El Gobierno de Javier Milei envi� esta semana al Congreso el proyecto de ley del denominado S�per RIGI —R�gimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias— y desat�, sin propon�rselo, una paradoja conceptual de primer orden. El mismo presidente que construy� su identidad pol�tica sobre el rechazo visceral a la intervenci�n estatal, el mismo que cit� a Hayek y a Friedman como gu�as filos�ficos, acaba de dise�ar un r�gimen en el que el Estado elige sectores, establece beneficios impositivos diferenciales, garantiza estabilidad jur�dica por treinta a�os y exime de retenciones desde el d�a uno. Eso tiene un nombre t�cnico preciso, uno que el oficialismo prefiere no pronunciar: pol�tica industrial.
No es una cr�tica. Es una descripci�n. Y la descripci�n importa porque de ella depende evaluar si el instrumento es suficiente, insuficiente o simplemente incompleto. La respuesta, con los datos disponibles, es la tercera opci�n: el S�per RIGI va en una direcci�n correcta pero llega a mitad de camino.
Los n�meros del r�gimen: ambiciosos en el papel
El proyecto fija un umbral m�nimo de inversi�n de US$ 1.000 millones por proyecto —m�s del doble que el RIGI original, que oscilaba entre US$ 200 y 600 millones seg�n el sector— y exige que al menos el 20% del monto se ejecute dentro de los dos primeros a�os. Los incentivos tributarios son sustanciales: al�cuota de Ganancias al 15% frente al 35% general, dividendos al 7% reducibles al 3,5% pasados cuatro a�os, arancel cero para importaciones y cero retenciones a exportaciones desde la adhesi�n. La estabilidad fiscal se garantiza por tres d�cadas. Los sectores elegibles son los que Argentina a�n no produce a escala industrial: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnolog�a avanzada, datacenters, paneles solares, turbinas e�licas, bater�as de litio, cobre laminado, reactores modulares peque�os y veh�culos el�ctricos.
El antecedente que incomoda: el RIGI original y sus n�meros reales
Antes de celebrar el S�per RIGI, conviene revisar el balance del r�gimen que lo precede. El RIGI original, lanzado en 2024 bajo la Ley 27.742, acumul� anuncios de inversi�n que rondaron los US$ 81.000 millones en compromisos declarados. La ejecuci�n efectiva al momento de dise�ar el nuevo r�gimen no superaba los US$ 700 millones. La brecha entre lo anunciado y lo ejecutado es del 99,1%. En pol�tica econ�mica, los anuncios no son pol�tica. Los resultados, s�. El Gobierno tom� ese diagn�stico como insumo para recalibrar el instrumento. Bien. Pero la recalibraci�n no resuelve el problema estructural que explica esa brecha: la ausencia de un ecosistema productivo capaz de absorber y multiplicar esas inversiones.
El enclave tecnol�gico: el riesgo que el proyecto no menciona
Un datacenter de US$ 1.000 millones no es un objeto que cae del cielo. Necesita construcci�n civil especializada, ingenier�a el�ctrica de alta tensi�n, sistemas de refrigeraci�n industrial, insumos de obra, log�stica de equipos de precisi�n, mantenimiento de infraestructura cr�tica y capital humano calificado en operaci�n de centros de c�mputo. Si todo eso se importa —y en la Argentina de 2026, con la industria manufacturera operando al 53% de capacidad instalada y m�s de 22.000 empresas cerradas desde noviembre de 2023, la probabilidad de que se importe es alta—, el datacenter funciona como un enclave tecnol�gico: genera valor en suelo argentino pero lo derrama afuera.
La diferencia entre una inversi�n que desarrolla y una inversi�n que extrae no est� en el monto ni en el sector. Est� en los eslabonamientos productivos que genera hacia atr�s y hacia adelante en la cadena de valor local. Sin esos encadenamientos, el S�per RIGI puede producir el mismo resultado que la soja sin valor agregado: divisas que entran, renta que sale y una estructura productiva que no se transforma.
Lo que falta: la otra mitad de la pol�tica industrial
El proyecto tiene una omisi�n que no es menor: elimina el requisito de contenido nacional m�nimo que el RIGI original establec�a en el 20% de la inversi�n, y expl�citamente proh�be imponer compras locales como condici�n de acceso. La l�gica del Gobierno es comprensible desde la teor�a del laissez-faire: no poner trabas para maximizar la atracci�n de capital. Pero esa l�gica ignora la evidencia comparada. Los pa�ses que convirtieron reg�menes de incentivo en palancas de desarrollo —Corea del Sur en semiconductores, Taiw�n en manufactura tecnol�gica, Alemania en energ�as renovables, Brasil con el sector aeron�utico en torno a Embraer— combinaron siempre dos elementos: beneficios fiscales atractivos para el inversor y requisitos de transferencia tecnol�gica, formaci�n de proveedores locales y desarrollo de capital humano nacional.
Sin proveedores nacionales calificados, sin un sistema cient�fico-tecnol�gico integrado a la cadena productiva —con el CONICET desfinanciado y las universidades t�cnicas con presupuesto de emergencia— y sin una pol�tica activa de formaci�n de recursos humanos en los sectores que el S�per RIGI pretende desarrollar, el r�gimen financia la llegada de la inversi�n extranjera pero no garantiza su arraigo. La direcci�n importa, que la pol�tica sea completa , tambi�n. Y en este caso, la pol�tica industrial a medias tiene un historial argentino conocido: genera dependencia profundizada, produce ilusi�n de desarrollo y no derrama hacia el tejido productivo que m�s lo necesita.
