(Columna de María Esperanza Casullo)
El arco completo de la sanción y revisión de la ley demuestra que la Argentina tiene una institucionalidad mucho más sólida de lo que a menudo se cree
En la Argentina, un país semiperiférico, al que a menudo se caracteriza como un “Estado débil” o se juzga por su “falta de instituciones”, una ley con grandes repercusiones para los balances de grandes actores económicos y para la vida política en general, fue sometida a un proceso de debates y audiencias públicas en la cual se involucraron diversas organizaciones de la sociedad civil y luego, fue debatida y sancionada en el Congreso con mayorías amplias. Finalmente, y dado que algunos privados se sentían perjudicados, fue sometida a un proceso de revisión judicial que incluyó cautelares y fallos de tribunales inferiores, para ser el día martes 29 de octubre refrendada en su constitucionalidad por la Corte Suprema de la Nación.
Amparado en este fallo, el organismo estatal de aplicación de la ley comenzará un burocrático y hasta tedioso proceso de aplicación, el cual será seguramente contestado con nuevas apelaciones de los diversos actores a la Justicia administrativa. Hablamos, por supuesto, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), llamada también Ley de Medios.
Escribiendo sobre el mismo filo de la noticia, sin el beneficio de una reflexión prolongada, surgen algunas conclusiones.
1. La primera es que, más allá del resultado puntual en término de “ganadores o perdedores” de la ley, el arco completo de la sanción y revisión de la ley demuestra que la Argentina tiene una institucionalidad mucho más sólida de lo que a menudo se cree. La LSCA se debatió en el Congreso, en donde fue aprobada con amplias mayorías; fue luego suspendida en su aplicación cuando un fallo de primera instancia así lo ordenó, y fue revisada minuciosamente por la Corte Suprema en un fallo de 400 páginas de extensión. Además de estos mecanismos institucionales, la ley fue objeto de un vibrante debate social en la esfera pública, en los diarios, en los canales de televisión y en las redes sociales. Sobre este tema se expidieron cuerpos internacionales como la SIP y la UNESCO. Ningún actor involucrado puede argumentar con credibilidad que su postura no fue conocida públicamente o que no tuvo posibilidad de hacerla valer frente a la Justicia: no pudo hacerlo el Estado cuando la ley fue suspendida, y no podrá hacerlo ahora ninguno de los grupos afectados. Para tener una idea comparativa, no fue demasiado diferente el proceso de sanción y revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de la ley de Salud (Affordable Care Act) del presidente Barack Obama en Estados Unidos. En el caso de la LSCA, no cabe duda de que las instituciones políticas y jurídicas del país funcionaron no por el resultado, sino por el proceso en sí.
2. Siguiente punto: como lo demuestra Philip Kirzberger en su artículo de investigación “The media activism of Latin America's leftist governments: Does ideology matter?”, todos los partidos de centro-izquierda (populistas o no) latinoamericanos comparten el diagnóstico de que la concentración de los medios masivos y privados de comunicación que se dio en la década de los '90 es un problema para estas jóvenes democracias. El abanico de respuestas a este diagnóstico, sin embargo, varía dramáticamente y va desde la inacción hasta el activismo más antagonista. La Argentina resulta un caso intermedio: aquí el Gobierno mostró un mayor activismo que en Chile, Uruguay, Brasil o Bolivia pero menor que en Ecuador o Venezuela, en donde se revocaron licencias de medios masivos fácticamente.
3. Tercer punto: la respuesta a la pregunta de “qué cambiará” la implementación de la ley resulta difícil de contestar, pero la respuesta más probable es “no demasiado” . Por un lado, porque es probable que los diversos grupos económicos afectados recurran a la Justicia (administrativa, en este caso) y recurran a una multiplicidad de medidas dilatorias. Por otra parte, no se puede olvidar que la desinversión de medios de comunicación suele dar paso a diversas maniobras societales como el uso de testaferros y demás. Por otra parte, porque la LSCA no regula la prensa escrita ni tampoco las redes sociales y todo lo relacionado con las potencialidades comunicacionales de la Internet, que es donde sin duda se jugará la partida del futuro. Sin duda, el cumplimiento de la ley afectará a los grupos económicos involucrados, pero no es probable que se reconfigure totalmente el mapa de consumo de medios del país.
4. Finalmente: tal vez el dato político más relevante haya sido el atronador silencio de los políticos más importantes de la oposición sobre el tema, al menos hasta el cierre de esta edición. En un país en el que las acciones del Gobierno son a menudo recibidas inmediatamente con sonoras y múltiples críticas, puede verse, sin embargo, que entre las declaraciones de apoyo a la postura del diario Clarín sólo se incluyen dirigentes de segundo orden, con la excepción de Elisa Carrió, que hizo de este tema su bandera. Las figuras más relevantes, como Hermes Binner, Mauricio Macri o Sergio Massa optaron, inicialmente, por no hacer comentarios. Es posible aventurar que la clase política argentina respira aliviada pensando que el próximo presidente, sea cual fuere su tono político, va a gobernar con un Grupo Clarín de poder muy disminuido y que, más aún, incluso agradezca en su fuero interno, sin decirlo nunca por supuesto, al kirchnerismo el haber asumido el costo político de este enfrentamiento.
