a la Cámara de Diputados por haber sido la iniciadora.
El Congreso tiene la posibilidad de insistir con sus proyectos reuniendo dos tercios de los votos en ambas cámaras. De acuerdo a ley 13.640 el Congreso tiene plazo para insistir con su proyecto hasta que el 30 de noviembre de 2026 cuando finalice el próximo año parlamentario. Pero más allá de los plazos legales, el momento político será la clave. Todo indica que ahora el Gobierno cuenta con los votos necesarios para mantener su rechazo.
¿Qué camino seguirá la oposición? Una alternativa sería impulsar el tratamiento del tema antes de las elecciones para dejar más expuesto el rechazo presidencial a iniciativas que favorecen a los jubilados. Pero por el otro lado, si la insistencia no logra el apoyo suficiente, el Gobierno aparecería obteniendo un triunfo político en plena campaña electoral. A partir de diciembre, ya será tarde, porque LLA contará con el número de legisladores suficientes como para impedir que el Congreso puede sancionar alguna iniciativa que el Gobierno no quiera.
