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Alvaro Herrero: “El fallo de la Corte es histórico”

22-03-2012
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El aborto, el acceso a la información pública y la situación de las cárceles son los principales temas de la agenda de derechos civiles de la Argentina.

Tras el histórico fallo de la Corte sobre la cuestión de los abortos no punibles, el estadista dialogó con Alvaro Herrero (abogado, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles ?ADC? desde hace tres años) sobre su impacto y sobre otros de los temas candentes de la agenda de derechos civiles en la Argentina.

¿Cuáles serán los principales temas de la agenda de derechos civiles este año?

En primer lugar figura la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, que se debatió por primera vez a nivel legislativo el año pasado. Es un tema que está en la agenda pública hace mucho tiempo y que recién se debatió en el Congreso el año pasado. A pesar de que el proyecto perdió estado parlamentario, que se haya discutido es un hito. Esperemos que se vuelva a presentar el proyecto este año y, sobre todo, que avance. La problemática del aborto tiene muchas aristas y formas de encarar. Legalizar el aborto sería la solución más amplia.

¿Cómo se inscribe el reciente fallo de la Corte en este debate?

El fallo tiene una trascendencia enorme porque cierra la discusión sobre uno de los dos temas del debate sobre el aborto. Ya no es necesario reformar el Código Penal, como pretendían algunos legisladores, para aclarar el alcance de los abortos no punibles. La Corte, al decir que el Código Penal es claro, que todas las mujeres violadas tienen derecho a un aborto y todas las otras aclaraciones que hace, saca de la agenda legislativa la cuestión de los abortos no punibles. La única cuestión que quedaría en el Congreso, en caso de que decida tratarlo, es el de la despenalización. El fallo es histórico y tiene una trascendencia enorme, no sólo por la clarificación que hace sobre la discusión histórica sobre los derechos de las mujeres violadas, sino por el impacto práctico que tendrá sobre las mujeres violadas que, ahora, pueden acceder a un aborto en un hospital público. Además, pone a la Corte en otra dimensión porque realza y religitima a la Corte como poder del Estado.

¿Qué otros temas hay en agenda?

Otro tema fundamental, y que está presente en todas las organizaciones de derechos civiles del mundo, es el acceso a la información pública. La Argentina no tiene una ley en esta área y solamente cuenta con un decreto, el 1.172, que se aplica a la órbita del Ejecutivo. Carecemos de una ley que garantice en la práctica el ejercicio de este derecho. Es un derecho humano fundamental garantizado por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y respaldado por varios fallos de tribunales internacionales. El año pasado hubo un proyecto que tuvo el aval del Senado, pero no fue tratado por Diputados y perdió estado parlamentario. Es imprescindible que tanto el oficialismo como la oposición pongan este tema en discusión porque es una herramienta fundamental para ejercer otros derechos y para acceder a información relevante para los ciudadanos. Es un tema en el que venimos trabajando desde hace varios años con más de 50 organizaciones de la sociedad civil. En nuestra opinión se debería crear un organismo autónomo y encabezado por una persona idónea que vele por su ejecución y formule una política pública para todo el Estado. Hay muchos países que han avanzado en este sentido, y la Argentina se está quedando en la retaguardia de la región, junto a Paraguay y Colombia. Además de otros derechos, también ayudaría a garantizar la participación ciudadana en actos de gobierno y en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Incluso en países más cerrados y autoritarios como China hay una ley de acceso a la información pública. En muchos países ya están hablando de “gobierno abierto” y, por lo tanto, estamos quedando realmente rezagados.

En la ADC también le prestan mucha atención a la cuestión carcelaria. ¿Cómo ven ese asunto?

