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De militancias rentadas y organizaciones sociales

27-08-2012
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Se cuestiona el rol de las ONG, promoviendo agrupaciones paragubernamentales.

La noticia fue desmenuzada ya a diestro y siniestro. El Servicio Penitenciario Federal promueve, a través de una agrupación oficialista, el “Vatayón Militante”, la salida de presos que están cumpliendo condenas por graves delitos para participar en actos políticos, y el Gobierno llama a esto “resocialización de personas privadas de su libertad”.

Como en tantos otros temas en los que saltan a la luz pública hechos escandalosos, irritativos o inconfesables, una cosa es lo que el Gobierno hace y otra lo que dice que hace. Y cuando se le señalan decisiones desacertadas, deslices inadmisibles o distorsiones desmesuradas las voces del oficialismo acusan a los medios de deformar la realidad, sacar los hechos de contexto o destacar solamente las noticias negativas con fines conspirativos y descalifica a los críticos enrostrándoles estar en contra de lo que dice estar haciendo mientras niega lo que efectivamente ocurre.

Que una agrupación oficialista pida las salidas transitorias de convictos emblemáticos, condenados hace poco tiempo por resonantes homicidios, para participar en movidas junto a otros presos ya resulta irritativo. Que a instancias de los funcionarios penitenciarios haya jueces que les otorguen ese permiso y que luego la propia Presidenta exponga la iniciativa como un ejemplo de trabajo social, promoción cultural y política penitenciaria progresista puede resultar aun peor, una ofensa para las víctimas y familiares de los que sufrieron esos delitos, y para la sociedad toda.

Es algo que está mal por donde se lo mire. Confunde la acción de las ONG y las agrupaciones sociales con la de agrupaciones partidarias paragubernamentales (OPG), que cuentan con las facilidades, favores y beneficios del aparato estatal. Establece un sistema de premios y castigos paralelo al del funcionamiento judicial, malversando una positiva herramienta de política pública. Introduce la política partidaria dentro de las cárceles, bastardeando genuinas iniciativas de dignificación personal y readaptación social.

A la hora de defender la iniciativa, la Presidenta no tuvo mejor idea que cuestionar la existencia de ONG's independientes: al igual que los medios, considera que éstas representan en realidad un autointerés político o económico, la diferencia entre ellas es que algunas lo exhiben abiertamente y otras lo encubren en forma aviesa: “En realidad, parece ser que cuando las ONG tienen una determinada orientación, son malas, porque también recuerdo a una organización muy mentada, como fue Poder Ciudadano, que era una organización muy 'independiente' y su presidenta, una de sus miembros más conspicuas, terminó siendo diputada por un partido de centroderecha”. Y agregó Cristina: “Parece ser que cuando se es de centroderecha, se puede ser independiente, miembro de una ONG y participar en política, y cuando sos un poco más afecto a lo nacional, a lo popular, a lo democrático (sic), parece ser que allí hay objeción”.

Como recordó otro ex director de Poder Ciudadano, Carlos March, lo objetable no es la orientación política que las organizaciones den a sus causas, así como la independencia de las instituciones no reside en las preferencias partidarias de sus miembros: “Lo verdaderamente objetable es que el principal factor que atenta contra la independencia de las ONG está basado en muchas de las políticas gubernamentales, que las convierten en rehenes de los contextos que deberían modificar, de los Estados que deberían controlar y de las autoridades ante las cuales deberían peticionar”.

Para que quede claro el punto: el problema, desde este mirador crítico, no es lo que el Gobierno dice que hace. En buena hora se promuevan reformas al sistema penal, una mejora en las condiciones de las cárceles y en el tratamiento de los detenidos y programas que favorezcan su reinserción en la sociedad. El problema es lo que efectivamente está haciendo, cuando se dispone del aparato estatal para promover actividades de militancia partidaria y reclutamiento dondequiera que fuera, incluyendo las cárceles, y con quienquiera que fuera, barras bravas, homicidas y condenados a perpetua incluidos.

Cuentan que en los últimos años del segundo gobierno de Perón, a algunos de sus más leales allegados se les ocurrió crear una Secretaría de las Relaciones con las Organizaciones del Pueblo, neologismo que servía para canalizar la asistencia financiera a agrupaciones paragubernamentales. Entre los beneficiarios de esos sobres estaba la Alianza Libertadora Nacionalista, fuerza de choque de ultraderecha que comandaba el inefable Guillermo Patricio Kelly. Y quien estuvo encargado de establecer esos vínculos era un joven periodista que haría carrera transitando los pasillos del poder y espineles políticos: Bernardo Neustadt.

Sería necio negarle al kirchnerismo su capacidad para dar cabida a los movimientos y agrupaciones que surgieron tras el estallido de 2001, recoger la representación política que dejó vacante el derrumbe del bipartidismo imperfecto y posteriormente, también, atraer a una nueva militancia política juvenil. Lo que se discute es la cooptación de estas expresiones con dinero público para transformarlas en herramientas al servicio del poder político, la agitación partidista, la obsecuencia hacia los gobernantes y la denigración de las expresiones críticas.

Cuando actúan de tal modo y creen que están defendiendo la causa nacional y popular, están en realidad manchando sus mejores banderas y conquistas con las peores metodologías.

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