Lo que hoy está en juego en la región es la tensión entre diferentes concepciones de la democracia, no la democracia.
La emergencia de gobiernos denominados genéricamente de “nueva izquierda” en América Latina ha desatado varios frentes de discusión en la ciencia política comparada. Entre los temas que más atracción han despertado se destacan cuestiones vinculadas con el personalismo, la concentración de poder y el avasallamiento institucional. El argumento implícito (no siempre documentado con evidencia empírica) en muchos análisis es que las versiones más radicales de la nueva izquierda latinoamericana (Chávez, Correa, Morales y tal vez los Kirchner) son poco democráticas o presentan rasgos autoritarios.
En esta nota sostengo una interpretación alternativa: los gobiernos mencionados constituyen proyectos políticos que, con variaciones importantes, persiguieron una agenda democratizadora que lograron transformar en políticas públicas. Es decir, existe un efecto democratizador de la nueva izquierda que se materializa en el plano de la democracia igualitaria y en el plano de la democracia participativa. Acepto que lo que aquí entiendo por “efecto democratizador” es polémico.
Veamos. ¿Con qué se asocia la democracia? Los politólogos sabemos que existen, al menos, seis variedades (o concepciones) de democracia nacidas al amparo de diferentes filosofías políticas fundacionales. Primero, la democracia electoral, noción minimalista sobre la cual se construyen el resto de las concepciones. Segundo, la democracia liberal, que agrega garantías de derechos civiles y políticos e instituciones de frenos y contrapesos. Tercero, la democracia mayoritaria, parcialmente en tensión con la liberal ya que concentra poder en manos de la mayoría. Cuarto, la democracia delegativa, que demanda al gobierno proveer justificaciones razonables por sus decisiones. Quinta, la democracia igualitaria, inspirada en la creencia de que la igualdad política es inalcanzable sin un grado importante de igualdad económica y social. Sexta, la democracia participativa, que alienta el involucramiento de los ciudadanos en diferentes estadios del proceso de toma de decisiones.
Típicamente, cuando se sostiene que estos gobiernos son “escasamente” democráticos se suele prestar mayor o únicamente atención a las concepciones liberal y delegativa de la democracia. Pero, ¿qué podemos decir de la dimensión igualitaria y participativa? En este aspecto, los gobiernos que nos ocupan han sido “ampliamente” democráticos. En primer lugar, vale recordar que América Latina fue históricamente considerada como la región más desigual del mundo, tanto en términos de distribución del ingreso como de concentración de la riqueza. Los datos del Banco Mundial muestran que en la última década la desigualdad económica en el continente decreció de forma sostenida. A nivel regional, la caída del índice Gini fue cercana a los 0,4 puntos y, en algunos países como la Argentina, fue superior a 1 punto. Esto es mucho en poco tiempo. Como también reconocen publicaciones académicas y de organismos internacionales, el retroceso de la desigualdad está relacionado con la implementación de políticas públicas inclusivas que, dependiendo de cada país, refieren a gasto público expansivo, políticas asistenciales de naturaleza más universal, generación de empleo, convenciones colectivas de trabajo, paritarias y/o salario mínimo móvil.
Estas políticas permitieron un ejercicio más igualitario de la ciudadanía y, por lo tanto, volvieron a las sociedades latinoamericanas más democráticas. Respecto de la democracia participativa y el acceso a la política, la contribución de la nueva izquierda también ha sido importante. Recordemos que, en buena parte de la región, los años noventa se caracterizaron por su naturaleza desmovilizadora con partidos políticos que no actuaban como vehículos importantes de articulación. La nueva izquierda asumió un compromiso de inclusión con movilización política de los sectores populares. Una vez más dependiendo de cada país, sindicatos, movimientos territoriales, organismos defensores de derechos humanos o asociaciones de jóvenes han sido incorporados a la coalición política de los gobiernos. Y han sido incorporados para ser movilizados, para medir relaciones de fuerza con los sectores políticos y económicos que naturalmente fueron afectados por las políticas inclusivas mencionadas antes. Igualar en términos económicos, sociales y políticos en sociedades tan desiguales como las de América Latina supone afectar intereses económicos y políticos establecidos. Es decir, la igualación plantea, por un lado, dilemas normativos de difícil resolución desde una mirada puramente liberal-democrática y, por el otro, la necesidad de construir poder para imponer decisiones de política pública que resultan incómodas para esos mismos sectores.
Estas disyuntivas no estuvieron presentes en la evolución histórica de la izquierda europea que, en términos generales, fue siempre una izquierda de actores sociales y de política social. En suma, lo que hoy está en juego es la tensión entre diferentes concepciones de la democracia, no la democracia.
Columna publicada originalmente en http://c-politica.uniandes.edu.co/home.php?numero=115&ac=inicio