Otro tema que consideramos prioritario, y en el que hay mucho consenso en las organizaciones de la sociedad civil, es el tema de las cárceles. La situación en las cárceles federales como provinciales es preocupante y, en otros, dramática. En el 2012 seguimos teniendo prácticas institucionalizada de tortura y violencia dentro de ellas, como consta en documentación fehacientemente recolectada por varias organizaciones. Las condiciones de detención también preocupan. En muchos casos hay hacinamiento y muchos presos no pueden gozar de los derechos que les reconoce la ley, desde la educación o el trabajo hasta cuestiones como salir al patio a hacer ejercicio o caminar. La situación de las cárceles es el parámetro de la protección de los derechos en democracia. Hay que mirar lo que está pasando dentro de una cárcel para saber qué nivel de protección de derechos tenemos en una sociedad. Hay un proyecto legislativo para la creación de un mecanismo independiente para el monitoreo de las condiciones de detención, que surge de la Convención contra la Tortura, que es un tratado internacional. Activar ese mecanismo es fundamental para mejorar la situación de las cárceles y reducir la tortura, la violencia y las muertes que ocurren en ellas. Hay un proyecto que tiene media sanción en Diputados y podría ser tratado este año en el Senado. Sería un avance.

¿Y la ley de identidad de género?

Luego de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de identidad de género reconocería el derecho y la problemática de las personas de la comunidad trans. Parece tener el apoyo de casi todos los sectores del arco político y debería tratarse este año. Permitiría solucionar la situación de un grupo específico de personas que sufren la violación de sus derechos, como el acceso a la salud, los medicamentos, el trabajo y a otras cuestiones. Desde la ADC apoyamos su tratamiento y esperamos sea aprobada.

La Corte Suprema le pidió al Gobierno que tenga “un equilibrio razonable” a la hora de dar publicidad. ¿Qué piensa de la medida?

Me parece que este es otro tema que debería tratar el Congreso este año. Hay que crear un mecanismo regulatorio para lograr el “equilibrio razonable” que postula la Corte. En esta cuestión, hay un agravante, que es que el Gobierno no está cumpliendo el fallo. Hace pocos días, un juez de primera instancia le aplicó una multa al Gobierno por este incumplimiento. El manejo discrecional de la pauta oficial se ha agudizado fuertemente en los últimos años, mientras el monto de publicidad oficial crece velozmente. Para nosotros es un tema de libertad de expresión ya que puede generar un efecto de censura indirecta en algunos medios que para recibir pauta oficial se ven obligados a tener líneas editoriales menos críticas del Gobierno. De esa forma se impide la crítica y el análisis independiente. Esto también pasa en otros distritos del país. En la CABA, la Legislatura porteña aprobó una ley que fue vetada por el jefe de Gobierno. Era una buena ley y planteaba una regulación razonable, pero fue vetada en 2010. Recientemente, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó estándares que deben ser cumplidos por los países para empezar a atacar estos problemas.

Luego de una acción de amparo colectiva presentada por la ADC y un grupo de madres, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia de Salta ordenó al Estado provincial adoptar las medidas necesarias para que las escuelas públicas salteñas dejen de imponer prácticas de la religión católica a sus alumnos. ¿Se registran casos similares de este tipo de imposición en otras partes del país?

El caso de la provincia de Salta es preocupante por la magnitud del problema, no sólo en términos cuantitativos sino cualitativos, ya que esto va desde el rezo del Padre Nuestro hasta la bendición de la comida hasta la inclusión de contenidos religiosos en la currícula. Lo que ocurre en Salta es preocupante, y también se da en otros distritos del noroeste. Está claro que es una situación muy retrógrada ya que desde finales del Siglo XIX preveía la educación laica. Tampoco se le puede imponer las creencias religiosas a nadie, máxime si se trata de niños y niñas de escuelas primarias, que siempre son más permeables a estas presiones y adoctrinamiento. No es un tema de encono con la Iglesia Católica, sino que tiene que ver con la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la separación del Estado y la Iglesia. Este caso, impulsado por la ADC, es un valioso precedente en materia de laicidad del Estado que esperamos sea de utilidad en otras provincias.

