6 febrero de 2026
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó este jueves su inquietud por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, lanzada por el Gobierno de Javier Milei a través de la red X. En paralelo, el PRO, aliado del oficialismo, también cuestionó la iniciativa.
- Según el anuncio oficial, la nueva cuenta tendrá como objetivo "combatir la desinformación brindando más información" y funcionar como "una voz oficial para desmentir operaciones", en un esquema similar al de @RapidResponse47, implementado por la Casa Blanca durante la segunda presidencia de Donald Trump.
Desde ADEPA reconocieron el derecho del Estado a difundir información institucional y su versión de los hechos, pero advirtieron sobre "la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle" a la nueva oficina. En ese sentido, alertaron que una mala utilización podría derivar en "mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas".
La entidad remarcó que "combatir la desinformación es un objetivo legítimo", aunque subrayó que "el Estado es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública". Además, cuestionó que el foco esté puesto en el periodismo y no en la circulación de falsedades anónimas o cuentas falsas en redes sociales.
"El mejor antídoto contra la desinformación no es la 'verdad oficial', sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes", sostuvo ADEPA, y concluyó que "la gente es el último juez del trabajo periodístico".
Críticas del PRO
Mientras referentes de La Libertad Avanza celebraron la iniciativa, desde el PRO surgieron cuestionamientos. La legisladora porteña Laura Alonso publicó un duro mensaje en X:
"La libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. El Estado no debe intervenir nunca en 'fabricar la verdad'. No hay excusas".
Más tarde, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se refirió al tema en declaraciones a Radio con Vos. Planteó que el debate público es válido siempre que no derive en persecución o silenciamiento y aclaró que el límite está en no usar recursos públicos ni imponer una verdad oficial, en alusión a experiencias como 678.
