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Comunas: el trabajoso parto

21-12-2011
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(Columna del sociólogo Gabriel Purcielli)

Buenos Aires inaugura una experiencia que deberá probar su utilidad en materia de calidad de vida urbana para perdurar y ampliarse.

Quienes se dedican a la política apuestan siempre a la irreversibilidad de sus actos. Reformistas, revolucionarios o reaccionarios, todos persiguen la quimera de que su obra dure para siempre y que las condiciones que sus políticas públicas crean sean el marco dentro del cual tengan que llevar adelante las suyas sus sucesores. Esa aspiración es más marcada aún en los actos fundacionales y ello se traduce en esos documentos programáticos que son las constituciones, ese plan de obras de largo plazo que se supone obliga a las generaciones por venir.

Sin embargo, la política democrática es el reino de la indeterminación y de la contingencia y nada hay en ella parecido a una línea recta que conduzca en orden hacia el progreso. El voto arrasa con frecuencia con las pretensiones de irreversibilidad y muchas veces reinterpreta el plan constitucional de modo que la obra siempre inconclusa empieza a parecerse poco al edificio que los constituyentes imaginaron. Las juntas comunales que se pusieron en marcha en la ciudad de Buenos Aires el 10 de diciembre y el proceso de su demorada creación son y continuarán siendo una puesta en escena de estas tensiones.

Consagrada por una casi unánime mayoría progresista en la Constitución que fundó a Buenos Aires como ciudad autónoma, la división de la ciudad en unidades descentralizadas para la gestión de parte de los asuntos barriales fue hija de un diseño inspirado en exitosos gobiernos locales de izquierda en ciudades como Montevideo

(pionera) y Porto Alegre. Desde el vamos, fue una idea cuya audacia no le sentó bien a los primeros gobiernos porteños electos por el pueblo y no por el dedo de la Casa Rosada. Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra prefirieron la certidumbre de un mando

centralizado en Bolívar 1, y dieron prioridad a la puesta en marcha de todas aquellas

instituciones de la nueva Carta Magna local que pudieran afincarse en un radio de diez cuadras alrededor de la jefatura de Gobierno.

Las comunas se vieron postergadas y hasta la impronta descentralizadora del presupuesto participativo fue limitada a su mínimo impacto. Sin embargo, Constitución en mano, hubo quienes perseveraron, en los intersticios, en impulsar ese mandato. Desde la Legislatura o desde dentro del gobierno, el Partido Socialista hizo valer lo mejor de su centenaria tradición municipalista para evitar que la agenda fuera dejada definitivamente de la lado, impulsando la creación del Ministerio de Descentralización y promoviendo cronogramas y acciones de implementación.

En manos de inquietos actores barriales de la sociedad civil, la Constitución se transformó también en el fundamento para la movilización y la organización para exigir el ejercicio de un poder más próximo en la gestión de la vida urbana. De todos modos, esas acciones convergentes no alcanzaron para que ninguno de los tres primeros jefes de gobierno surgidos de la Constitución de 1996 resignara la parcela de poder necesaria para dar lugar a las instancias de gobierno locales.

La tarea estaba sin hacer cuando llegó al gobierno de la ciudad la derecha del Pro de Mauricio Macri, cuyo programa no era el más compatible con el que estaba implícito en el ADN progresista de la Carta Magna de 1996. Su llegada al gobierno coincidó con la implosión de las fuerzas políticas que habían marcado la primer década de gobierno autónomo de Buenos Aires. Así pudo arrasar con toda pretensión de irreversibilidad de lo actuado hasta entonces, reduciendo a la ineficacia a diversos órganos de gobierno (viene a la mente la deserción del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes frente a desmanejos en política educativa y de hogares de infancia) originalmente concebidos para garantizar que la política pública en la ciudad se ajustara a un enfoque de derechos.

Apoyado por una mayoría que se alejaba del consenso progresista para adoptar un talante de intervención mínima, el Pro buscó denodadamente cancelar el tímido proceso de descentralización. No hizo un secreto de esa vocación, sino que buscó en todo momento legitimarla ante su electorado. El único dique eficaz que encontró fue la acción judicial: la elección de juntas comunales de julio pasado fue convocada en cumplimiento de un amparo judicial interpuesto por vecinos. La Comisión de Descentralización de la Legislatura, en manos de Proyecto Sur desde las elecciones legislativas de 2009, en que el Pro retrocedió tan fuerte como inesperadamente, había trabajado con ahínco para revivir el proceso y articuló múltiples acciones con la sociedad civil, pero fue necesaria la intervención correctiva del otro poder del Estado local para que el mandato constitucional se cumpliera, quince años después de la adopción de la Constitución.

Que el Pro sólo acepta a regañadientes lo actuado por sus antecesores en esta materia

y que vive con disgusto la realidad constitucional a la que tiene que ceñirse lo prueba

también la serie de acciones que llevó adelante luego de la convocatoria a elecciones. La más reciente, es la creación de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) que absorben las funciones de los actuales Centros de Gestión y Participación Comunal, en lugar de garantizar que éstas sean asumidas por las juntas comunales. La tozudez del Pro queda más en evidencia frente al hecho de que no ceja en sus intentos de vaciamento a pesar de que el macrismo arrasó en las elecciones comunales tanto como en las municipales y tendrá la presidencia de las quince flamantes comunas.

La experiencia que se inicia, con todo, es inédita y cabe esperar que tenga en quienes

se apropien de ella unos defensores que ayuden a consolidarla como prática institucional. Es aquí donde las propias pretensiones del Pro de hacer irreversible una institucionalización bajo el signo de la desconcentración administrativa (y no de la descentralización del gobierno) pueden, eventualmente, trastabillar. No sólo seguirá habiendo vecinos activos, ahora con nuevas instituciones al alcance de su demanda e influencia, sino que habrá siete miembros en cada junta comunal que pueden comenzar a hallar que es más importante su condición de representantes del pueblo, que su adhesión a un partido distrital que pretende que tengan la menor cuota de poder posible: se verá cuál lealtad predomina.

En cualquier caso, la ciudad Buenos Aires inaugura con las comunas una experiencia que deberá probar su utilidad en materia de calidad de la vida urbana para perdurar y e ir más allá del papel minimalista que el Gobierno de Mauricio Macri está dispuesto a admitir.

(De la edición impresa)

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