Este año, el INADI cumplirá quince años. ¿Qué balance hace?

En estos quince años, el INADI ha demostrado un crecimiento y un proceso de desarrollo institucional sumamente destacable. Ha permitido generar de manera seria dentro del Estado discusiones sobre los temas de discriminación y para formular políticas para luchar contra las formas en que se expresa este flagelo. Se han obtenido grandes logros en estos años. Actualmente, sin embargo, el INADI no está pasando por un buen momento como producto de los recambios en el liderazgo y por la intromisión de la política partidaria en un espacio institucional que debería estar exento y ajeno a ello. Pero más allá de esto hay que destacar lo positivo, como las sedes que abrió en el interior y llegando a lugares donde antes no se llegaba con estas discusiones. Pero no es el único lugar para la defensa y la protección de los derechos de los ciudadanos dentro del Estado, como la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Procaduría Penitenciaria, una especie de ombudsman para las personas que están detenidas. Si bien existen, hay que fortalecerlas institucionalmente. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo está a cargo del defensor adjunto desde que Guillermo Mondino se postuló para senador en Córdoba y desde entonces no se ha nombrado a uno nuevo. Algo similar ocurre con la Procuración Penitenciaria, en la que su titular, Francisco Muñolo, está haciendo una buena labor pero su designación viene siendo postergada desde hace un tiempo y debería haber un nombramiento definitivo. El Defensor del Niño, creado por ley hace ya varios años, tampoco ha sido puesto en funciones. Por ende, hay muchos espacios de protección de los ciudadanos que han venido creciendo pero que no tienen mucha fortaleza institucional. Eso se logra con más apoyo político.

¿Cuál es la receptividadad y la vocación de la sociedad argentina para debatir estas cuestiones?

Hay buena predisposición, aunque es preciso diferenciar tema por tema. La publicidad oficial, por ejemplo, es un tema novedoso, de los últimos cinco o seis años, y entiendo que no sea urgente para muchos legisladores pese a que tiene efectos negativos sobre la libertad de expresión. Pero lo referido a la interrupción voluntaria del embarazo es un tema fundamental de derechos humanos, en el que la Argentina ha sido denunciada en varias instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la CEDAW, la comisión encargada de luchar contra todo tipo de discriminación contra la mujer. Además, genera efectos muy concretos. Cientos de mujeres mueren por año por falta de acceso a abortos seguros, y muchas más sufren daños irreversibles en su salud por no recibir atención en los hospitales públicos. Esto la sociedad argentina lo sabe. Es insostenible que a esta altura de la Historia Argentina, haya niñas de once años que queden embarazadas y no puedan acceder a un aborto en un hospital público. Vale destacar que en este tema hay una suerte de discriminación entre las mismas mujeres: mientras las de clase media y alta pueden acceder a abortos seguros, las de clase baja mueren o sufren consecuencias gravísimas en su salud por no tener los medios suficientes para acceder una clínica privada. También hay otros temas, como la tortura en las cárceles, que aún permanecen como invisibilizados. Es necesario hacerlo. Tanto en el tema del aborto como en el carcelario, las principales víctimas son de los estratos sociales más bajos. Por último, hay que recordar que los tres poderes del Estado deben cumplir su rol en la defensa y el cumplimiento de los derechos. Los tres, dentro de su propia órbita, tienen derechos y responsabilidades en este aspecto. El Poder Legislativo debe poner los temas en agenda y actuar en este sentido; el Poder Ejecutivo, que ha hecho mucho en avances en lo referido a la violación de los derechos humanos durante la dictadura, le debe dar la misma prioridad a otras cuestiones como el aborto y las cárceles y, por último, el Poder Judicial, cuyo rango de acción es más acotado porque la Corte sólo puede pronunciarse en los casos que llegan a su conocimiento, pero que también tienen una oportunidad de proteger y salvaguardar derechos cuando llega ese momento.

(De la edición impresa)

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