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Concepciones del Estado, en pugna

22-03-2012
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Para algunos, la República es una función subordinada al Estado. Para otros, es a la inversa.

“Hay un hilo conductor que hace que los menemistas, a los que muchas cosas se nos reprochan por conductas de los '90, también nos sintamos parte de Cristina” (Roberto Dromi, 30/5/2011)

“Lo estatal, en la Argentina, tiene una gran deuda en lograr un carácter propiamente público, en el sentido de estar auténticamente al servicio de la ciudadanía” (Guillermo O'Donnell, 10/6/2007)

No es solamente la política de subsidios y los amplios nichos de discrecionalidad lo que está en discusión detrás de dos de los prin cipales temas de interés nacional en estas semanas: el funcionamiento del sistema de transporte público y la relación entre el Gobierno ?o algunos de sus más empinados funcionarios? y las empresas proveedoras de servicios ?o varios de sus más ubicuos empresarios?.

Lo que desnudan estas situaciones es la discusión de fondo que el Gobierno tiende a eludir porque tiene allí una de sus debilidades: el funcionamiento del Estado sigue dependiendo de lógicas clientelares y concepciones bastante parecidas a las que se trazaron e impusieron en la década del '90 por el hoy vituperado menemismo. No es sólo la manera de entender la relación entre política y mercado, negocios públicos y negocios privados, administración estatal y política gubernamental, lo que se instala en la superficie y después de la tragedia ferroviaria de Once no puede escabullirse de la agenda. Tampoco las tensiones entre democracia liberal y democracia populista, como tienden a definirlas politólogos y publicistas más afines a una u otra identificación. O el conflicto entre el poder político y “las corporaciones” como tienden a simplificarlo otros, mayoritariamente cercanos o identificados con el kirchnerismo.

Podríamos extender estas matrices a los debates entre institucionalistas y estructuralistas, en el terreno de la teoría de la administración pública, o entre los críticos de la democracia formal ?por incompleta? y los críticos del “sustancialismo democrático” ?por absolutista?, en el terreno de la teoría política. Pero vayamos a la escena principal en la que se desarrolla hoy esta disputa de fondo en la Argentina, donde podemos identificar dos actores principales: por un lado, el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, del que depende la Secretaría de Transporte y, por el otro, la Auditoría General de la Nación, principal organismo de control del Estado, dependiente del Congreso y con autonomía respecto del Ejecutivo.

Lo que encontramos aquí es la existencia de dos maneras de concebir la relación entre Estado, República y Democracia en relación con los servicios públicos. En términos muy sintéticos: entre quienes conciben a la República y la democracia como funciones subordinadas al Estado, un Estado dirigido por gobernantes en asociación con los prestadores de servicios, por un lado, y por el otro, quienes creen que son la República y la democracia las que otorgan legitimidad y eficacia al funcionamiento estatal, el cual debe estar sometido ?condición sine qua non? a sus premisas, supuestos y dinámicas para la provisión de dichos servicios a la comunidad.

No es, en tal sentido, sólo una curiosa anécdota que uno de los principales arquitectos de la reforma del Estado de la década del '90, Roberto Dromi, sea uno de los consejeros de confianza del ministro Julio De Vido. Se trata de una concepción parecida que parte de la idea de concebir al Estado como un aparato burocrático con leyes propias y cuyos atributos se reducen a una lógica binaria implacable: los servicios funcionan o no funcionan. Importa menos quién los brinda y en qué condiciones. Le preguntaron a Dromi hace pocos meses cómo es que alguien que fue artífice del modelo privatizador de corte neoliberal hoy apoye al Gobierno que puso al Estado en un rol muy fuerte y activo: ¿no hay una contradicción hasta filosófica entre los menemistas y los kirchneristas?

Lean su respuesta: “Mire, si yo hubiera podido haber hecho esto en los '90 lo hacía. Lo que pasa es que no estaba el caldo para cultivar esto (?) No nos quedaban más recursos que lograr inversiones, fue un esfuerzo excepcional para rescatar inversores que se hicieran cargo de estructuras esenciales de la sociedad argentina”. Frente a esta concepción, dispuesta a colocar al aparato estatal al servicio del Príncipe presidencialista de cada momento, de los imperativos de cada emergencia, o los modelos y modas ideológicas imperantes en cada época, está la otra concepción según la cual el Estado sólo puede funcionar mejor y de manera más legítima si trasciende a los gobernantes de turno y es puesto a trabajar bajo los marcos y con los contenidos que le proveen las instituciones republicanas y el control democrático de sus actividades.

Un Estado ciudadano como agente, siguiendo la idea de Guillermo O'Donnell, que no está por encima de la sociedad dirigiéndola sino en el seno de ella, coordinando la acción colectiva y proveyendo bienes y servicios públicos, y que en modo alguno debe subsumirse o confundirse con el gobierno que lo conduce. Fue la preocupación central y casi obsesiva de O'Donnell en los últimos años de su prolífica actividad y compromiso intelectual, crítico entre otras cosas de “la tentación decisionista de gobernar bajo la emergencia permanente”: la necesidad de un Estado que garantice y expanda los derechos políticos, civiles, sociales y culturales, actúe con razonable eficacia y honestidad, trate respetuosamente a todos y procese con inteligencia y espíritu de bien público diversas demandas e identidades. Vivimos en una democracia. Nos falta un Estado verdaderamente democrático.

(De la edición impresa)