El presidente de la Corte recurrió a metáforas, alegorías, conceptos generales y apreciaciones políticas camufladas.
Días atrás se realizó la apertura del año judicial. Como es costumbre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirigió un mensaje en un acto público. El discurso de Ricardo Lorenzetti fue de tono institucional y pareció dirigirse a distintas audiencias: la clase política, el Gobierno y el propio estamento judicial. Cabe recordar que la función de una Corte Suprema es la defensa de las garantías constitucionales, la interpretación final de la Constitución, la salvaguarda del régimen de derechos individuales, sociales y del régimen institucional de un país.
Las cortes supremas y los tribunales constitucionales son ór ganos que participan en los gobiernos de los Estados a través de su función específica de control político ejercido principalmente ?aunque no únicamente? por el control de constitucionalidad que realizan. Son los encargados de mantener el funcionamiento y el juego institucional dentro del equilibrio de poderes que emerge de las normas y valores constitucionales. Las palabras de Lorenzetti en su carácter de presidente del Alto Tribunal no pasan inadvertidos.
Su afirmación “no se puede perseguir desde el Estado al que piensa diferente”, fue interpretada como un llamado de atención al Gobierno. Los titulares de Clarín y La Nación se hicieron eco de esta perspectiva, pero el propio Lorenzetti aclaró que sus palabras se habían sacado de contexto. La referencia se vinculaba a la experiencia del último régimen militar y no a la actualidad. La aclaración de Lorenzetti no debe ponerse en duda, pero ¿por qué realizar, en la actualidad, una referencia al último régimen militar? ¿Se trató de un mensaje al Gobierno a través de una suerte de metáfora? ¿O fueron palabras que reflejaron una reacción frente a las declaraciones recientes del general Jorge Videla a una revista española?
La frase “la crítica es parte de la libertad de expresión y no debe ser censurada”, también fue interpretada como un mensaje al Gobierno. En clara referencia a la tragedia del Once, el presidente dijo: “La Constitución exige que los servicios públicos se presten en condiciones dignas y de seguridad para los usuarios”. Fue, en realidad, una crítica elíptica a todos los vinculados, directa o indirectamente, con una tragedia que se viene repitiendo de manera escalofriante y que no logra conmover la opacidad morbosa de empresarios y funcionarios que parecen esperar, cómodamente, nuevos espectácu - los de amasijos de cuerpos mutilados y calcinados. Así de simple. Así de espeluznante.
Lorenzetti volvió a insistir con la idea de gobierno abierto, que implica escuchar a los demás, no encerrarse y, sobre todo, el concepto de participación social. El gobierno abierto en el ámbito de la Justicia implica que, con mayor control, la administración de Justicia funcionará mejor. Señaló el presidente de la Corte: “Tenemos que escuchar a todos. Es mejor la inteligencia colectiva que la individual. Queremos que todos los jueces y juezas tomen en cuenta que abrir y dar participación es la mejor manera de que nos equivoquemos un poco menos”.
En relación con el poder que la Corte administra, volvió a defender y a reclamar una Justicia más cercana a las necesidades de la población y les reclamó a los jueces celeridad y rapidez para evitar la “tragedia judicial” donde las víctimas se revictimizan. El presidente de la Corte introdujo en su discurso, implícitamente, el concepto de “Justicia preventiva”. Avocó por “un modelo de Justicia que esté más cerca de los intereses de la gente, que evite que las tragedias ocurra (?) La función de la Justicia no es sólo resolver los casos, sino también prevenir las tragedias”.
Ahora bien, este tipo de Justicia preventiva que evite tragedias colectivas no va de la mano de jueces que no condenan a los funcionarios mientras lo son y que sólo se atreven con aquellos que han dejado el cargo o que les ha soltado la mano”. Nuestro sistema y gran parte de nuestros jueces no parecen responder al modelo de Justicia preventiva. Esta justicia preventiva significa controlar y actuar sobre las agencias estatales, los funcionarios y los empresarios que gestionan servicios públicos. No se trata sólo de un Poder Ejecutivo que intenta controlar a los jueces, sino también de magistrados que cumplan con su deber en vez de calcular los costos que sus acciones puedan acarrear para sus carreras judiciales.
Al día siguiente del acto de la apertura judicial Lorenzetti se expidió también sobre la posible modificación de la Constitución. Señaló que no creía “tan necesaria” la reforma de la Carta Magna, pero dijo que si se la plantea, se discutirá. En tono suave deslizó la opinión de, al menos, un sector de la Corte sobre un tema que ciertamente está en alguna de las agendas del Gobierno. Los mensajes del titular de la Corte en la apertura del año judicial, aunque no tengan por fuente ningún artículo de la Constitución, tienen cierto paralelismo con la apertura de las sesiones del Congreso y el mensaje del Presidente de la Nación, prescripto por el artículo 99, inciso 8.
En estos discursos de apertura los titulares de los poderes muestran las líneas de sus políticas que desean sean difundidas y conocidas. El Presidente de la Nación es por cierto más explicito y la bajada de línea suele ser clara en cuanto a la interpretación de lo realizado y el quehacer a realizar. El presidente de la Corte parece que debe recurrir a metáforas, alegorías, conceptos más generales y apreciaciones políticas que no lo parezcan. Sobrevuela así los perímetros de la política amparado en el paraguas protector de un supuesto derecho aséptico de cuestiones de poder.
En definitiva, el presidente de la Corte debe manejarse con el equilibrio propio de un poder más débil ?no tiene ni la espada ni la bolsa, como decía Hamilton? y que no es elegido por el pueblo. El propio Lorenzetti ha rechazado, recurrentemente, la confusión entre política y justicia criticando, por ejemplo, la llamada judicialización de la política. Esto es cuando los actores políticos y los órganos electivos recurren a la Justicia como una pieza más de sus estrategias de acción, sea para presionar al gobierno o a la oposición, para acelerar o retrasar políticas o bien enturbiar el panorama institucional. Todo ello en el marco de una disputa política, institucional y, sobre todo, mediática.
En su discurso señaló que es necesario el diálogo para que los conflictos no se conviertan en juicios. Y dijo que “no es bueno que la sociedad vea que los dirigentes se pelean y que sus problemas no se resuelven”. Cuesta no vincular estas reflexiones de Lorenzetti con el ping-pong del Gobierno Nacional y el gobierno de la ciudad respecto del traspaso de los subtes, las acciones judiciales cruzadas y, entre medio, una ciudadanía que es rehén de esta disputa. En pocos días han hablado el titular del poder Ejecutivo y el titular del órgano que es cabeza del Poder Judicial.
¿Y el Poder Legislativo? Otro titular de otro poder es el vicepresidente de la Nación, presidente del Senado. Probablemente no sea el mejor momento para que Amado Boudou brinde discursos institucionales. Tiene la ventaja de ser vicepresidente. Una figura que permite a su ocupante desaparecer y aparecer en escena, según las necesidades propias y las condiciones de la hora.
(De la edición impresa)
