La respuesta oficial al 18F

A través de las redes sociales, Cristina Fernández opinó de la movilización opositora. Qué estrategia adoptó.

Al Gobierno le costó mucho definir – y sostener- un discurso ante la muerte del fiscal Nisman. Tampoco le resultó fácil pronunciarse frente al 18F. Finalmente el oficialismo definió una estrategia con dos elementos previsibles: cuestionar a los convocantes a la marcha y enmarcarlo en la lucha política.

Es evidente que hay motivos para cuestionar el trabajo de los fiscales como el de buena parte del Poder Judicial que mantiene cierto sesgo aristocrático y cuyos resultados en la resolución de casos muy resonantes han sido modestos. Ha tenido, además, un comportamiento pro cíclico. Es complaciente con el poder político en su fase ascendente y acelera las investigaciones en su ocaso cuando el apoyo popular merma. Ese comportamiento no prestigia ni a jueces ni a fiscales y no ayuda a un mejor funcionamiento del sistema democrático.

Pero está claro que las miles de personas que se movilizaron en todo el país el 18F lo hicieron por diversas razones –ninguna favorable para el Gobierno- y seguramente entre las más destacadas no se encuentra una reivindicación del trabajo de los fiscales. Por lo tanto confrontar con el 18F cuestionando a sus convocantes no es políticamente relevante porque las motivaciones de los manifestantes fueron diversas.

La segunda respuesta del oficialismo fue expresada por la propia Presidenta. Y consiste en denunciar el nacimiento del Partido Judicial. De esa manera, sostiene que muchos de sus integrantes no forman parte en realidad de un poder independiente sino que son meros actores de la confrontación política en coalición con el poder económico concentrado y los medios hegemónicos. Es un razonamiento similar al que en su momento se le aplicó a Clarín. No habría entonces investigaciones judiciales independientes ni periodismo independiente sino que todas serían acciones políticas destinadas a debilitar al Gobierno y deberían ser contestadas en ese mismo terreno. Así queda todo igualado. Nadie es independiente. Sólo se defienden intereses. Y por lo tanto cualquier investigación judicial futura no podría presentarse como la consecuencia de la actividad propia de otro poder del Estado sino como parte de la lucha política. Se procura, en definitiva, deslegitimizar la acción judicial.

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