(Columna de Tomás Múgica)
Más allá de la coyuntura, la crisis pone de relieve las debilidades del sistema político brasileño.
Dilma Rousseff atraviesa su peor momento, con pérdida de apoyos políticos, recesión económica y caída en la opinión pública. De acuerdo a la última medición de DataFolha, la desaprobación de su administración alcanza el 71%, el peor índice desde su asunción en 2011. Las revelaciones de corrupción y la crisis económica debilitan diariamente al Gobierno, pero sus impactos se ven potenciados por la fragilidad de sus apoyos políticos.
La investigación por el llamado “Petrolao” avanza, con consecuencias políticas adversas para la administración de Dilma. En este caso, la Justicia indaga una amplia red de distribución de sobornos y lavado de dinero en Petrobras. Hasta el momento ha quedado al descubierto una red de tráfico de influencias destinada a favorecer a empresas contratistas de la petrolera estatal, a cambio de aportes ilegales de esas empresas a las campañas del PT y de sobornos destinados a ministros, legisladores y funcionarios. Decenas de ejecutivos y políticos de primer nivel han sido detenidos, entre ellos el ex ?director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, el ex ?tesorero del PT, João Vaccari Neto y Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht, la constructora más grande de Brasil y de la región.
En el plano económico la situación se deteriora: se estima una caída del PBI del 1,5% para este año, en un contexto de ajuste fiscal, implementado por el Ministro de Hacienda, Joaquim Levy. La devaluación del real se ha acelerado en las últimas semanas y el dólar ya alcanza su mayor nivel frente a la moneda brasileña desde 2003. Más preocupante, la caída del nivel de actividad empieza a impactar sobre el empleo: la tasa de desocupación ronda el 8,1%.
Frente a la debilidad del Gobierno, parte de la oposición ?liderada por el PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña)? juega con la idea del juicio político a Rousseff, con el respaldo de los algunos de los grandes medios de comunicación, como la revista Veja. ´
Más allá de la particular coyuntura, la crisis pone de relieve las debilidades del sistema político brasileño. El presidencialismo de coalición, régimen de gobierno que ha permitido garantizar trabajosamente la gobernabilidad desde F. H. Cardoso, está mostrando sus límites. Como es sabido, mientras que desde 1994 la Presidencia se ha alternado entre dos partidos, el PSDB y el PT (Partido de los Trabajadores), en el Congreso la fragmentación se ha mantenido muy elevada.
En términos prácticos, ello significa que los gobiernos, tanto del PSDB como del PT, nunca han contado con mayoría legislativa propia -en la actualidad el partido de Lula y de Rousseff suma 70 diputados sobre 513, y 13 senadores sobre 81- y han dependido de sus aliados para llevar adelante su agenda gubernativa. Reunir y mantener esos apoyos ha requerido diálogo, cargos en el Ejecutivo y, por sobre todo, dinero. Mucho dinero.
Nada de eso parece alcanzar en este momento para frenar el desgajamiento de la coalición oficialista. El más importante de los aliados petistas es el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que aporta 66 diputados y 17 senadores y controla las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado, además de la Vicepresidencia de la República. El PMDB, ideológicamente flexible y territorialmente extendido, ha sido un jugador clave para garantizar la gobernabilidad durante las presidencias de Lula y de Dilma. Sin embargo, el 17 de julio pasado Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y principal referente nacional del PMDB, anunció su ruptura con el Gobierno, al cual responsabiliza, por omisión, de la acusación que pesa en su contra por haber recibido un soborno de US$ 5 millones para facilitar contratos con Petrobras. Está por verse cuál será la línea de conducta del resto de los legisladores de esa fuerza: al menos el Presidente del Senado, Renan Calheiros, sostienen que continuará apoyando al Gobierno de Dilma. A la ida de Cunha se suma el anuncio por parte de los 46 diputados del PTB (Partido Trabalhista Brasileño) y del Partido Democrático Laborista (PDT) de su decisión de abandonar el bloque oficialista. El Gobierno pierde apoyo legislativo en un momento en el cual lo necesita.
La excesiva fragmentación legislativa que se observa en Brasil es expresión de partidos políticos débiles, con escasa disciplina interna. Así las cosas, aunque estable, la democracia brasileña depende para funcionar de engorrosas y costosas negociaciones. Cada Presidente se ve obligado a discutir su agenda legislativa caso por caso, invirtiendo enormes recursos políticos y económicos para convencer a legisladores frecuentemente dubitativos. Llevar adelante un programa de Gobierno en estas condiciones se vuelve difícil y gestionar en un contexto de crisis resulta aún más complicado.
En un intento de recuperar la iniciativa política y garantizar la gobernabilidad la Presidenta y sus principales laderos vienen manteniendo rondas de conversaciones con los gobernadores y grupos de legisladores. El objetivo inmediato es conseguir apoyo para un paquete de reformas destinados a contener el déficit fiscal y evitar la aprobación de medidas ?actualmente en discusión ?que implicarían una mayor carga para las finanzas públicas.
El panorama se presenta difícil para el Gobierno, pero sus posibilidades de supervivencia política todavía son altas: a pesar de las deserciones, aún puede reunir una mayoría en el Congreso, cuenta con el apoyo de un número significativo de gobernadores y con el aval de buena parte del establishment económico, que ve con preocupación el escenario que se abriría si hay juicio político (significativamente, en los últimos días el poderoso multimedio Globo llamó a los dirigentes de todos los partidos a garantizar condiciones de gobernabilidad).
Pase lo que pasare, sin embargo, la crisis actual deja claro que el sistema político brasileño debe ser reformado para garantizar una gobernabilidad más sólida, indispensable para cualquier proceso de desarrollo.
