La reestatización de YPF vuelve a poner en discusión los dilemas y contradicciones del nacionalismo popular.
La sensación de estar protagonizando momentos trascendentes ha vuelto a dejar sus marcas en este primer semestre del segundo mandato de Cristina Fernández, la que ?con la decisión de expropiar y reestatizar YPF? ya tiene su abril memorable, inscripto con trazos propios. Muchos se ocuparon de fijar la fecha como un hito emparentado con las grandes efemérides argentinas y las batallas emancipatorias por la soberanía. Otros lo vieron como un sucedáneo del resonante default de la deuda externa a fines del 2001 e incluso recordaron aquel otro abril de hace treinta años, el de Malvinas 1982.
Entre la gesta del nacionalismo popular y el gesto del arrebato nacionalista, con una Presidenta que puede colocarse delante del panteón nacional junto a Yrigoyen y Perón y, al mismo tiempo, evocar con su anuncio intempestivo a Galtieri y Rodríguez Saá, habrá que dejar correr un tiempo para calibrar el lugar que tendrá el lunes 16 de abril de 2012 en las páginas de los libros de historia.
¿Reencuentro con una tradición ligada a la defensa del patrimonio nacional o nueva muestra de que el pasado se reescribe a conveniencia de las necesidades y urgencias de la coyuntura? ¿Un paso más en la recuperación de la gobernabilidad de la economía argentina o una fuga hacia adelante que acentúa la crisis de la matriz energética? ¿Acto de fortaleza política o reconocimiento de una fragilidad estructural y confesión de un fracaso? ¿Una decisión estratégica que coloca al país en posición de liderazgo regional y afirmación de un camino de vanguardia, desmarcado de la crisis del modelo neoliberal frente a las corporaciones transnacionales, o una operación de distracción tan osada como improvisada, que profundiza el aislamiento externo y marcha a contramano de la creciente interdependencia? ¿Golpe maestro o manotazo de ahogado? ¿Más cerca de Brasil y China o de Venezuela y Bolivia? ¿Cambio fundamental en el modelo de negocios o renovación del “capitalismo de amigos”?
Todo eso se escribió en las últimas semanas, y así de inmenso es el carácter bifronte y polar del acontecimiento; según el andarivel que se decida recorrer ?y esto es algo más profundo que el diario que se decida leer o el relato al que se adscriba? dará para verlo de uno u otro modo y estaremos yendo hacia el mejor o el peor de los escenarios posibles. En ocho años de gobierno, el kirchnerismo ?principal movimiento político de las primeras dos décadas del Siglo XXI? no ha logrado sacar el petróleo de las napas y mover con él las palancas del desarrollo nacional, pero no caben dudas de que ha hecho gala de su notable capacidad para despertar las pasiones de la Argentina subterránea, instalar las agendas y recrear los debates históricos que siguen moviendo la política nacional. Hay quienes creen que así se escribe y se cambia la Historia, a favor de las mayorías populares y con una orientación progresista.
Que esta decisión marca el punto más alto de las políticas públicas de transformación y recuperación de la soberanía nacional y la divisoria de aguas entre quienes están con un proyecto de país nacional y popular y quienes continúan bajo las recetas neoliberales y el Consenso de Washington. Las comparaciones con Malvinas pueden resultar temerarias y tramposas, pero también aleccionan sobre los riesgos de obnubilarse con una manifestación voluntarista y declamatoria de poder nacional que puede resultar un espejismo, redundando en momentáneos beneficios internos pero contraproducente al fin si no se la acompaña con una hábil negociación diplomática, adecuada articulación de intereses y construcción de capacidades estatales.
Lo que no ha sido, precisamente, algo de lo que hayan hecho gala los pasos tomados por el Gobierno con Repsol e YPF en los últimos años y las últimas semanas. Es cierto que la reestatización de la empresa petrolera nacional, luego de tantos desaguisados, ha suscitado un alto respaldo en la opinión pública, ya que puso en movimiento el debate parlamentario y dejó a la oposición nuevamente cautiva de sus propias contradicciones y limitaciones. ¿Costaba mucho anunciar el envío del proyecto de ley, proponer el debate y buscar los consensos e incluso convocar a un referéndum, tratándose de un tema de capital importancia, en lugar de hacerlo a la mejor manera decisionista y discrecional, con decretos y alegaciones de excepcionalidad?
Pero se hizo como se hizo, con el estilo característico que resignifica y envuelve la profundización del ajuste con una combinación prodigiosa de “sintonía fina” y “vamos por todo”; porque como dijo la Presidenta, “la Historia no se construye como uno quiere sino como uno puede”. Encontró para ello a una nueva espada con grandes ambiciones, exponente de la renovación generacional en la élite gobernante: Axel Kicillof, esa mezcla de Ernesto Guevara y Domingo Cavallo, que parece haber deslumbrado a Cristina como aquellos a Fidel y Menem.
Mientras tanto, cabe preguntarse en qué quedarán las denuncias y sospechas sobre las redes de negocios y arreglos que tienen al vicepresidente Boudou como uno de los principales gestores o partes; cuánto del caso Ciccone se trata de un caso más de irregularidades y desvíos y cuánto del modo en que funciona “normalmente” el proceso de toma de decisiones en los más diversos niveles y temas: las concesiones y regulaciones en el funcionamiento del transporte público, la explotación minera y la producción de hidrocarburos. Nos obsesionamos con los fines que se pretenden alcanzar o las causas que creemos defender, nos despreocupamos del “cómo” y así nos perdemos en la maraña de justificaciones, atajos y transgresiones.
La expropiación de YPF también será mirada con ese prisma: las inversiones que requiera el Estado para recuperar el autoabastecimiento reclamarán la seguridad jurídica que evite lo que ocurrió con Repsol y el Grupo Eskenazi, ese vaciamiento ocurrido en los últimos años del que el kirchnerismo no quiere hacerse cargo. Oponer el nacionalismo popular al republicanismo democrático es una muestra de debilidad y no de fortaleza. Por eso no sorprende que la Argentina figure en el lote entre los países más corruptos de América Latina, según el ranking de Transparencia Internacional, en el puesto 100 sobre un total de 183.
Que existan esos niveles de corrupción e inseguridad jurídica ya es un problema serio. Que se los niegue o, más grave aún, se los exhiba como un atributo de poder, lo es aún más. Muestra que seguimos más cerca de los gestos e imposturas que de las gestas que creemos y queremos protagonizar, como país que construya una real y efectiva autodeterminación nacional, sin ofensas ni embauques.
(De la edición impresa)
