El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca: todos los cambios que se vienen

El Gobierno envió al Congreso el Proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta — "Ley de Hojarasca", que se propone derogar y modificar diversas normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado. 

Con la Ley Hojarasca el Gobierno busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones. 

La ley entiende que las personas pueden llevar adelante toda actividad permitida por la Constitución Nacional sin necesidad de sancionar leyes específicas que luego pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual y del país en su conjunto, generando un impacto negativo en la seguridad jurídica y el funcionamiento del sector privado.

Los fundamentos

En sus fundamentos la norma explica que "la Constitución Nacional establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal". 

"Este sistema enfrenta hoy un permanente cuestionamiento, desafía a quienes han asumido las responsabilidades políticas y los compele en la tarea de relevar, revisar y evaluar la normativa vigente, con el objeto de acompañar un proceso de transformación de la sociedad con nuevos paradigmas basados en el reconocimiento de las libertades individuales en nuevos contextos", expresa el texto. 

"Como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por hacer sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos", advirtió. 

Por este motivo, "el proyecto de ley que se acompaña resulta de una revisión legislativa que apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales". 

El proyecto destaca que "los derechos no requieren leyes. Nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas. Es decir que no es necesario emitir una norma que reconozca un derecho que ya es propio de todos los habitantes de la Nación". 

"Lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la 'adquisición' de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho". 

"Obsérvese el retroceso que implica esta visión. Se pasaba así de una libertad plena a una libertad concedida y limitada por el poder de turno", afirma. 

"Obviamente, esto llevó a abusos y arbitrariedades. En consecuencia, esta sobrerregulación ha llevado a una situación en la que pareciera que ninguna actividad es posible sin un aval previo del Estado". "Se instala una lógica en la que se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido". 

Sin embargo, el artículo 19 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece claramente que "...Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe", desprendiéndose de los artículos 28 y 33 una regla primordial: para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido.

Por este motivo, "debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control. En este traspasamiento de criterios tampoco faltaron normas dictadas con el solo objetivo de perseguir oponentes políticos o de controlar a la ciudadanía". 

"Muchas de las normas cuestionadas en este proyecto provienen de una concepción militar que encuentra en la sobrerregulación un orden que se busca como fin en sí mismo, aun cuando ello implica destruir la libertad, la actividad económica e incluso la vida misma", enfatiza. 

"Cuando el Estado crea burocracia y trámites innecesarios, a veces con fines loables, suele generar un impacto negativo en la seguridad jurídica, la eficacia normativa y el funcionamiento del sector privado", advierte. 

"Cada trámite adicional, por más pequeño que parezca, suma un nuevo costo a los procesos de las empresas. Tiempo, esfuerzo y dinero que se pierden. No solo en cumplir las normas, sino en conocer cuáles son ellas y los trámites que se deben cumplir y las burocracias que se deben sortear", destaca. 

"Se crean prohibiciones y regulaciones que persiguen un fin y logran exactamente el fin contrario". 

En algunos casos, "se busca fomentar actividades, como el cine, con acciones que implican cobrarle impuestos a esa actividad. 

En otras, como el teatro, se imponen prohibiciones que, lejos de proteger a la actividad, estorban y dificultan su adaptación". En otros, "se ofrecen beneficios a un grupo dentro de un sector, a costa de los demás participantes del mismo sector. En este marco, fue necesario repasar la normativa vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha".

Las claves de los cambios 

Hay seis claves para derogar estas leyes obsoletas: 

1. Leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas. Así, por ejemplo, no tiene sentido una ley sobre vacunación propia de la viruela, cuando posteriormente se dictó una ley de vacunación. 
2. Leyes que fueron superadas por la tecnología, el avance del conocimiento, de la economía o el paso del tiempo. Una de ellas es la ley que autoriza las emisiones de televisión a color cuando hoy vemos imágenes de vídeo en nuestras redes sociales. Otras resultan ridículas vistas desde hoy, cómo utilizar la microfilmación para guardar documentos gubernamentales.
3. Leyes que limitan la libertad individual. Por ejemplo, la ley que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en lugares privados resulta una aberración frente a la CONSTITUCIÓN NACIONAL. Aún continúa vigente una ley sancionada en 1951, que impone penas para los argentinos que propicien sanciones políticas o económicas contra el Estado, cuya única finalidad fue perseguir opositores, incluidos quienes hayan denunciado violaciones a los derechos humanos en nuestro país ante organismos internacionales. 
4. Leyes cuya derogación implica avanzar con el programa de desburocratización eliminando organismos y normas sobre regulatorias, alivianando el presupuesto público, sin perder la eficiencia. Entre ellas, la ley que obliga que cualquier producto que tenga un mapa en su etiqueta debe ser aprobado por el Instituto de Cartografía oficial. 
5. Leyes que ya no tienen razón de ser, porque los organismos o instituciones responsables dejaron de existir en los hechos, pero las leyes que los crearon siguen vigentes, como el Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas, Ediciones Culturales Argentinas y el plan de aprovechamiento energético de las mareas, entre otras. 
6. Leyes que crean organismos para integrantes del Sector Público, solventados con recursos del Estado Nacional. Estos incluyen al Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Se emancipa a estos entes con la eliminación del financiamiento por parte del Estado Nacional, sin perjuicio de que sigan funcionando, con recursos propios.