La actividad minera crece en el país, y los conflictos, también. La importancia económica, la necesidad de un debate integral y el rol de la política.
La Argentina atraviesa los días de mayor conflicto social en torno a la cuestión minera del último tiempo. No es un hecho casual ni azaroso. Conflictos como los suscitados en Famatina, La Rioja y los que procedieron en otros ditritos, se continuarán reproduciendo en las zonas mineras del país. En otros países de la región, esta actividad económica también causa tensiones similares. Los buenos precios de los metales, la declinación de las reservas en otras regiones del mundo y una legislación permisiva han hecho que las grandes mineras pongan un ojo, y varios miles de millones de dólares, en América Latina.
La gran fuerza detrás de estos conflictos es el avance de la minería. El informe “La minería en números”, de la Secretaría de Minería de la Nación, muestra que la inversión pasó de U$S 660 a U$S 7.350 millones entre 2003 y 2008 (crecimiento de 1.014%); las exportaciones, de U$S 3.300 a U$S 12.375 millones (crecimiento de 275%) y el empleo en el sector, de 98.000 a 256.000 personas (crecimiento de 259%). La producción aumentó 292%; la exploración, 302% y la cantidad de proyectos, nada menos que 907%. El minero ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía.
En 2010 se exportaron bienes de este sector por U$S 4.500 millones y, según los expertos, este guarismo podría crecer a razón de U$S 1.000 millones, o más, por año.
Es una cuestión importante, más aún en momentos en los cuales la falta de dólares, uno de los motivos más recurrentes de las crisis económicas del país, está reapareciendo en escena. Sin esos U$S 4.500 millones, el superávit comercial estaría
más cerca del equilibrio (es decir, ni superávit ni déficit) y sin los dólares generados
(que desde noviembre deben liquidarse integramente en el Mercado Unico y Libre de Cambio ?MULC?), el país estaría más cerca de una devaluación o de verse obligado a emitir deuda. La minería es una pieza no menor de la sostenibilidad del modelo: no es un juicio valorativo, es la realidad.
Así como es de gran ayuda para el Tesoro Nacional, también lo es para las provincias.
Según un trabajo de la consultora abeceb y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el aporte de la minería a las provincia en 2010 fue de $ 1.300 millones. La provincia más dependiente de los ingresos mineros es Catamarca: 15% de sus ingresos totales provienen de la minería. San Juan, Santa Cruz y Tucumán también dependen de esos ingresos aunque en una escala mucho menor. Son todas provincias pobres, con poca capacidad recaudatoria propia y muy poco empleo privado. La minería, pues, aparece como una posible solución para ambos temas.
UN CONFLICTO NUEVO
“El conflicto socioambiental minero (?) se puede entender como el desacuerdo respecto al signo positivo o negativo de los impactos ambientales, sociales y económicos de la actividad minera y el consecuente comportamiento confrontativo de los actores involucrados. Esta controversia ubica en una tensionada interdependencia a las empresas extractivas multinacionales, organismos de gobiernos del nivel provincial y nacional y a distintas expresiones organizadas y movilizadas de la sociedad civil” , sostienen los investigadores Pablo Lumerman y Juliana Robledo. El particular conflicto social en torno a la minería se está armando. A medida que avance, se irán revelando tanto los defectos como las virtudes de la actividad. La cuestión se irá complejizando, pues se sumarán nuevos actores a la protesta y habrá otras alianzas.
Desde el año 2003, se ha producido en la Argentina un aumento en la conflictividad
social de los proyectos mineros. Todo indica que 2012 marcará un nuevo salto en el nivel de conflictividad. “¿Cómo se institucionaliza y se procesa políticamente la protesta social en estos temas?”, pregunta María Esperanza Casullo. Hasta ahora, quienes protestan por la cuestión minera han hecho lo que muchos otros actores sociales hicieron en situaciones similares: ocupar la vía pública.
Las protestas causan efectos políticos. En Famatina, por ejemplo, el proyecto de la canadiense Osisko está en pausa hasta que logre mayor aceptación social. Habrá que ver cómo sigue. En Mendoza, el gobernador Francisco “Paco” Pérez, a quien se tildó de prominero durante la campaña, dijo recientemente que la minería, por ahora, no pondrá un pie en la provincia. La propia Presidenta se hizo eco de las protestas en las últimas semanas y volvió a explicar por qué está a favor de la minería: salarios altos, desarrollo territorial y fuertes controles ambientales.
Pero la actividad minera no es, por naturaleza, impopular o “piantavotos” . Son ciclos
que van acompañando a la opinión pública. El gobernador más minero de la Argentina es el sanjuanino José Luis Gioja quien, en octubre pasado, obtuvo 68,1% de los votos. La explicación quizás sea el consenso que alcanzó la minería en el distrito. Pero cuando hay un conflicto minero (y las fuerzas de seguridad pública se dedican a reprimirlo), la ecuación es otra. ¿Cuántos votos perdió la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci por los eventos de Tinogasta? ¿El riojano Beder Herrera ganaría con el 67,1% de los votos como en mayo de 2011? .
“Conga en Cajamarca iba a ser una de las minas de oro y cobre más grandes del
mundo. Hoy es sólo el conflicto político más serio de Humala en Perú”, escribió el politólogo Mario Riorda, especialista en comunicación, en su Twitter, refiriéndose a cómo un emprendimiento minero puede pasar de ser una suerte de hito nacional a un conflicto político que redefine una gestión presidencial. Hasta ahora, eso no ha ocurrido en la Argentina. Los grupos antimineros, si bien minoritarios, son intensos y convencidos y, como bien señala el bloguero Abel Fernández (abelfer.wordpress.com), “en las sociedades modernas, anómicas e indiferentes, las minorías convencidas y motivadas juegan un rol fundamental. El desinterés de las mayorías no alcanza a servir de freno” . Por lo tanto, los efectos del actual conflicto en las provincias cordilleranas puede tener nuevos efectos.
