(Columna del politólogo Aníbal Pérez-Liñán / Twitter: @aperezli)
La expansión económica ha sostenido así un boom del progresismo intolerante. La categoría es quizás un oxímoron, pero uno que captura la clave de nuestro tiempo.
Durante la última década, América Latina fue bendecida por un boom ex portador solamente com pa rable a la bonanza co mercial de fi nes del Siglo XIX. Este período de prosperidad permitió la adopción de políticas sociales innovadoras, impulsó la reducción de la pobreza, blindó a la región de la crisis global de 2008 y facilitó la renovación de las viejas élites políticas. Las oportunidades económicas abiertas por la expansión del mercado asiático y por los precios crecientes de las materias primas permitieron a los gobiernos del Siglo XXI superar las restricciones impuestas por las políticas neoliberales, aumentar el gasto público y expandir el consumo de los sectores sociales más castigados.
Sin embargo, este shock de prosperidad también concedió a los gobernantes un margen de maniobra impensable pocos años atrás, y los condujo a adoptar posturas crecientemente intolerantes. A través de la región, de Caracas a La Paz y de Buenos Aires a Quito, los presidentes beneficiados por esta tendencia abrazaron una interpretación errónea de su momento histórico. Culparon a sus predecesores de haber adoptado políticas de ajuste por debilidad de principios o por desviación ideológica, en lugar de reconocer sus penurias en una era marcada por falta de recursos.
Al confrontar ellos mismos cuestionamientos sociales, los nuevos gobiernos descalificaron a sus críticos como representantes de intereses ilegítimos. Neoliberal se tornó así una categoría moral, en lugar de recordar las duras políticas adoptadas para controlar la inflación de los años ochenta y noventa. Fascista se transformó en un (des)calificativo destinado a cualquier movimiento social adverso al poder político. Oligarquía, curiosamente, terminó siendo un rótulo para los empresarios que no reciben negocios del Estado.
La expansión económica ha sostenido así un boom del progresismo intolerante. La categoría es quizás un oxímoron, pero uno que captura la clave de nuestro tiempo.
Los gobiernos que corean esta misma tonada son, en muchos aspectos, distintos: el kirchnerismo es una mutación radicalizada del peronismo renovador, muy diferente en su entramado político de la coalición cívico-militar que controla la renta petrolera venezolana. El gobierno de Rafael Correa tiene rasgos de tecnocracia ilustrada que diferencian su base social del gobierno de Evo Morales. Todos ellos, sin embargo, comparten el objetivo ?sincero, a mi entender? de promover el avance social de los sectores más postergados.
El problema es que este modelo político es profundamente monoteísta: existe una sola deidad, representada por el proyecto transformador en marcha y un solo profeta, que habita el palacio de gobierno. La democracia, sin embargo, tiende naturalmente al politeísmo. El pueblo está conformado por individuos y grupos que rara vez se ponen de acuerdo, que tienen objetivos contradictorios y que veneran liderazgos políticos cambiantes según la ocasión. La teoría política de los intereses ilegítimos, articulada en todos estos casos por los intelectuales cercanos al poder, busca disciplinar este pluralismo en nombre de una fe verdadera. Los medios de comunicación críticos son entonces sometidos a regulaciones, multas y acusaciones, hasta ser capturados por empresarios leales. Los sectores económicos que cuestionan una política fiscal arbitraria e impredecible son acusados de mentir para desestabilizar al gobierno. Y cuando las consecuencias de esta política ?inflación, falta de inversión, escasez y deterioro de la infraestructura? confirman sus temores, son acusados nuevamente de emplear maniobras especulativas para causar estos males.
Estas estrategias fortalecen al presidente, pero no consolidan la democracia; construyen poder, pero no Estado. La inversión social permite conformar mayorías electorales holgadas, pero la reducción del pluralismo no permite revertir los errores de la política económica. En la medida en que el crecimiento sostenido del gasto público no está asentado en el crecimiento sostenido de la economía, la viabilidad del proyecto transformador permanece sometida a los ciclos internacionales en los precios de las materias primas.
Al final de este proceso no parece encontrarse el ideal revolucionario de los años setenta, sino más bien la realidad económica de los años ochenta. Quizás entonces la fase superior del progresismo intolerante no sea el socialismo sino, simplemente, el regreso del neoliberalismo.
