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¿El fin del sistema binominal en Chile?

16-09-2014
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(Por Natalia Del Cogliano -CONICET - UNSAM - UBA- y Mariana Prats -CONICET - UBA)

De prosperar, la reforma pondrá en jaque rasgos fundamentales del Chile conservador que parecían intocables

La democracia chilena transita un momento histórico. Con 86 votos a favor y 28 en contra, el pasado 13 de agosto la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma electoral enviado por Michelle Bachelet. Ahora es el turno del Senado, donde se espera que encuentre mayor resistencia [1].

El proyecto modifica el sistema electoral binominal por distritos vigente desde 1989 para las elecciones legislativas por otro con pretensiones de mayor proporcionalidad. En reemplazo del sistema introducido por el régimen militar de Pinochet se propone una nueva distribución de distritos y circunscripciones y un aumento del número de bancas, así como saldar otra vieja deuda: la sanción de un cupo femenino. El nuevo régimen podría entrar en vigencia para las elecciones de 2017.

EL SISTEMA BINOMINAL

El objetivo del Gobierno militar era que el binominal redujera la fragmentación del sistema de partidos y las ventajas electorales de la izquierda. ¿Cómo? La ley vigente dispone que cada partido o alianza pueda presentar un máximo de dos candidatos (senadores y diputados) por circunscripción. Con un sistema de listas abiertas, el aspirante que dentro de la lista más votada reúna la mayoría de los votos de la circunscripción, obtiene el primer escaño.

¿Pero quién se queda con el segundo escaño? El que obtiene la segunda mayoría. Luego, para que una lista se quede con ambos escaños tiene que duplicar la votación de la lista competidora más próxima. Así, el sistema establece elevados umbrales fácticos que lo vuelven muy poco proporcional, independientemente de la formal aplicación de un sistema de reparto D'Hondt. El régimen adoptó este sistema electoral consciente de que el apoyo a los partidos de la oposición rara vez podría superar los dos tercios en cualquier distrito, asegurándose, por tanto, la obtención de al menos un legislador por distrito.

En gran medida como consecuencia de los incentivos del binominalismo, desde el retorno a la democracia la política chilena ha estado dominada por dos coaliciones multipartidistas, reproduciéndose un patrón de competencia bipolar: la Concertación (hoy Nueva Mayoría, centroizquierda) y la Alianza (centroderecha), limitando la reducción efectiva de la cantidad de partidos existentes. A su interior se han ceñido los procesos de negociación de candidaturas y coordinación electoral.

LA REFORMA

Durante gran parte de su historia democrática Chile empleó un régimen electoral proporcional en distritos plurinominales que si bien daba lugar a un sistema de partidos fragmentado, no obstaculizó la negociación y una competencia con tendencia al centro. El actual proyecto establece tres grandes objetivos: retornar a una mayor proporcionalidad, reducir la desigualdad del voto, y avanzar hacia la promulgación de una cuota de género.

Uno de sus elementos centrales es el plan de redistritamiento. El mismo establece una reducción de 60 a 28 distritos para la elección de diputados, en los cuales la magnitud (escaños en juego en cada distrito) fluctuaría entre 3 y 8. Veintidós de los 28 distritos mejorarían la relación entre escaños y población [2]. Para el Senado, cada región (15) constituiría una circunscripción en sí misma con una magnitud entre 2 y 7 senadores. Así, las barreras de entrada (umbrales efectivos) se verían reducidas.

NINGUNA REFORMA CAE DEL CIELO

Inevitablemente, todo proceso de reforma electoral implica intencionalidad política. Por tanto, no debemos perder de vista que la misma está en manos de los beneficiarios de las reglas imperantes, por lo que las nuevas reglas difícilmente pongan en jaque la seguridad electoral de éstos o beneficien tanto a los pequeños. Pretenderlo sería desconocer la naturaleza misma de los cambios institucionales.

Obviamente, la derecha (actor de veto central) aceptará las modificaciones al status quo si evalúa que, al menos, no la perjudicarán de manera considerable [3].

Si bien la salida del binominal es para muchos una deuda democrática de larga data, como sostuvo Peter Siavelis su reforma podría funcionar más como una vía de escape para la coalición gobernante, ante la existencia de conflictos entre sus socios.

¿Cómo? El aumento del número de bancas podría distender las tensiones que genera el armado de listas binominales. Así es más factible que candidatos “fuertes” tengan interés en ser parte de las listas sin temor a arriesgar su carrera política al compartirlas con otros candidatos relevantes. Pero si bien en un futuro inmediato la Concertación podría beneficiarse electoralmente, también es factible suponer que en el largo plazo las mejores posibilidades de los partidos menores de izquierda más radicalizada resultarán en una fuga de votos desde la centroizquierda. Si la derecha hace este cálculo probablemente también apoye la reforma. En definitiva, la centroizquierda deberá mantenerse alerta para no caer presa de sus propias iniciativas democratizantes.

Por otra parte, un aspecto que sin duda podrá tener efectos significativos es la reglamentación, por primera vez, de una acción afirmativa para la representación parlamentaria de mujeres en un porcentaje considerablemente elevado: 40%; y el establecimiento de un mayor aporte fiscal para los partidos en función del número de mujeres que elijan.

Finalmente, entre las más interesantes críticas que se le han hecho al proyecto está la enunciada por David Altman: el aclamado redistritamiento diluye el poder relativo (en términos del poder efectivo en el Congreso) de los distritos más pobres y menos poblados, mientras que aumenta el de aquellos con mayor cantidad de votantes y riqueza. Además, con el aumento del tamaño relativo de varios distritos, los partidos chicos encontrarán mayores limitaciones financieras, dado que hacer campaña en territorios más extensos será más caro. En este orden de cosas, la creación de distritos con magnitudes entre 3 y 8 no implica necesariamente un aumento significativo de la proporcionalidad.

No obstante, en caso de prosperar, esta reforma pondrá en jaque rasgos fundamentales del Chile conservador que parecían, hasta hace poco, intocables e indiscutibles. Su relevancia no puede soslayarse porque, como dijo Altman, “en una democracia la reforma electoral es posiblemente 'la madre' de todas las reformas, ya que de ésta dependen todas las demás”.

[1] Para que el Congreso apruebe reformas a la Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios, se requiere el voto de una mayoría calificada de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio (Artículo 13 transitorio de la Constitución). Así, la Concertación (Nueva Mayoría), con el 55% de representantes (21/38), necesitará del voto de senadores de la Alianza.

[2] David Altman, 2014.

[3] En 2005 la eliminación de senadores designados y vitalicios fue aceptada por la derecha ya que la evidencia demostraba que después de Pinochet y Frei, estos cargos parecían estar reservados para la centroizquierda. Según lo dispuesto por la Constitución de 1980 los ex Presidentes de la República que hubieren desempeñado el cargo durante seis años en forma continua integrarían el Senado en carácter de “vitalicios”.

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