Para la oposición, en tanto, es una oportunidad de pegarle al Gobierno por donde más
le duele: por izquierda. Esto se agrava cuando las fuerzas de seguridad provinciales recurren a un método que el kirchnerismo se enorgullece de haber dejado atrás: la criminalización de la protesta social. La represión, además de inaceptable, le da más difusión al conflicto minero y, por una cuestión empática, acerca al gran público a las posiciones antimineras. Es discutible, sin embargo, que la defensa del medioambiente sea una bandera de la izquierda si se tiene en cuenta que los países en los cuales hay conflictos de este tipo están regidos por gobiernos con claras credenciales de izquierda, como en la Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador.
Habrá que ver hasta dónde escala la cuestión minera en el país. En 2010, en Brasil, por ejemplo, la candidata Marina Silva (ex ministra de Medio Ambiente de Lula) estructuró su campaña electoral en torno a la cuestión medioambiental en presidenciales y obtuvo nada menos que 19,3% de los votos (casi 20 millones). Mientras, Dilma Rousseff hizo más hincapié en el desarrollo que en el medioambiente y superó el 55%. ¿Habrá algún candidato “medioambiental” en el país en el 2015?
Por ahora, ni los gobiernos provinciales mineros ni la Casa Rosada tienen presión política para sentarse a debatir la cuestión. A nivel provincial, los oficialismos tienen amplias mayorías legislativas y, a nivel nacional, no hay ningún espacio de envergadura que busque poner la cuestión sobre el tapete. El único diputado que hizo de la cuestión minera su pincipal (o único) clivaje político con el kirchnerismo fue Migue Bonasso y ya no está más en la Cámara Baja. Otros diputados que intentaron poner el tema sobre el tapete, como Cecilia Merchán y Fernanda Reyes, también se fueron del recinto. ¿Será el Frente Amplio Progresista, que esta semana pidió “la suspensión de las actividades de minería a cielo abierto en toda la región de la precordillera y la apertura de un debate nacional que incluya a los diversos sectores involucrados en torno a la cuestión”, el espacio que herede y mantenga vivo el debate minero en el Congreso?
Por fuera de la política, hay muchos actores que presionan para mantener la cuestión
en debate. Son aquellos a los que la Presidenta acusó de sostener posturas “dogmáticas y cerradas”. Además de la famosa Greenpeace, también está la novel Plataforma 2012. “La megaminería ha desenmascarado el relato mistificador del Gobierno”, dicen los intelectuales de Plataforma 2012. Y agregan: “En esta línea, lejos de ser “motor de desarrollo”, como argumentan sus defensores, la megaminería trasnacional refuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder global, y
profundiza las formas de desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional: expoliación económica, devastación institucional, destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y control social, cooptación científico tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del Siglo XXI, que no hacen más que remitir y actualizar la triste historia colonial del continente”.
¿QUE DEBATE?
La Presidenta dijo que el país se debe “un debate en serio” sobre esta cuestión. El politólogo Nicolás Tereschuk dice que el Gobierno argentino, así como varios de sus pares en la región, están tironeados entre “cierto ambientalismo y cierto desarrollismo”. Nicolás Gutman, también polítologo y especialista en cuestiones mineras, cree que la minería (al menos, la que existe hoy en el país) no genera desarrollo. “Bajo La Alumbrera es una mina de nivel mundial que opera hace quince años, pero el nivel de vida de Catamarca sigue siendo paupérrimo. En EE.UU., donde
hay más tradición minera, se ve claramente que todos los pueblos mineros terminaron
siendo pueblos fantasmas”, dice.
La Presidenta suele repetir que los recursos naturales serán claves en el Siglo XXI.
Gutman cree que el país no está cuidando bien los recursos mineros. “No es negocio para el país quedarse sólo con el 3% de las regalías mineras” , dice Gutman, y agrega que los organismos que controlan las actividades mineras son débiles y las prácticas de las empresas, cuestionables. Esto se agrava por la baja institucionalidad y el feudalismo de las provincias mineras. Según Gutman, el mundo se está quedando sin metales. El hecho de que las mineras deban ir a buscarlos a más de 4.000 metros de altura así lo demuestra. Esto obliga al país a pensar bien cómo y cuándo explotarlos.
“En 20 años, la tonelada de oro no va a valer U$S 2.000 como ahora sino U$S 10.000,
o más. Hay que pensar en el mediano y largo plazos. Nosotros estamos siguiendo el modelo africano, es decir, reventar todo rapidísimo”, razona.
Está claro: la minería seguirá avanzando en el país. No hay consenso social ni político,
por ahora, para impedirlo. “Hay lugares que no creo que sean muy viables, como Mendoza; otros que ya lo son, como San Juan y, por último, otros, como Salta, Jujuy, Tucumán o incluso La Rioja, donde veremos cómo sigue la cuestión” , dice Gutman.
Un verdadero debate minero debería incluir no sólo la cuestión ambiental. También
habría que preguntarse si sería conveniente financiar a una empresa nacional para hacerse cargos de esos emprendimientos (Chile tiene a Codelco y Brasil tenía a Vale, hoy una de las mineras más grandes del mundo); qué tipo de minería hacer (no todos los yacimientos son iguales); cuánto deberían tributar las empresas al Fisco provincial y cuánto al nacional; cómo podrían industrializarse algunos metales o minerales, como el litio, que tendrán creciente importancia en la frontera tecnológica y cómo podrían ser compensadas las poblaciones locales por el obvio impacto que tendrán los emprendimientos.
(De la edición impresa)
