12 febrero de 2026
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El Gobierno afrontará este jueves su primer gran test legislativo del año en la Cámara de Diputados, donde se votarán dos proyectos clave: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
- Tras un "súper miércoles" de intensa actividad parlamentaria, el oficialismo logró firmar dictamen de mayoría con el respaldo de bloques aliados y dialoguistas, lo que le permite llegar a la sesión con optimismo.
- La jornada podría extenderse hasta la madrugada.
En cuanto al Régimen Penal Juvenil, el dictamen fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros espacios provinciales, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda lo rechazaron con duras críticas. El proyecto propone la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, elimina la posibilidad de prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de cárcel. Además, establece que los jóvenes no podrán compartir lugares de detención con adultos.
La iniciativa incorpora un esquema de penas alternativas y medidas de resocialización, especialmente para delitos con condenas menores a tres años, donde se descarta la prisión. Para penas de entre 3 y 10 años —cuando no haya muerte o lesiones graves— se priorizan sanciones con enfoque social y educativo.
- A pedido de bloques dialoguistas, se incluyó financiamiento específico: más de $20.000 millones para la Defensoría General y más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia.
En paralelo, Diputados debatirá la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, un tratado de más de 5.000 páginas que elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos. El entendimiento fue firmado el 17 de enero en Asunción con la participación del presidente Javier Milei y sus pares de Paraguay y Uruguay, mientras que Brasil no estuvo representado.
Sin embargo, el acuerdo aún no puede aplicarse: el Parlamento Europeo resolvió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revise su legalidad e impacto antes de su entrada en vigor. El proceso podría extenderse por meses o incluso hasta dos años, aunque existe la posibilidad de una aplicación provisoria mientras se define su aprobación definitiva.
