Por Enrique Zuleta Puceiro
El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial ha logrado finalizar en tiempo el dictamen sobre propuestas y recomendaciones, que le fuera encomendado a principios del proceso de reforma por el polémico Decreto 635/20. Si bien el texto final del informe permanece, al menos hasta el cierre de esta columna, bajo un cerrado embargo informativo, lo cierto es que la inevitable filtración de sus recomendaciones parecería haber contribuido a despresurizar un clima cargado de tensiones y suspicacias. A la hora señalada, “el informe ya fue entregado” aunque “el Presidente aun no lo ha recibido”, en un juego de espejos deformantes al que el gobierno tiene ya acostumbrada a la opinión especializada.
El Gobierno optó con prudencia por no prorrogar el plazo de los trabajos. Podría sin dudas haberlo hecho, aunque prefirió cerrar sin mayor discusión esta primera etapa, reservándose seguramente la posibilidad de ampliar la consulta, en el caso de que el trámite de la reforma volviera a descontrolarse.
Ha sido una decisión acertada que contribuye a bajar el nivel de las aguas que todavía amenazan con ahogar a la reforma. Los meses han pasado y la iniciativa sigue paralizada, luego de un ciclo de debates parlamentarios iniciales que sirvió para evidenciar niveles de rechazo muy superiores a los inicialmente previstos. El texto adelantado desautoriza la mayoría de las críticas y sospechas con que fue recibida la iniciativa y de alguna manera cierra el camino de impugnaciones mayores. Las opiniones son las previsibles y están formuladas con cuidada ambigüedad. Nada desentona, dentro de un estilo de cuidada ortodoxia, en el que parece haber primado la voluntad de autopreservación de los autores por sobre las exigencias de precisión y concreción propias de un documento de política pública del tipo que exigía la ocasión. Baste recordar los ejemplos de las Royal Comisiones anglosajonas o los paneles usuales en los procesos de drafting legislativo de la Unión Europea o en Estados Unidos.
En un contexto de polarización artificial y forzada como el que ha vuelto a instalarse en el país, pocos reconocerán al Gobierno este saludable reflejo adaptativo al cuerpo de buenas practicas legislativas. Lo importante, sin embargo, es que lo haya hecho, desdeñando la tentación a provocar reacciones.
Es por ello un paso modesto e importante en la dirección que aconsejan no solo las buenas prácticas globales, sino tambien, sobre todo, las necesidades objetivas de relegitimación social que siguen pesando sobre una reforma nacida contra corriente.
La propuesta oficial nació, en efecto, en mal momento y mal mezclada con otras reformas alternativas, inconexas y poco fundadas. La reforma irrumpió en la agenda pública de un modo abrupto, inconsulto, sin estudios previos de ninguna naturaleza y, sobre todo, sin la indispensable cobertura de estudios de impacto ex ante y ex post, extremos todos necesarios en reformas estructurales. De allí la amplitud del frente opositor y las dificultades de quienes participan de muchos objetivos para participar en un sentido más constructivo. La baja calidad de la propuesta desincentivó reacciones positivas que tienen acaso una nueva ocasión para manifestarse.
El interrogante es si este hacia adelante resultará de hecho suficiente para recuperar el terreno inicialmente perdido. La reforma planteada por el gobierno Fernandez sigue soportando objeciones que la han enfrentado con la comunidad jurídica. A nivel de opinión publica, las reservas e impugnaciones hace ya tiempo que desbordan a las adhesiones. Es algo explicable en la medida en que la opinión pública conoce de sobra la agenda de la reforma. Desde los comienzos de la transición democrática de los ´80, la reforma del sistema de justicia ha sido un tema central para todos los gobiernos. Bastó por ello que se anunciara la nueva reforma para que una larga de lista con los “conocidos de siempre” volviera a fatigar diarios, radios, canales de televisión y foros académicos de diverso tipo, amplificados por las ventajas de la virtualidad. Hablar de sistema de justicia equivale, casi automáticamente, a hablar de reforma del sistema de justicia. El juego de acciones y reacciones fue inmediato, con un balance previsible de empate paralizante.
La reforma nació inconsulta, extemporánea, parcial, auto contradictoria y sobre todo desgajada de las necesidades más acuciantes del sistema social. La justicia de la que se habla a lo largo de centenares de páginas del dictamen es solo la justicia penal y los procedimientos tratados son más bien los procesal-constitucional es, un terreno de escaso o nulo interés para cualquier ciudadano normal. Se profundiza en temas abstrusos, que poco importan más allá del debate de especialistas. Si bien una inmensa mayoría de los argentinos jamás ha pisado ni pisara la justicia penal, está claro que todos, sin excepción, viven día ya día y dependen de lo que la justicia decida en otras áreas temáticas por completo ausentes, tales como por ejemplo la justicia laboral o previsional.
La reforma proyecta, al menos en su estado actual, un cierto aire de irrealidad, que es tipo de las reformas supply-side, es decir pensada desde la oferta y no desde las demandas sociales al sistema de justicia. En este sentido, el Consejo Consultivo ha tratado de cumplir su papel de instancia de agenda setting. Es decir, de elaboración, ilustración y fijación neutral de una agenda de alternativas de reforma, puntuales, anotadas y complementadas con referencias y documentación de posiciones existentes, como base para el debate ulterior.
Este avance en la construcción de agenda es todavía modesto, aunque no faltan ideas útiles para repensar los “nudos gordianos” del sistema. El texto es así un catálogo apretado de opiniones sobre los principales ejes de debate. Pocas definiciones de fondo y si muchas remisiones que habilitan hacia el futuro inmediato una amplia tarea de rediseño legislativo. Un paso que podría haberse dado hace meses y que lo más importante es que por fin haya sido dado. Lo que falta ahora es mayor evidencia de la voluntad real del gobierno de seguir avanzando por este camino, eludiendo las trampas cazabobos del voluntarismo ideológico, sin dudas el peor componente posible en reformas que aspiran a cambiar las reglas de juego en un aspecto vital para la institucionalidad de una democracia de calidad.
