27 mayo de 2026
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El Gobierno nacional aceleró el envío al Congreso de la llamada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, una iniciativa con la que busca regular y transparentar la actividad de los lobistas ante funcionarios y legisladores. El proyecto, que toma como referencia el modelo de Estados Unidos, comenzaría a debatirse la próxima semana en comisión junto con el "Súper RIGI".
La propuesta fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. El texto ya fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas bajo control del oficialismo.
La iniciativa apunta a establecer reglas obligatorias para toda gestión de intereses destinada a influir en decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso. Según el Gobierno, el objetivo es eliminar "espacios de opacidad" y mejorar la confianza en el funcionamiento del Estado.
Entre los puntos centrales, el proyecto crea dos registros públicos clave: uno para identificar a los gestores de intereses y otro para dejar asentados los contactos, reuniones y negociaciones mantenidas con funcionarios públicos. Allí deberán figurar intervenciones vinculadas a leyes, políticas públicas, contrataciones, concesiones, permisos y autorizaciones.
Además, quienes realicen lobby deberán presentar reportes trimestrales obligatorios y toda la información será publicada en formato digital, gratuito y accesible. También se establece que exfuncionarios no podrán actuar como gestores ante el organismo donde trabajaron durante dos años después de dejar el cargo.
El proyecto pone especial foco en los intereses extranjeros. Las personas o empresas que representen gobiernos, partidos políticos u organizaciones de otros países deberán declararlo expresamente ante el registro. La omisión o falsedad en esos datos será considerada una infracción grave.
Sanciones y comparación con Estados Unidos
La iniciativa prevé multas económicas, inhabilitaciones e incluso penas de prisión para quienes incumplan la norma. En el caso de los gestores de intereses, las sanciones pueden ir desde multas equivalentes a cinco salarios mínimos hasta la prohibición definitiva de operar en el país. También contempla penas de entre seis meses y tres años de cárcel.
Para los funcionarios públicos, la falta de registración o publicidad de reuniones podría derivar en mecanismos de remoción, juicio político o imputaciones penales por delitos como cohecho.
El Gobierno tomó como modelo la "Lobbying Disclosure Act" de Estados Unidos y su reforma de 2007. Al igual que el esquema norteamericano, el proyecto argentino obliga a presentar informes periódicos y transparentar los contactos entre privados y funcionarios. Sin embargo, la propuesta local es más amplia porque obliga a registrarse incluso en actividades sin fines de lucro y exige inscripción previa antes de cualquier gestión.
Otras iniciativas que ingresaron al Congreso
- Súper RIGI: establece un régimen especial para inversiones desde US$ 1.000 millones en nuevas industrias y actividades tecnológicas.
- Ley de Ludopatía: busca endurecer controles sobre apuestas online y publicidad vinculada al juego.
- Eliminación de sellos en alimentos: otra de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo dentro del mismo paquete legislativo.
- Plazo y beneficios del Súper RIGI: el esquema tendrá una vigencia inicial de cinco años y exigirá invertir al menos el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años.
